Costa Rica vota bajo coerción sobre "comercio libre"
| Viernes 05 octubre, 2007
Costa Rica vota bajo coerción sobre “comercio libre”
Nunca antes un país ha tenido un referéndum nacional sobre la aprobación de un tratado de “libre comercio” (TLC) —lo cual no sorprende ya que la mayoría de estos acuerdos comerciales no serían aprobados por la ciudadanía. Bill Clinton ni siquiera pudo lograr que una mayoría de su propio partido en el Congreso votara a favor del TLC de América del Norte (o Nafta, por sus siglas en inglés) en 1993, y desde entonces, todo ha ido cuesta abajo para este tipo de acuerdos.
Así que Costa Rica —el país más próspero y democrático de la región— sentará un precedente este domingo con su referéndum sobre el TLC entre Centroamérica y Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en inglés), el cual fue negociado en 2004.
Los costarricenses quizás tendrán que estar atentos ante una repetición de las elecciones presidenciales el año pasado, cuando el actual presidente Oscar Arias obtuvo una cerrada victoria (del 1,1%) ante su opositor, el candidato progresista Ottón Solís que, en su campaña, criticaba al Cafta. En dicha campaña, encuestas erróneas publicadas por los medios mostraban a Arias con una amplia ventaja de entre 11 y 19 puntos porcentuales. Esto motivó a que se diera un nivel de abstencionismo récord el día de la votación. Costa Rica bien podría tener otro presidente, y una política comercial diferente, si no hubiera sido por el impacto de estas falsas encuestas.
Un vergonzoso memorando en altos niveles del gobierno se filtró a los medios hace unas semanas. Este memorando, según la descripción del diario estadounidense Los Angeles Times, “delineaba una campaña de trucos sucios con la intención de influenciar a los votantes”. Esta campaña incluía advertir a los alcaldes que sus ciudades “no recibirían un solo centavo del gobierno durante los próximos tres años” si no lograban una mayoría de votos a favor del Cafta. En las propias palabras del memorando, el gobierno también necesitaba “estimular miedo” entre los votantes, incluyendo el “miedo de perder empleos”.
El gobierno de Bush se unió a la campaña de “estimular miedo” cuando el embajador estadounidense en Costa Rica amenazó al país con la posibilidad de perder parte del actual acceso que el país tiene al mercado estadounidense si los votantes rechazaban el Cafta. Esto motivó a la congresista estadounidense, Linda Sánchez, a recordarle a la jefa del embajador, la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, que una interferencia como esa en la política electoral costarricense constituye una violación de las leyes estadounidenses, costarricenses e internacionales. El líder de las mayorías en el Congreso bicameral estadounidense, Harry Reid y Nancy Pelosi, también reaccionaron con una carta en la que claramente afirman que el acceso de Costa Rica al mercado estadounidense bajo el marco de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) no está condicionado a la aprobación de ningún acuerdo comercial.
De hecho, las amenazas por parte del gobierno estadounidense, y que repiten los partidarios del Cafta en Costa Rica, son falsas. Solamente una pequeña parte de las preferencias comerciales que recibe Costa Rica tendrán que ser renovadas por el Congreso el próximo año. Es políticamente inconcebible que una mayoría demócrata en el Congreso estadounidense —partido que votó en contra del Cafta cuando fue aprobado en este país— quiera castigar a Costa Rica porque sus votantes también rechazaron ese mismo acuerdo.
A pesar de la intimidación, los costarricenses lograron concentrar una cantidad récord de 100 mil personas (que equivaldrían a 7 millones en Estados Unidos) en las calles el pasado fin de semana a favor del “no”. Estas personas tienen buenas razones para rechazar el Cafta: no desean la eliminación de su campesinado con la entrada de granos y otros productos agrícolas subsidiados desde Estados Unidos. También tienen un fuerte movimiento ambientalista que se opone vehementemente a las provisiones del Cafta —al igual que en el Nafta— que otorgarían a las corporaciones nuevos derechos legales a desafiar leyes ambientales. Además, el crecimiento económico de México después del Nafta —cerca de un tercio de lo que fue previo a 1980— no es nada inspirante.
Claro que “comercio libre” es una frase publicitaria y no una descripción real de la política comercial verdadera sujeta a votación este domingo. Estos acuerdos comerciales —incluido el Cafta— incrementan algunas de las más costosas barreras al comercio internacional (como en el caso de los farmacéuticos) mientras que reducen otras (por ejemplo, a exportaciones agrícolas subsidiadas en Estados Unidos).
El voto a favor del “no” en Costa Rica sería otro golpe para la política de comercio exterior del gobierno de Bush, que ha sufrido ya numerosas derrotas; incluyendo el colapso de su propuesta sobre un Acuerdo de Libre Comercio de las Américas”, las negociaciones paralizadas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la pérdida por parte de la administración de su autoridad para negociar nuevos acuerdos por “la vía rápida” (fast track), la que no requiere muchas opiniones o comentario por el Congreso.
Costa Rica es uno de los países más ricos en América Latina y posee una democracia bastante desarrollada, la que será sometida a una nueva prueba con este referéndum.
