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Miércoles 15 Octubre, 2014

Considero necesaria la creación mediante ley de un Viceministerio de Derechos Humanos


Doble discurso en derechos humanos

La actual administración levantó desde la pasada campaña electoral la bandera por los derechos humanos como una de sus prioridades; sin embargo, somos testigos de un doble discurso que poco colabora al avance efectivo en esta materia, pues el ámbito de los derechos humanos es tierra fértil para las declaraciones políticas y las grandes promesas sin mayor contenido.
Mientras en el plano internacional se promociona la candidatura de Costa Rica al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y se impulsan las candidaturas de las señoras Elizabeth Odio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Catalina Devandas, como primera Relatora Especial para los Derechos Humanos de las personas con discapacidad; en el plano interno vemos declaraciones de buenas intenciones y acciones descoordinadas que reflejan una evidente falta de Hoja de Ruta para el abordaje de estos temas impostergables.
Costa Rica requiere avanzar a paso firme en cuanto al compromiso que adquirimos como nación respetuosa y promotora de los derechos humanos, evitando penosos episodios de descoordinación y atraso como los que se presentan para el acatamiento pleno y efectivo de las disposiciones de la Corte Interamericana en el caso de la fecundación in vitro. Pero además, debe brindar apoyo traducido en políticas públicas para sectores que reclaman válidamente la voluntad política de las autoridades, como son las poblaciones indígenas, la población afrocostarricense, la niñez y la adolescencia, la población migrante, la diversidad sexual y la población privada de libertad, por citar solamente algunos sectores.
De tal manera, considero necesaria la creación mediante ley de un Viceministerio de Derechos Humanos, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, que brinde seguimiento a los instrumentos jurídicos internacionales que generan responsabilidad al Estado costarricense y a la vez, coordine esfuerzos para que la normativa nacional así como la práctica institucional, se apeguen a los compromisos que como Estado hemos adquirido a lo largo de los años.
Además, esta nueva institución tendría como objetivo el trabajo conjunto con la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Defensoría de los Habitantes y el Poder Judicial.
Una institución de esta naturaleza tendría como tarea también promover el diseño de políticas públicas en los siguientes ámbitos: 1) Armonización de nuestra legislación con instrumentos internacionales. 2) Claridad sobre los mecanismos internos para el cumplimiento de obligaciones internacionales, evitando ambigüedad o dispersión de información. 3) Elaboración de acciones específicas para la implicación de todos los Poderes del Estado, en cuanto a procesos de reparación integral. 4) Seguimiento sobre casos pendientes, para evitar la exclusión de sectores. 5) Elaborar un mecanismo de cumplimiento de alto nivel, con poder de coordinación. 6) Asignación de presupuestos específicos para la promoción y protección de los derechos humanos, como por ejemplo capacitaciones permanentes a funcionarios públicos.
A fin de cuentas, lo relevante es que de manera integral se alcance el principio de no discriminación, así como la igualdad y el respeto de las garantías básicas que requiere cualquier ser humano.

Tonatiuh Solano Herrera

Magíster en estudios internacionales
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