El gobierno debe rectificar el camino

En buena hora que el Gobierno retire su plan para equilibrar las finanzas públicas, que se basa de manera desproporcionada en nuevos impuestos, en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito por $1759 millones.

Es inaceptable que medidas de contención del gasto, reactivación económica y otras reformas estructurales, se hayan propuesto de manera tan tímida, con un aporte marginal en este plan de ajuste fiscal.

Esperamos que un nuevo diálogo sea la oportunidad para avanzar en estas áreas, que se reconsidere la propuesta inicial de nuevos impuestos, y se decida de una vez por todas a entrarle de manera prioritaria a temas que se estaban postergando.

Al país no le conviene nuevos impuestos por sus efectos recesivos sobre la actividad económica. Además, es temerario abrir esa posibilidad de nuevos impuestos a un Gobierno que, a pesar de recibir los recursos frescos de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, alcanzó en el 2019 el déficit fiscal más alto de las últimas cuatro décadas.

No es viable hablar de más impuestos en contra de las familias, los trabajadores y empresarios, en momentos en que se desconoce aún la magnitud de todos los daños de la pandemia sobre la inversión, el desempleo, la pobreza, el cierre de negocios y los encadenamientos productivos entre sectores y con mercados internacionales.

Si se vislumbra una caída del PIB de 5% para este año y un desempleo que ya rebasa el 24%, ¿qué sentido tiene poner impuestos nuevos? Estos llevarían a que se pospongan proyectos de inversión y se debilite aún más el consumo y la generación de empleos. De ahí que, nada garantiza que este paquete de impuestos que anuncia el Gobierno, altamente regresivo, aumente la recaudación que requiere para lograr su objetivo de superávit fiscal en el 2024.

Por eso, la fracción de la Unidad propuso desde hace dos años trabajar en una agenda vigorosa de reactivación, que genere ingresos sanos en el corto plazo que ayuden a cerrar la brecha fiscal y a detener el acelerado crecimiento de la deuda. Hemos presentado proyectos de ley en esa dirección, que pueden ser parte de un acuerdo político amplio para afrontar esta crisis de una manera diferente a la que plantea el Gobierno.

Al mismo tiempo, se debe impulsar reformas para hacer una verdadera contención del gasto, así como para elevar la eficiencia de aquellas instituciones que brindan servicios estratégicos y desarrollan obras necesarias para reducir los costos de producción de las empresas. Las otras instituciones que solo representan una carga se tendrán que cerrar, reestructurar o fusionar para eliminar duplicidades y hacer un uso eficiente de los fondos públicos.

En materia de Empleo Público urge un esquema uniforme de remuneraciones, sin el excesivo costo que representan los pluses salariales ni con las disparidades entre entidades del mismo sector público. Sin embargo, el proyecto del Gobierno no termina de convencer ni se ha impulsado con decisión.

En cuanto a la venta de activos, debemos considerar aquellos que sin afectar los servicios públicos esenciales, ayuden a reducir de manera significativa la deuda. El pago de intereses y amortizaciones consumirá para el 2021 el 13,5% del PIB, que equivale a 24 veces el valor de los activos que propone vender el Gobierno, entre esos BICSA y FANAL. No tiene sentido aferrarse a activos del Estado, si por otro lado estamos dilapidando sumas exageradas de dinero en atender la deuda, que podrían destinarse a programas económicos y sociales de mayor impacto para la población.

Debo reiterar que el Gobierno propone acciones débiles en venta de activos, reformas estructurales y contención del gasto, siendo lo más relevante para el objetivo de ajuste fiscal lo que se debe hacer por mandato de la regla fiscal vigente. Los nuevos impuestos soportarían la mayor parte del ajuste fiscal, aumentando la recaudación en cinco puntos porcentuales del PIB a partir del 2021, contrario a los objetivos de un mayor crecimiento económico.

Lo más grave es que, a menos de dos años de la aprobación del Plan Fiscal (Ley 9635), se propone otro de igual alcance mediante modificaciones en impuestos de renta, renta global y bienes inmuebles, que elevan de manera permanente la carga tributaria del país en 1,38% del PIB.

Costa Rica saldrá adelante si logramos más producción, empleos y riqueza para todos, generando las condiciones para un periodo prolongado de bonanza económica, que fortalezca las finanzas de un Estado cada vez más eficiente, como se logró en la última administración socialcristiana. Debemos unirnos para alcanzar, de una vez por todas, las verdaderas soluciones que requiere el país. Aprobar nuevos impuestos no es el camino correcto. En hora buena que el Gobierno abra un nuevo espacio para retomar la agenda que requiere el país de una vez por todas.

Diputado Rodolfo Peña Flores

Jefe de fracción de la Unidad

Rodolfo.pena@asamblea.go.cr