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Alberto Salom Echeverría
La firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (en adelante TLC CAFTA-DR), ratificado por Costa Rica en 2009, se nos dijo que marcaría un punto de inflexión en la política comercial del país. Hasta entonces, la relación con el principal socio comercial —Estados Unidos— se sustentaba en otros instrumentos jurídicos como el de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), un régimen unilateral creado por EE. UU. para otorgar acceso preferencial a productos provenientes de economías en desarrollo. Sin embargo, la transición hacia un tratado vinculante y bilateral no estuvo exenta de tensiones. En este contexto, resulta clave analizar las ventajas y desventajas que trajo consigo el TLC para Costa Rica, considerando, además, la evolución de su balanza comercial con Estados Unidos antes y después del tratado.
Ventajas ¿reales o aparentes?: estabilidad, inversión y diversificación exportadora
Como creo haberlo dejado claro en el artículo anterior, los principales líderes del “Movimiento del sí al TLC”, siempre aseguraron que, con este Tratado Comercial, se daba un paso seguro para movernos de un marco comercial revocable a un régimen que sería supuestamente estable y legalmente protegido. La ICC, aunque beneficiosa en su momento, dependía enteramente de decisiones unilaterales del Congreso o del Ejecutivo estadounidense. En contraste, -se nos dijo- que, el TLC CAFTA-DR había establecido reglas claras, derechos recíprocos y procedimientos jurídicos vinculantes, lo cual ofrecía seguridad jurídica a los inversionistas y previsibilidad a los exportadores costarricenses. Los gobiernos costarricenses a partir del 2009 promovieron entonces políticas públicas mediante las que, se produjo un notable crecimiento de la inversión extranjera directa, especialmente en sectores como tecnología, manufactura avanzada y servicios. Pero hemos de tener en cuenta, asimismo, los problemas que el Tratado trajo consigo, en especial ahora, que las imposiciones unilaterales de aranceles del señor Trump a todos sus socios comerciales, colocan a los demás países que comercian con los EE. UU, pero muy especialmente a socios mucho más débiles como los centroamericanos y del Caribe, en una situación verdaderamente calamitosa. Veamos primero las recompensas que derivamos del TLC.
El tratado facilitó en estas últimas dos décadas, la diversificación del aparato exportador costarricense. Recordemos que, antes del TLC, las exportaciones hacia EE. UU. se concentraban en productos agrícolas tradicionales como café, banano y azúcar. Tras su entrada en vigor, Costa Rica amplió su portafolio exportador hacia bienes de mayor valor agregado, como dispositivos médicos, servicios empresariales, tecnología y componentes electrónicos. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), en 2006 (años previos a la entrada en vigor del TLC CAFTA), las exportaciones costarricenses a EE. UU. alcanzaban los $3.500 millones; en 2023, esta cifra superó los $6.500 millones, con un cambio significativo en la composición de los productos exportados.
La balanza comercial: ¿ganancia estructural o dependencia creciente?
Si bien las exportaciones crecieron, también lo hicieron las importaciones desde Estados Unidos, lo que plantea interrogantes sobre los beneficios netos del tratado. En los años previos al TLC, Costa Rica solía registrar superávit comercial con EE. UU. (es decir, exportaba más de lo que importaba). Sin embargo, tras la implementación del tratado, la balanza comercial se tornó más volátil, y en ciertos años se registraron déficits comerciales.
Por ejemplo, en 2005, Costa Rica tuvo un superávit de aproximadamente $300 millones con EE. UU. Pero para 2015, ya con el TLC plenamente implementado, el país registraba un déficit cercano a los $1.000 millones, en parte debido al aumento de importaciones de productos manufacturados, bienes de consumo y maquinaria. Aunque en años recientes la balanza ha tendido a estabilizarse, esto revela que el tratado no garantizó un saldo comercial positivo sostenido, -y que- el país pasó a depender aún más de EE. UU. como proveedor clave. Un problema de significativa importancia que ha limitado siempre un verdadero desarrollo con autonomía y equidad para países como Costa Rica y sus vecinos, los cuales corren la misma suerte -o quizás peor- que nosotros.
