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Jueves 11 Agosto, 2011


Dos temas que considero cruciales y que debemos atender con cautela y urgencia son la ingobernabilidad y la seguridad jurídica

Debemos atender la ingobernabilidad y la seguridad jurídica
(Fragmentos del discurso pronunciado en el 130 aniversario del Colegio de Abogados)

El Colegio de Abogados ha sido, durante más de un siglo, protagonista en la construcción del Estado costarricense.
Este aniversario puede servirnos para muchas cosas. Para ver el pasado y repasar los errores cometidos; para otear el horizonte y planear las sendas del futuro; o para reflexionar hacia dónde va el país, y cómo puede el Colegio de Abogados y sus agremiados colaborar en la rectificación de su rumbo. Sobre esta última tarea es que quiero que conversemos en esta oportunidad.
Quizás en ningún otro colegio profesional, como en este, puede sentirse con tanta fuerza el pulso de la Costa Rica del siglo XXI. De esa Costa Rica que demanda más bienes y servicios, más competitividad, más y mejores empleos, más y mejores leyes, justicia pronta y cumplida, más seguridad ciudadana para vivir en paz, y más seguridad jurídica para trabajar e invertir.
Hoy he venido como ciudadano a hablarles de dos temas que considero cruciales y que creo que debemos atender con la mayor cautela y urgencia: la ingobernabilidad y la seguridad jurídica. Puede que algunos estén de acuerdo con mis opiniones y que otros no las compartan. A fin de cuentas, discrepar es parte de la vida en democracia.
Empecemos por la ingobernabilidad. Los gobiernos son tan imperfectos como los seres que los componen, y por lo tanto necesitan vigilancia y control. Es claro que el Estado es indispensable, pues sigue siendo el mejor y más legítimo medio para alcanzar los grandes sueños de la humanidad, particularmente el Estado democrático. Pero necesita ser perfeccionado y repensado conforme con las exigencias de los tiempos. Necesita modernizarse. Si hemos de dar respuesta a las demandas siempre crecientes de la ciudadanía, es indispensable que existan instituciones que puedan canalizar esas demandas, pero sobre todo que puedan propiciar los cambios necesarios para atender esas demandas. Ahí es donde estamos fallando: no basta con tener instituciones democráticas, necesitamos también que operen rápida y eficientemente.
Para nadie es un secreto que la nuestra es una democracia disfuncional. Que nuestro sistema democrático de toma de decisiones está enfermo. Una democracia es disfuncional allí donde el gobernante, del partido político que sea, está imposibilitado para ejecutar la voluntad de la mayoría. La proliferación de obstáculos a la labor presidencial, el adversar las políticas públicas simplemente porque vienen del gobierno, la exigencia al Presidente de la República de un acto de contrición cada vez que se le piden explicaciones, la crítica a toda costa por parte de la oposición política y de algunos grupos de presión, son actitudes antidemocráticas que en lugar de hacernos más libres y más democráticos, nos hacen más ingobernables.
En mi opinión, el maniqueísmo político en que hemos caído y la cantidad innumerable de controles y regulaciones que entorpecen la labor del gobierno, nos tienen donde estamos ahora: envueltos en una guerra inútil de acusaciones, paralizados por el miedo a que tomar decisiones nos depare nuevos enemigos, y debatiendo sobre todo menos sobre el desarrollo y la competitividad del país.
La democracia significa, sin duda alguna, escrutinio público. Quien asume el poder, o lo ha dejado, debe estar consciente de esto. Lo que no se puede aceptar es que ese escrutinio sea llevado hasta el punto de manchar, sin prueba alguna, el buen nombre de una persona. Nos hemos sumido en una lógica perversa, conforme con la cual primero se dicta sentencia y después se leen los cargos; primero se tira la piedra y después se comprueba si la persona tenía, en efecto, alguna culpa que mereciera castigo.
Los costarricenses me han escuchado decir, durante 40 años, que la honestidad no es una virtud, sino una obligación. La honestidad, uno de los valores más escasos en nuestros días, debe llevarnos a esperar de la Administración solo lo que es racional esperar de ella, y sobre todo a reconocer sus logros al mismo tiempo que sus defectos.
El Estado costarricense tiene definidas las funciones de cada institución. Las labores investigativas las realizan primordialmente la Contraloría, la Procuraduría, el Ministerio Público y el OIJ. Cada vez que nuestros diputados crean una comisión para investigar hechos que otras instituciones están investigando o ya han investigado, desvirtúan el propósito fundamental de su cargo, primero porque descuidan la responsabilidad que les ha sido delegada y, segundo, porque despilfarran tiempo y dinero que nos cuesta muy caro a los costarricenses.
Las instancias de control tienen un gran papel que asumir en este escenario, porque son ellas las responsables de investigar y señalar las imperfecciones en la función pública, pero teniendo siempre el cuidado de no arruinar la cosecha por arrancar la hierba mala, de no traicionar los ideales en su afán por protegerlos. Teniendo siempre el cuidado de distinguir entre quienes ocupan temporalmente las instituciones, y las instituciones que permanecen en el tiempo. Este es quizás el más delicado de los balances que se debe encontrar, la línea que existe entre el ejercicio del control y el ataque; entre cuestionar a las instituciones públicas y restarles legitimidad.
El segundo tema del que quería hablarles: la necesidad de mejorar nuestros índices de seguridad jurídica. Si aspiramos a construir una nación más rica, el país necesita crecer económicamente a tasas mayores a las actuales.
Para crecer económicamente, debemos empezar por agilizar nuestra Asamblea Legislativa. Es urgente que se reforme el Reglamento Legislativo, fijando plazos perentorios para la aprobación de leyes y dándole al Poder Ejecutivo una mayor participación en la elaboración de la agenda legislativa.
Necesitamos también continuar atrayendo inversión extranjera y simplificando los trámites administrativos, particularmente aquellos para instalar una empresa en el país.
El país también ocupa la posición 129 en cuanto a la rapidez para obtener y hacer valer una resolución judicial definitiva con respecto a una controversia sobre un negocio. En total, hay que esperar 852 días para ejecutar una resolución de un tribunal, con costos legales cercanos al 25% del reclamo. Esto no es ningún blasón de honor.
De nuestra madurez, y de nuestra amplitud de miras, dependerá que tengamos éxito en obtener resultados tangibles para la población.
Mientras no cambiemos de actitud y mientras no hagamos un esfuerzo aún mayor por hacer crecer el ingreso de nuestros ciudadanos, las instituciones democráticas de nuestro país seguirán estando en deuda con la población; seguirán cumpliendo únicamente con la mitad de su tarea.

Oscar Arias Sánchez
Expresidente de la República