Mark Weisbrot
Economista y codirector del Centro de Investigación Económica y de Políticas (Center for Economic and Policy Research-CEPR) en Washington, D.C. (www.cepr.net)
Nunca antes un país ha tenido un referéndum nacional sobre la aprobación de un tratado de “libre comercio” (TLC) —lo cual no sorprende ya que la mayoría de estos acuerdos comerciales no serían aprobados por la ciudadanía. Bill Clinton ni siquiera pudo lograr que una mayoría de su propio partido en el Congreso votara a favor del TLC de América del Norte (o Nafta, por sus siglas en inglés) en 1993, y desde entonces, todo ha ido cuesta abajo para este tipo de acuerdos.
Así que Costa Rica —el país más próspero y democrático de la región— sentará un precedente este domingo con su referéndum sobre el TLC entre Centroamérica y Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en inglés), el cual fue negociado en 2004.
Los costarricenses quizás tendrán que estar atentos ante una repetición de las elecciones presidenciales el año pasado, cuando el actual presidente Oscar Arias obtuvo una cerrada victoria (del 1,1%) ante su opositor, el candidato progresista Ottón Solís que, en su campaña, criticaba al Cafta. En dicha campaña, encuestas erróneas publicadas por los medios mostraban a Arias con una amplia ventaja de entre 11 y 19 puntos porcentuales. Esto motivó a que se diera un nivel de abstencionismo récord el día de la votación. Costa Rica bien podría tener otro presidente, y una política comercial diferente, si no hubiera sido por el impacto de estas falsas encuestas.
Un vergonzoso memorando en altos niveles del gobierno se filtró a los medios hace unas semanas. Este memorando, según la descripción del diario estadounidense Los Angeles Times, “delineaba una campaña de trucos sucios con la intención de influenciar a los votantes”. Esta campaña incluía advertir a los alcaldes que sus ciudades “no recibirían un solo centavo del gobierno durante los próximos tres años” si no lograban una mayoría de votos a favor del Cafta. En las propias palabras del memorando, el gobierno también necesitaba “estimular miedo” entre los votantes, incluyendo el “miedo de perder empleos”.
El gobierno de Bush se unió a la campaña de “estimular miedo” cuando el embajador estadounidense en Costa Rica amenazó al país con la posibilidad de perder parte del actual acceso que el país tiene al mercado estadounidense si los votantes rechazaban el Cafta. Esto motivó a la congresista estadounidense, Linda Sánchez, a recordarle a la jefa del embajador, la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, que una interferencia como esa en la política electoral costarricense constituye una violación de las leyes estadounidenses, costarricenses e internacionales. El líder de las mayorías en el Congreso bicameral estadounidense, Harry Reid y Nancy Pelosi, también reaccionaron con una carta en la que claramente afirman que el acceso de Costa Rica al mercado estadounidense bajo el marco de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) no está condicionado a la aprobación de ningún acuerdo comercial.
De hecho, las amenazas por parte del gobierno estadounidense, y que repiten los partidarios del Cafta en Costa Rica, son falsas. Solamente una pequeña parte de las preferencias comerciales que recibe Costa Rica tendrán que ser renovadas por el Congreso el próximo año. Es políticamente inconcebible que una mayoría demócrata en el Congreso estadounidense —partido que votó en contra del Cafta cuando fue aprobado en este país— quiera castigar a Costa Rica porque sus votantes también rechazaron ese mismo acuerdo.
A pesar de la intimidación, los costarricenses lograron concentrar una cantidad récord de 100 mil personas (que equivaldrían a 7 millones en Estados Unidos) en las calles el pasado fin de semana a favor del “no”. Estas personas tienen buenas razones para rechazar el Cafta: no desean la eliminación de su campesinado con la entrada de granos y otros productos agrícolas subsidiados desde Estados Unidos. También tienen un fuerte movimiento ambientalista que se opone vehementemente a las provisiones del Cafta —al igual que en el Nafta— que otorgarían a las corporaciones nuevos derechos legales a desafiar leyes ambientales. Además, el crecimiento económico de México después del Nafta —cerca de un tercio de lo que fue previo a 1980— no es nada inspirante.
Claro que “comercio libre” es una frase publicitaria y no una descripción real de la política comercial verdadera sujeta a votación este domingo. Estos acuerdos comerciales —incluido el Cafta— incrementan algunas de las más costosas barreras al comercio internacional (como en el caso de los farmacéuticos) mientras que reducen otras (por ejemplo, a exportaciones agrícolas subsidiadas en Estados Unidos).
El voto a favor del “no” en Costa Rica sería otro golpe para la política de comercio exterior del gobierno de Bush, que ha sufrido ya numerosas derrotas; incluyendo el colapso de su propuesta sobre un Acuerdo de Libre Comercio de las Américas”, las negociaciones paralizadas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la pérdida por parte de la administración de su autoridad para negociar nuevos acuerdos por “la vía rápida” (fast track), la que no requiere muchas opiniones o comentario por el Congreso.
Costa Rica es uno de los países más ricos en América Latina y posee una democracia bastante desarrollada, la que será sometida a una nueva prueba con este referéndum.
Mark Weisbrot
Economista y codirector del Centro de Investigación Económica y de Políticas (Center for Economic and Policy Research-CEPR) en Washington, D.C. (www.cepr.net)