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Compras transparentes y democráticas


Solo 20 empresas se encargan en el país de suplir el 40% del total de compras que realiza el Estado,
repartiéndose de esa forma un monto cercano a los $760 millones anuales.
El resto de los casi $2 mil millones que gasta el aparato estatal cada año, se distribuye entre 372 compañías, lo que significa un promedio de $3,3 millones para cada una.
Mientras tanto, las 20 firmas que proveen al Estado de la mayoría de sus necesidades obtienen unos $38 millones cada una, según lo detalla una nota de LA REPUBLICA de ayer.
Sin duda, son muchas las empresas en el país que desearían procesos de licitación estatales lo más democráticos posible. Lo mejor sería que todas las firmas que cuentan con lo requerido en los carteles de licitación pudieran presentar sus ofertas.
La mejor forma de alcanzar esa democratización de los mencionados procesos es que se realicen a través de una tramitación electrónica.
Esto no solo beneficiaría a más empresas desde el punto de vista de la participación, sino que brindaría una mayor transparencia y reduciría considerablemente la burocracia.
Además, otros aspectos mejorarían considerablemente pues se podría contar con un registro único de proveedores y, según afirma el gerente de contratación administrativa de la Contraloría General de la República, la digitalización del proceso de licitaciones del Estado traería aparejado un ahorro de más de ¢500 millones (2% del PIB).
Parece indudable que los anteriores datos indican la premura con que deben darse los pasos necesarios para tener, finalmente, un mecanismo digital para llevar a cabo las compras estatales.
Si bien a la fecha se sabe que se realizan gestiones en ese sentido, estas deberían apretar el acelerador ya que sus rápidos resultados vendrían a dar nueva vida a muchas empresas, fortalecerían la transparencia y generarían ahorros, algo que debe buscarse en todas las esferas de la administración a fin de reencauzarlos a otras áreas donde tanta falta hacen.
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