División de poderes

Es trascendental para la democracia y su funcionamiento que exista una división y especialización de poderes. Es fundamental un poder administrador, un poder legislador y un poder judicial. No debe de haber en el gobierno del país uno de estos poderes que se superponga a los otros y que haga que los demás obedezcan su voluntad. En democracia mandan los tres poderes en conjunto, bajo la ley y la constitución.

Las elecciones nos permiten escoger una cabeza del poder administrador que va a tener el privilegio de ejercer un liderazgo en el país para buscar darle a éste una orientación y un sentido diferente al que cualquier otro le habría dado. Esta elección no es la de una figura suprema que controle los tres poderes de la república y haga lo que desee sin limitaciones. Los problemas de funcionamiento del Poder Judicial deben de ser atendidos y resueltos, no sólo criticados. La iniciativa puede partir del poder administrador, las soluciones pueden ser objeto de leyes dictadas en el poder legislador y la implementación de esas leyes recaerá sobre el Poder Judicial. Así tres poderes actuarán siempre como un equipo y no permitirán en su actuar que uno de los poderes se superponga a los demás.

No eligen los ciudadanos un dictador, eligen un líder nacional que logre hacer actuar tres poderes diferentes como un equipo. ¿Pueden no estar de acuerdo estos poderes respecto de la iniciativa del presidente de la república? Por supuesto que sí y la búsqueda de ese acuerdo no es la imposición sino el diálogo y la negociación. No se agrede nunca a quien se solicitará su acuerdo. Democracia es acuerdo y el acuerdo es fruto del diálogo y de la negociación entre las partes.

¿Es sano para el país que nadie mande? ¿No sería mejor que quien es electo pueda lograr sus deseos sin acuerdo ni negociación? Lo sano es que el presidente – sin ser dictador- conduzca mediante la negociación al país hacia sus objetivos. Lo sano es que no exista confrontación, imposición o arbitrariedad. Lo correcto es que en el seno de la Asamblea Legislativa se dialogue y se acuerde lo mejor para el país. La Asamblea no tiene solo representación de las mayorías sino de las minorías y allí reside una de las mayores virtudes del parlamentarismo, de la división de poderes y de la democracia. Las decisiones deben de ser alcanzadas por una mayoría, pero siempre las minorías deben de ser consultadas y oídas.

Ya hemos tenido situaciones en las que el poder administrador trata y busca que su voluntad sea impuesta a los otros dos poderes. Ya hemos observado que para lograr esa imposición se busque desacreditar a quienes logran el equilibrio legal en la república. Hemos observado en profunda desazón la descalificación y el insulto sin proponer solución alguna al entuerto. ¿Desean los costarricenses limitar el tiempo de ejercicio en sus funciones a jueces y magistrados del país? ¿Si debemos elegir a los mejores será posible estar cambiando a los mismos en sus funciones en plazos cortos? De nuevo la búsqueda de un equilibrio resulta ser la piedra angular de nuestro edificio legal.

¿Deseamos modificar el reglamento legislativo para que la Asamblea Legislativa sea más rápida en su actuar y menos controladora y menos vigilante del actuar político de las mayorías? ¿Hemos medido las consecuencias de disminuir el control político de la Asamblea? Es menester tener claro el espíritu político de la Asamblea Legislativa. Es menester saber con claridad que las minorías deben de cumplir su función y deben hacerse escuchar, pero nunca deben de poder evitar la aprobación mayoritaria de las leyes. Las minorías no deben de tener poder de veto sobre las decisiones de las mayorías. Una vez más se debe de buscar un equilibrio.

Si la democracia va a sobrevivir en el mundo, esta debe de ser efectiva y pronta en ofrecer resultados a los administrados del sistema. Una democracia que no rinda frutos prontos y valederos adolece de las mismas limitaciones que un poder judicial que no pueda lograr justicia pronta y cumplida. El fundamental equilibrio debe ser alcanzado y lograrlo no depende del insulto, la descalificación o el descrédito, sino que depende de la persuasión, el diálogo y la negociación política, así como del liderazgo de las diferentes partes.