Corrupción policial aterra a la población
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Martes 15 julio, 2008
Impunidad, pérdida de valores y poca preparación se revuelven en un espeso caldo de cultivo para este flagelo
Corrupción policial ataca en crisis de seguridad
• Presuntos nexos con narcotraficantes en comandancias de Heredia y de Limón contribuyen a confirmar percepción ciudadana sobre cuerpo policial
• Director de la Fuerza Pública afirma que no tolerará actos de corrupción y garantizó que “se está luchando para mantener oficiales honestos”
Eduardo Baldares
ebaldares@larepublica.net
En el país cunden el terror y la desconfianza. Los dos escándalos consecutivos por presuntos nexos entre policías y narcotraficantes parecen confirmar la imagen que tiene el costarricense sobre la Fuerza Pública, percibida como corrupta.
En general más de un 80% de la población considera al país deshonesto, y en particular la Fuerza Pública es vista como blanco del soborno por la misma proporción de la ciudadanía.
Sin embargo, la cifra podría aumentar en futuras encuestas tras los casos en Heredia y Limón que dieron como resultado la detención de 15 oficiales.
Las estadísticas no mienten y según el Poder Judicial los robos y los homicidios tienden a aumentar, lo que unido a esta mala imagen de las fuerzas policiales explica por qué el costarricense es el tercer ciudadano más temeroso del continente, solo por detrás de paraguayos y argentinos.
“Si no podemos confiar ni en la policía, ya no tenemos en quién hacerlo”, se lamentó la diputada Elizabeth Fonseca, encargada del tema de seguridad del Partido Acción Ciudadana, para quien “hay estudios muy serios del ILANUD (Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito) que demuestran la existencia de una relación directa entre la concentración de la riqueza, la inequidad y la delincuencia, y eso explica en gran medida lo que está pasando”.
Mientras en Costa Rica solo un 29% percibe como justa o muy justa la distribución de la riqueza, de acuerdo con la última encuesta regional Latinobarómetro, un 77% teme todo o casi todo el tiempo ser víctima de un delito con violencia, y en un tercio de los hogares alguien ha sufrido los embates del hampa.
En este caldo de cultivo la inequidad se mezcla con otros ingredientes, tales como la impunidad. De acuerdo con el grupo de abogados Jurisis, solo el 2,7% de las denuncias por diferentes delitos que se presentan ante las autoridades judiciales del país terminan en una condena contra el sospechoso.
En 2006 se presentaron ante el Poder Judicial 129.888 denuncias por diversos delitos, de las cuales solo 7.794 (6%) llegaron a una sentencia y de estas, únicamente 3.586 fueron condenas efectivas, según cifras oficiales.
“Seguramente muchos policías con blandos principios morales se cansan de atrapar delincuentes para luego verlos otra vez en la calle, delinquiendo a placer, y es así que terminan contagiándose, lo cual es injustificable”, opinó el sociólogo Francisco Escobar.
En la Fuerza Pública se afirma que no se tolerarán actos de corrupción. “Se está luchando para mantener oficiales honestos. Es necesario que los ciudadanos denuncien este tipo de actos de manera confidencial, y así nos ayuden a terminar con este problema”, dijo Erick Lacayo, director de la policía a la agencia de noticias EFE.
Para Lacayo, las capturas de oficiales no deben generar desconfianza en la ciudadanía; por el contrario, según el director demuestran que se está aplicando mano dura contra la corrupción.
“Si una parte del cuerpo policial los protege (a los narcotraficantes), eso nos coloca en una difícil situación”, complementó Jorge Rojas, director del Organismo de Investigación Judicial, quien agradeció la colaboración de la Fuerza Pública en las pesquisas de Limón y Heredia.
En la Asamblea Legislativa hay un buen ambiente para aprobar las reformas a diversas leyes relacionadas con seguridad, “de manera que quienes infrinjan la ley y sean atrapados in fraganti —como presuntamente se dio en el caso de los policías de Heredia— sean procesados de una vez. Además, hay que fortalecer las penas y endurecer las medidas contra los actos de corrupción”, aseguró Federico Tinoco, diputado de Liberación Nacional.
