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Con el objetivo de preservar el acceso libre de impuestos de los productos ticos al mercado de Estados Unidos, el gobierno de Laura Fernández y varias cámaras empresariales del país negaron que en Costa Rica se aplique el “trabajo forzoso”.
La aclaración fue hecha ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), que analiza el establecimiento de aranceles para nuestro país.
La medida, anunciada a inicios de junio, incluye también a otras 59 economías, como México, Argentina, Israel, Ecuador, El Salvador, Canadá, República Dominicana y el bloque comercial de la Unión Europea.
El verdadero objetivo de la administración de Donald Trump es lograr una balanza comercial favorable para su país, con el objetivo de preservar empleos en suelo norteamericano.
En total, las naciones citadas por la USTR representan el 99% de las importaciones de bienes que realiza Estados Unidos y la medida se da luego de que la Corte Suprema rechazara los aranceles de 15% que impuso el gobierno para la gran mayoría de países.
La posición de Costa Rica fue elaborada en coordinación con el sector privado, como parte de un esfuerzo conjunto para defender los intereses comerciales del país.
“Costa Rica no busca reemplazar la producción estadounidense, sino reforzarla mediante cadenas de suministro regionales más seguras, diversificadas y competitivas”, señaló Indiana Trejos, ministra de Comercio Exterior.
La jerarca aseveró que los productos ticos forman parte de cadenas integradas que contribuyen a fortalecer la seguridad, la diversificación y la competitividad y, por ello, no buscan desplazar la producción estadounidense.
En caso de que los argumentos de Costa Rica no sean bien recibidos, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos podría establecer aranceles a las exportaciones costarricenses. Los aranceles son impuestos que buscan proteger a sectores privilegiados de una economía.
