Chisporroteos

Hace días vengo leyendo en la prensa una afirmación extraña que ignoro en qué se basa, pero es totalmente inexacta: de los proyectos o asuntos que no requieren dos tercios de votos (38) en la Asamblea Legislativa, se afirma insistentemente, en ciertas informaciones, que necesitan 29.

No existe en ninguna parte semejante cosa. Aparte de las decisiones que según la Constitución Política requieren para su aprobación los dos tercios de la totalidad de los diputados, todos los demás se deciden por mayoría de votos. Votos de diputados presentes, por supuesto.

Cuando todos los 57 legisladores están presentes, esa mayoría es naturalmente de 29. Pero no siempre están todos y en ninguna parte se exige que estén. Entonces, la mayoría es de diputados presentes. Si la Asamblea está sesionando con su quorum mínimo de 38, 20 diputados hacen mayoría, y si esa mayoría insistiera alguien (un periodista, porque solo periodistas han dicho tal cosa) en que fuera de 29 votos, la Asamblea Legislativa estaría permanentemente paralizada, porque solo con todos los diputados presentes podría tomar decisiones.

En las llamadas comisiones plenas, que tienen capacidad de legislar y a las cuales no se les puede someter asuntos que requieran los dos tercios, no es factible requerir 29 votos porque están compuestas por menos de 29 diputados.

Durante muchísimos años el reglamento de la Asamblea decía que determinados asuntos debían ser aprobados por dos tercios de diputados presentes (26 cuando sólo estaban 38), pero a la Sala Cuarta se le ocurrió que eso era inconstitucional y se lo trajo al suelo. De manera que en la Asamblea Legislativa solo hay dos posibles resultados afirmativos: 38 votos cuando así lo exige la Constitución y mayoría de diputados presentes en el resto de los casos. Lo demás son inventos periodísticos.

Es lamentable que los diputados derechistas de la Asamblea se estén empeñando en que las leyes esas que se prometieron en el TLC, vayan más allá, mucho más allá de lo que el TLC pide. Se entera uno de mociones que paran el pelo, sobre todo en lo que atañe a propiedad intelectual, donde algunos diputados pretenden que un estudiante que copie un libro o parte de él, o un ciudadano que grabe un programa de televisión porque quiere volverlo a ver, deban ir irremediablemente a la cárcel por más tiempo que un funcionario corrupto. O que se abra la posibilidad de que una empresa privada se meta en teléfonos fijos y nos veamos obligados —como ocurría en México hasta 1943— a tener dos teléfonos en nuestras casas y oficinas, uno del ICE y otro, por ejemplo, de la Bond & Share que tan buenos recuerdos dejó entre los entreguistas nacionales. Que Dios no coja confesados. ¿A dónde nos quieren llevar en esa alarmante centroamericanización que nos están recetando los que, disfrazados de liberacionistas, están empeñados en destruir la obra de don Pepe?