¿Concentración de poder o mejorar la eficiencia? Reestructuración del Minae enciende polémica

La posibilidad de que el ministro de Ambiente y Energía adquiera potestades de veto y decisión casi inapelables en muchos casos, encendió las luces de alerta entre diversos grupos ecologistas, diputados y la Contraloría.

Y es que la eventual concentración de poder como si fuera un súper ministro para ponerle freno a la burocracia y la falta de toma de decisiones, se podría traducir en decisiones políticas y hasta en una desprotección de los recursos naturales y las áreas protegidas, según los quejosos.

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Los primeros señalamientos llegaron de la propia Contraloría, que tras la consulta de los diputados indicó que la propuesta requería una serie de modificaciones, incluyendo fortalecer la auditoría interna del Ministerio.

Ante la duda de que, si la propuesta deja demasiado concentración de poder en una sola figura, Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía, aseguró que solo se busca una mayor eficiencia.

“Creemos que las grandes dudas están alrededor de si es concentración del poder o es mayor eficiencia, lo que buscamos es mayor eficiencia y unidad de criterios, es un tema muy importante. Es un justo balance entre desconcentración en lo operativo y concentración en lo administrativo y financiero”, dijo Tattenbach.

Para silenciar las críticas, un nuevo texto fue presentado por el jerarca del Minae a la comisión que analiza la reforma.

El análisis y sustento técnico para la propuesta están respaldados por el Ministerio de Planificación pero existen dudas de diputados para tomar la decisión de dictaminar el texto, en especial de la Unidad Socialcristiana (PUSC).

“La fracción le interesa ver detrás de cambios estructurales o jurídicos, ver los informes técnicos que fundamentan la adecuada gestión que esto provoca, qué es lo que provoca, hacia dónde vamos. Uno se pregunta si es un tema de rectoría o de controles, que no es lo mismo, que es lo que debemos revisar en esta comisión”, dijo Vanessa Castro, diputada de PUSC.

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Por otra parte, la potestad del Setena de revocar o suspender la viabilidad ambiental preocupa a Carlos Felipe García, del PUSC.

“No sabemos los alcances que pueda llegar a tener este inciso en la práctica, puesto que es un tema que actualmente en la Ley Orgánica se desarrolla por medio de un procedimiento, ya sea ante el Tribunal Ambiental Administrativo o posteriormente en sede judicial. Por otro lado, hemos encontrado que se eliminan los plazos que establece la Ley de Administración Pública para resolver las solicitudes de viabilidad”, advirtió García.

Desde el sector ambiental existe buen ambiente sobre la posibilidad de hacer una “reingeniería” del Setena, ya que aseguran que la Comisión Plenaria de este órgano en muchos casos se ha convertido en un obstáculo y una instancia política.

Sin embargo, señalan que para que la reforma tenga peso deberá darse mayor protagonismo a los gestores ambientales y establecer responsabilidades y sanciones en aquellos casos donde se demuestren favorecimientos o corrupción, según Allan Astorga, consultor ambiental

“Planteo a Setena y al Minae la importancia que tiene el papel de los consultores ambientales, cuando presentan la información técnica como una declaración jurada, me parece que hay que hacer una modernización, un código de ética, establecer sanciones, que el papel de la Setena sea más de verificación de esa declaración jurada”, dijo Astorga.

Asimismo, califica el proyecto como razonable y correcto, siempre y cuando vaya en la vía de eliminar la burocracia en órganos desconcentrados del Minae, en especial el Sinac y Setena.

Por el momento, el nuevo texto presentado por el Minae deberá ser analizado a fondo por una comisión legislativa, para determinar si la propuesta pasa el primer filtro o si, por el contrario, recibirá más cuestionamientos de los legisladores.