Desventajas: pérdida de autonomía y presión sobre sectores vulnerables
Uno de los principales costos del TLC ha sido la pérdida de margen de maniobra en la formulación de políticas públicas, especialmente en áreas como compras gubernamentales, regulación de servicios, propiedad intelectual y protección ambiental. Al asumir compromisos de no discriminación y trato justo para inversionistas extranjeros, el Estado costarricense se ha visto limitado en su capacidad de aplicar ciertas políticas redistributivas o de protección social.
Además, el TLC ha expuesto a sectores productivos sensibles, como el agrícola, a una competencia desigual frente a productos subsidiados estadounidenses. Pese a que se negociaron plazos de desgravación gradual, rubros como el arroz, los lácteos o el maíz han enfrentado presiones importantes, y el Estado ha debido implementar medidas compensatorias para mitigar los impactos.
En contraste, bajo la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (en adelante ICC), Costa Rica tenía acceso preferencial a EE. UU. sin necesidad de abrir completamente su mercado, ni de someterse a compromisos jurídicos complejos.Esa flexibilidad permitió proteger sectores estratégicos, aunque -hemos de admitir- con el riesgo constante de perder acceso al mercado del norte, si EE. UU decidía modificar unilateralmente el esquema. Pero hoy, bajo el esquema del tratado de libre comercio (TLC), merced a una circunstancia de naturaleza sobre todo política -la actuación arbitraria del gobernante de una potencia, probablemente la más grande e injusta del orbe- nos toca enfrentar un problema similar al descrito bajo la ICC, “la modificación unilateral del esquema, por parte del socio, por mucho más poderoso del negocio”; esto ha sido así, sin que desde la perspectiva del 2009, cuando por fin Costa Rica estuvo lista para poner a caminar el TLC CAFTA-DR, ni el más suspicaz de los que apoyaron dicho “Tratado”, se imaginó que podríamos vernos en una circunstancia tan adversa para el comercio de toda la región, como esta por la que estamos atravesando.
Conclusión: entre la oportunidad y la dependencia
La adopción del TLC CAFTA-DR representó, para Costa Rica, una apuesta por la integración jurídica, económica y comercial con Estados Unidos, asumiendo tanto las ventajas de un marco en apariencia “más estable”, como los riesgos inherentes a una mayor dependencia estructural. Aunque el país ha logrado diversificar sus exportaciones, atraer inversión extranjera y fortalecer algunos sectores estratégicos, también ha cedido grados de autonomía y ha enfrentado tensiones sociales por los impactos en sectores vulnerables. La evolución de la balanza comercial revela que el TLC no fue una panacea, sino una herramienta más —con beneficios y costos— en la política de inserción internacional del país.
Así había sido antes de esta segunda administración de EE. UU, bajo el liderazgo de Donald Trump. Si los beneficios del TLC no resultaron tan loables como se nos había prometido, ¿qué podemos esperar ahora, cuando el gobierno estadounidense se ha lanzado con la agresividad que lo caracteriza a establecer -arbitraria e ilegalmente- aranceles a los productos provenientes de los países centroamericanos y República Dominicana -cubiertos o no por el TLC-? Insisto, el futuro inmediato no se presenta muy halagüeño frente a las políticas unilaterales impuestas por la administración Trump; menos aún, cuando las élites centroamericanas se han mostrado tan sumisas frente a los Estados Unidos y su nueva política arancelaria. El presidente Rodrigo Chaves Robles es un campeón de la sumisión ante los Estados Unidos. Como lo hemos argumentado, existen recursos a los que podríamos haber acudido para defendernos, pero los gobernantes han quedado como pasmados, mostrándose temerosos de echar mano de los recursos legales que existen en nuestra defensa.
