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Miércoles, 25 de noviembre de 2020



COLUMNISTAS


Costa Rica, COVID-19 y países pobres

Miguel Angel Rodríguez [email protected] | Lunes 08 junio, 2020


El COVID-19 como pandemia imparable pasará. Pero sus efectos quedarán. Un legado de muerte y dolor para muchas familias, de empobrecimiento económico, de confrontaciones sociales por la desigual pérdida de recursos entre los hogares, de afectación a la institucionalidad democrática y a las instituciones internacionales.

En Costa Rica los resultados sanitarios han sido excelente gracias a la buena conducción de nuestros servicios de salud. Esos servicios de salud fueron construidos gradual y previsoramente desde hace muchas décadas, y fortalecidos por la reforma ejecutada por tres gobiernos consecutivos en la última década del siglo pasado. Quiera Dios que así continuemos y que nunca se sobrepase la capacidad resolutiva de médicos y otros servidores de la medicina, de los equipos para su protección y de respiradores y unidades de cuidados intensivos.

Otro es el cantar en los campos económico y social.

La pandemia nos atacó en muy mal momento por la falta de acción -por muchos años- para enfrentar adecuadamente los desequilibrios fiscales, el pobre crecimiento económico, y el alto y creciente nivel del desempleo y la informalidad. La necesaria Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas llegó muy tarde, sus resultados solo se darían gradualmente, y su ejecución mostró debilidades.

En estos primeros meses del ataque del virus SARS-CoV-2 fue necesario -como se ha hecho- dar prioridad a los gastos y a las acciones de confinamiento social para enfrentar la enfermedad aún a costa de la producción; generar los recursos y hacerlos llegar a las personas cuyas necesidades básicas no pudieran ser satisfechas por pérdidas de sus empleos o sus actividades por cuenta propia; y asegurar los recursos financieros para resolver el faltante fiscal.

En este último campo se procedió adecuadamente a obtener de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) los créditos requeridos. Se procedió bien porque se actuó temprano, y se obtuvo los recursos con relativa facilidad, lo que afirmo sin menospreciar la capacidad negociadora de don Rodrigo Cubero y don Rodrigo Chaves con sus exitosas carreras en el FMI y en el BM y el apoyo valioso de doña Edna Camacho en el BID. La relativa facilidad radica en la situación de emergencia desencadenada por COVIT-19, en ser los primeros fondos que el país solicita a las IFIs por esta circunstancia, y en que al hacerlo temprano todavía no se debía competir con las solicitudes de todas las naciones que ya lo están haciendo.

Pero la situación no será tan favorable en el futuro.

Por una parte, no somos una de las naciones pobres del mundo. Según la clasificación del BM somos el país 72 en la escala de Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita de un total de 190 naciones. El INB per cápita nuestro para esa clasificación fue de $11.520, lo que nos ubica en el grupo de ingreso mediano alto, y somos de los que están mejor en este grupo pues solo hay 2 con ingresos mayores. Hay 78 naciones con INB per cápita menores a $3.995, o sea menores a casi una tercera parte del nuestro.

El Banco Mundial estima que por la pandemia la proporción de personas que viven con menos de $3,20 al día podría aumentar entre 0,3 y 1,7 puntos porcentuales, hasta llegar al 23 % o más, un incremento de unos 40 millones a 150 millones de personas. Ese grupo poblacional tiene ingresos inferiores en más de una quinta parte al del quintil más pobre de nuestro país.

Además, estos países más pobres sufrirán más por la pandemia pues se reducirán sus niveles de ingreso que ya en muchos casos son de subsistencia y agravarán considerablemente la proporción de personas que en ellos sufre hambre. La disminución de ingresos y las políticas de confinamiento se estima que impedirán programas de salud como la vacunación de niños con graves resultados en enfermedad y muerte.

En esas condiciones los países desarrollados y las IFIs darán prioridad a la ayuda para esas naciones, no solo por razones morales y de justicia, sino también por egoísta interés propio en contener la propagación de enfermedades, mitigar los costos ambientales y reducir la inmigración forzada por la desesperación.

Pero además somos una economía pequeña y nuestros problemas financieros no tienen mayor impacto en la economía mundial.

En la crisis de los años ochenta del siglo pasado esas dos condiciones de ingresos medios y pequeñez actuó a nuestro favor para enfrentar la gran crisis que sufrimos. Eran tiempos de guerra fría en el mundo y guerra caliente en América Central. Sostener nuestra economía era barato por su tamaño, y era eficiente por su relativo desarrollo.

Frente a estas dificultades para obtener financiamiento no condicional con las IFIs, ¿podríamos acudir a los mercados internacionales privados?

Hacerlo solo postergaría la crisis financiera, pues las tasas de interés correspondientes a nuestro riesgo nos ahogarían, y tornarían impagable esa deuda.

Nuestro gobierno ha sufrido en los últimos meses tres bajas en su calificación por agencias de evaluación de riesgo.

A principios de marzo la tasa de interés requerida por nuestros bonos a cerca de 10 años era del orden de un 5,5%. Llegó esa tasa a mediados de abril al nivel obsceno de 9,5% y en los últimos días ha bajado a un todavía altísimo nivel del orden de un 8,2% y el diferencial de riesgo frente a bonos del tesoro de los estados Unidos es del orden de 8 puntos porcentuales.

En condiciones similares a finales de los setentas del siglo pasado se pospusieron las decisiones, y luego, ya con el endeudamiento externo al tope, se optó por no negociar un convenio de Derecho de Giro (Stand-by Agreement) con el FMI y se expulsó a su representante del país: “si no nos prestan dólares emitimos colones”

El resultado lo sabemos: la pobreza subió de 20 a 50%, tardamos 10 años en volver al nivel de ingreso per cápita previo a la crisis y todavía sufrimos en la capacitación de nuestra fuerza laboral la baja de un 20% en la cobertura educativa de secundaria que se produjo.

Para poner orden en las finanzas públicas es preciso un muy fuerte ajuste fiscal. Lograrlo sin el apoyo de financiamiento externo sería mucho más doloroso y difícil que hacerlo con un convenio de Derechos de Giro que nos abra la puerta para obtenerlo.

De todos modos debemos hacer el ajuste para evitar el enorme costo de que esta crisis de producción e ingreso culmine en una crisis financiera. Es mucho mejor hacerlo en alianza con el FMI y con un programa de créditos externos que nos permita financiar el ajuste durante los siguientes 3 años a tasas de interés manejables.

Puede ser que no nos guste. Pero los otros caminos son peores, mucho peores.


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