Empero, a Tinoco le preocupa lo “entrabado” que está el Congreso. “Es increíble que sigamos en este cuello de botella que ha sido el Tratado de Libre Comercio, y que algunos colegas usen cada escándalo que sale en la prensa para politizarlo, para darse promoción y
salir opinando en todos los medios en lugar de hacer lo que deberían: legislar”.
La pérdida de valores es propiciada por una sociedad que privilegia las posesiones materiales por encima de la ética, donde tener vale más que ser. Sin embargo, “alegar que los policías delinquen porque ganan poco es tan inaceptable como la corrupción misma. Esto no tiene justificación alguna”, dijo Escobar.
Aunque los oficiales estén entre los peor pagados del sector público y vean muy de cerca cómo los narcotraficantes se enriquecen bajo la ley del mínimo esfuerzo, el sociólogo considera que “los policías están para hacer que las leyes se respeten y no para trasgredirlas, sin importar cuánto ganen”.
No obstante, tanto Odio como Tinoco coinciden en que mejorar las condiciones profesionales y económicas de los oficiales traería beneficios por partida doble, pues “tendríamos policías mejor preparados y menos propensos a las tentaciones del dinero mal habido”, consideró el liberacionista.
“Es un problema complejo, pero por algún lado hay que comenzar. En primer lugar hay que endurecer las penas para disuadirlos de no corromperse, pero también hay que estimularlos con mayor capacitación y mejores ingresos”, amplió. “Con cursitos de solo tres meses y salarios de ¢200 mil por mes sin contar rebajas y en muchos casos hasta pensiones alimentarias, es difícil pretender un cuerpo policial como el que deberíamos tener”, complementó Fonseca.
Por su parte, el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica, tendría lista una propuesta tendiente al mejoramiento de las fuerzas policiales de manera articulada, coordinada, al tiempo que recomendará las reformas legales que viabilicen la puesta en práctica de dicho modelo.
Esteban Mora, investigador del CICAP, adelantó que se sugerirán directrices específicas en materia de gestión integral del talento humano policial y administrativo, desarrollo de un sistema de información e inteligencia policial —incluida la investigación interna—, tecnificación y profesionalización del personal.
Corrupción policial ataca en crisis de seguridad
• Presuntos nexos con narcotraficantes en comandancias de Heredia y de Limón contribuyen a confirmar percepción ciudadana sobre cuerpo policial
• Director de la Fuerza Pública afirma que no tolerará actos de corrupción y garantizó que “se está luchando para mantener oficiales honestos”
Eduardo Baldares
ebaldares@larepublica.net
En el país cunden el terror y la desconfianza. Los dos escándalos consecutivos por presuntos nexos entre policías y narcotraficantes parecen confirmar la imagen que tiene el costarricense sobre la Fuerza Pública, percibida como corrupta.En general más de un 80% de la población considera al país deshonesto, y en particular la Fuerza Pública es vista como blanco del soborno por la misma proporción de la ciudadanía.
Sin embargo, la cifra podría aumentar en futuras encuestas tras los casos en Heredia y Limón que dieron como resultado la detención de 15 oficiales.
Las estadísticas no mienten y según el Poder Judicial los robos y los homicidios tienden a aumentar, lo que unido a esta mala imagen de las fuerzas policiales explica por qué el costarricense es el tercer ciudadano más temeroso del continente, solo por detrás de paraguayos y argentinos.
“Si no podemos confiar ni en la policía, ya no tenemos en quién hacerlo”, se lamentó la diputada Elizabeth Fonseca, encargada del tema de seguridad del Partido Acción Ciudadana, para quien “hay estudios muy serios del ILANUD (Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito) que demuestran la existencia de una relación directa entre la concentración de la riqueza, la inequidad y la delincuencia, y eso explica en gran medida lo que está pasando”.
Mientras en Costa Rica solo un 29% percibe como justa o muy justa la distribución de la riqueza, de acuerdo con la última encuesta regional Latinobarómetro, un 77% teme todo o casi todo el tiempo ser víctima de un delito con violencia, y en un tercio de los hogares alguien ha sufrido los embates del hampa.
