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Viernes, 19 de abril de 2024



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Nueva ley entrará a regir en ocho meses, advierte Contraloría

Compras públicas en riesgo por falta de preparación de instituciones

Mayoría no tiene código de ética para proveedores, ni tampoco ha efectuado una revisión de sus procesos antes de nueva normativa

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Viernes 01 abril, 2022


La nueva ley amplía el ámbito de cobertura a toda actividad contractual en la que medien fondos públicos, se crea una rectoría para mejorar la gobernanza, se introduce el concepto de compra estratégica y se establece la obligatoriedad de un sistema digital unificado. Shutterstock/La República.
La nueva ley amplía el ámbito de cobertura a toda actividad contractual en la que medien fondos públicos, se crea una rectoría para mejorar la gobernanza, se introduce el concepto de compra estratégica y se establece la obligatoriedad de un sistema digital unificado. Shutterstock/La República.


A ocho meses de que entre a regir la nueva ley de compras públicas, la Contraloría advierte que la falta de preparación de las instituciones se puede traducir en un mayor atraso de la inversión estatal.

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Y es que la mayoría de instituciones no gestiona el riesgo, no tiene código de ética para proveedores y no ha efectuado una revisión de sus procesos antes de implementar la ley, según un estudio que realizó la Contraloría entre 59 instituciones.

La aplicación del instrumento muestra que a pesar de la criticidad y magnitud del cambio que representa el nuevo modelo, 49 de las 59 instituciones se encuentran en los niveles iniciales, además de básico e intermedio, lo que representa el 83% de la muestra.

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“Más allá de modificaciones de procedimiento, la nueva ley introduce un nuevo modelo de gestión de compras públicas que pone el énfasis en la planificación, control y transparencia, así como la promoción de la competencia y la orientación a resultados y la ética (…) A ocho meses de la nueva ley, la mayoría de las instituciones están en nivel de preparación inicial, básico o intermedio”, dijo Jéssica Víquez, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la Contraloría.

La nueva ley amplía el ámbito de cobertura a toda actividad contractual en la que medien fondos públicos, se crea una rectoría para mejorar la gobernanza, se introduce el concepto de compra estratégica y se establece la obligatoriedad de un sistema digital unificado.

Asimismo, se potencia un mercado para ofrecer bienes y servicios al Estado, con el objetivo de simplificar los procesos.

Por otra parte, como todo cambio, requerirá un periodo de ajuste para su completa apropiación y asimilación. En esta línea, las acciones preparatorias que se implementen en los próximos meses serán determinantes para minimizar los riesgos, dijo la Contraloría.


Gran desafío


La Contraloría realizó un estudio para determinar el nivel de preparación de las instituciones públicas de cara a la implementación de un nuevo modelo de gestión de compras públicas.
El estudio se realizó en 59 instituciones públicas, aplicando una herramienta de medición en colaboración con las unidades de auditoría interna. Estos fueron los resultados:

35

instituciones no han tomado acciones para gestionar el riesgo de la nueva ley



31

no tienen mecanismos de coordinación institucional



29

no han efectuado una revisión de sus procesos antes de implementar la ley



47 de 59

No tienen un código de ética para proveedores



52

No han comunicado los avances en cuanto a la implementación de la ley


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