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Costa Rica establece estándar de registro de agroquímicos de la OCDE

Jeffry Garza jeffrygarza.asesor@larepublica.net | Jueves 28 enero, 2021 10:44 am

lupa observando una cosecha
Imagen con fines ilustrativos. Shutterstock/La República


Costa Rica estableció un sistema más ágil para el registro de agroquímicos, apegado a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El nuevo reglamento pretende reducir los plazos de registro a 44 días hábiles a partir de la presentación completa y correcta de los requisitos, aunque el tiempo de respuesta puede variar si se consideran aclaraciones de las empresas y la revisión correspondiente de parte de los ministerios involucrados.

En síntesis, el reglamento señala que el Ingrediente Activo Grado Técnico (IAGT) que se pretenda inscribir, deberá previamente haber sido registrado o autorizado por la autoridad reguladora de un país miembro de la OCDE o de una nación adherente al sistema de aceptación mutua de datos de OCDE.

En ese contexto, el ingrediente a registrar debe provenir del mismo fabricante y tener la misma concentración mínima y origen que el IAGT aprobado por otra nación autorizada.

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El propósito es que los productores agrícolas tengan acceso a nuevas alternativas en el control de plagas, al tiempo que se desincentive el uso de plaguicidas obsoletos o prohibidos a nivel mundial o altamente peligrosos a la luz del desarrollo científico y tecnológico, explicó Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería.

Asimismo, el reglamento no cubre otros ingredientes activos previamente registrados en Costa Rica bajo otros estándares.

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Bajo la firma del decreto también existe un compromiso del Gobierno en la parte ambiental, ya que no supondría cambios en los controles de toxicidad para el registro de los productos agrícolas.

Por otra parte, pese a que el decreto permite una homologación con el registro de agroquímicos de otros países que ya han realizado los estudios toxicológicos respectivos, tiene vacíos importantes en la protección del ambiente y la seguridad alimentaria, según Henry Picado, miembro de la Federación Ecologista.

“El proyecto no plantea prohibir los agroquímicos que están restringidos en otros lugares por ser justamente peligrosos, cancerígenos o incluso descontinuados “, explicó.


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