En este caldo de cultivo la inequidad se mezcla con otros ingredientes, tales como la impunidad. De acuerdo con el grupo de abogados Jurisis, solo el 2,7% de las denuncias por diferentes delitos que se presentan ante las autoridades judiciales del país terminan en una condena contra el sospechoso.
En 2006 se presentaron ante el Poder Judicial 129.888 denuncias por diversos delitos, de las cuales solo 7.794 (6%) llegaron a una sentencia y de estas, únicamente 3.586 fueron condenas efectivas, según cifras oficiales.
“Seguramente muchos policías con blandos principios morales se cansan de atrapar delincuentes para luego verlos otra vez en la calle, delinquiendo a placer, y es así que terminan contagiándose, lo cual es injustificable”, opinó el sociólogo Francisco Escobar.
En la Fuerza Pública se afirma que no se tolerarán actos de corrupción. “Se está luchando para mantener oficiales honestos. Es necesario que los ciudadanos denuncien este tipo de actos de manera confidencial, y así nos ayuden a terminar con este problema”, dijo Erick Lacayo, director de la policía a la agencia de noticias EFE.
Para Lacayo, las capturas de oficiales no deben generar desconfianza en la ciudadanía; por el contrario, según el director demuestran que se está aplicando mano dura contra la corrupción.
“Si una parte del cuerpo policial los protege (a los narcotraficantes), eso nos coloca en una difícil situación”, complementó Jorge Rojas, director del Organismo de Investigación Judicial, quien agradeció la colaboración de la Fuerza Pública en las pesquisas de Limón y Heredia.
En la Asamblea Legislativa hay un buen ambiente para aprobar las reformas a diversas leyes relacionadas con seguridad, “de manera que quienes infrinjan la ley y sean atrapados in fraganti —como presuntamente se dio en el caso de los policías de Heredia— sean procesados de una vez. Además, hay que fortalecer las penas y endurecer las medidas contra los actos de corrupción”, aseguró Federico Tinoco, diputado de Liberación Nacional.
Empero, a Tinoco le preocupa lo “entrabado” que está el Congreso. “Es increíble que sigamos en este cuello de botella que ha sido el Tratado de Libre Comercio, y que algunos colegas usen cada escándalo que sale en la prensa para politizarlo, para darse promoción y
salir opinando en todos los medios en lugar de hacer lo que deberían: legislar”.La pérdida de valores es propiciada por una sociedad que privilegia las posesiones materiales por encima de la ética, donde tener vale más que ser. Sin embargo, “alegar que los policías delinquen porque ganan poco es tan inaceptable como la corrupción misma. Esto no tiene justificación alguna”, dijo Escobar.
Aunque los oficiales estén entre los peor pagados del sector público y vean muy de cerca cómo los narcotraficantes se enriquecen bajo la ley del mínimo esfuerzo, el sociólogo considera que “los policías están para hacer que las leyes se respeten y no para trasgredirlas, sin importar cuánto ganen”.
No obstante, tanto Odio como Tinoco coinciden en que mejorar las condiciones profesionales y económicas de los oficiales traería beneficios por partida doble, pues “tendríamos policías mejor preparados y menos propensos a las tentaciones del dinero mal habido”, consideró el liberacionista.
“Es un problema complejo, pero por algún lado hay que comenzar. En primer lugar hay que endurecer las penas para disuadirlos de no corromperse, pero también hay que estimularlos con mayor capacitación y mejores ingresos”, amplió. “Con cursitos de solo tres meses y salarios de ¢200 mil por mes sin contar rebajas y en muchos casos hasta pensiones alimentarias, es difícil pretender un cuerpo policial como el que deberíamos tener”, complementó Fonseca.
Por su parte, el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica, tendría lista una propuesta tendiente al mejoramiento de las fuerzas policiales de manera articulada, coordinada, al tiempo que recomendará las reformas legales que viabilicen la puesta en práctica de dicho modelo.
Esteban Mora, investigador del CICAP, adelantó que se sugerirán directrices específicas en materia de gestión integral del talento humano policial y administrativo, desarrollo de un sistema de información e inteligencia policial —incluida la investigación interna—, tecnificación y profesionalización del personal.