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Chisporroteos

Alberto Cañas afcanas@intnet.co.cr | Sábado 24 noviembre, 2007

Concurrí a la entrega de una obra importante, labor de una enorme cantidad de intelectuales y políticos centroamericanos que han trabajado, según me parece, bajo el comando de nuestro Jaime Ordóñez, cuyo nombre es garantía de seriedad y rectitud.

Se trata, tomen aliento, del PRIMER INFORME CENTROAMERICANO DE GOBERNABILIDAD JURIDICA E INSTITUCIONAL. Un trabajo serio y concienzudo que no solo diagnostica sino que sugiere soluciones. Consta de cinco tomos, uno para cada país centroamericano tradicional.

Participé en la ceremonia y dije unas cosas que tal vez no se conformaron con la ortodoxia del acto, pero que creí importante que circularan porque estimo que complementan el enorme estudio, y porque traté en ellas de fijar algunas de las causas de la ingobernabilidad costarricense.

Para atacar el tema parto de una verdad jurídica y política que en mis tiempos de estudiante de derecho escuché de aquel gran maestro de juristas (hoy injustamente olvidado) que fue don Francisco Echeverría García, y que años después volví a oír, en la Asamblea Legislativa, a don Francisco Ruiz.

Es la siguiente: Las leyes no sirven para reformar la sociedad. Se limitan a reflejarla. La reforma de la sociedad la hacen la educación, las costumbres y la conducta de la gente.

En Costa Rica venimos tratando de reformar la sociedad con leyes. Ese disparate nos ha introducido en una oscura selva de legislación dentro de la cual es imposible orientarse y cuya aplicación favorece las corruptelas y la corrupción en grande.

Hemos convertido a los empleados públicos en dueños del puesto que tienen. Recuerdo el caso de un empleado de cierta institución a quien la Contraloría ordenó destituir por corrupto. Hizo triunfar un recurso de amparo, hubo que reinstalarlo mientras se tramitaba el “debido proceso”, pudo destruir los papeles que lo acusaban, y se quedó en el cargo.

La llamada democratización de la política impide que un ciudadano se presente como candidato a un cargo electivo si antes no realiza una cantidad de asambleas de distrito, cantón y provincia de costo prácticamente imposible. Si está tratando de formar un partido, no se sabe qué clase de asambleas le impone la ley. Probablemente farsas.

Una famosa ley de administración pública permite que cualquier decisión que tome un ministro pueda ser discutida judicialmente. (Un amigo mío me contó que al salir de un ministerio enfrentaba 18 juicios civiles y, abogado el mismo, tuvo que contratar los servicios de un colega).

No vale la pena seguir. Así es. Tal vez una solución consistiría en que la Asamblea Legislativa pueda pedir informes o cuentas a los ministros y censurarlos si es el caso. Pero una Asamblea que no sea producto de asambleítas de las que resulta diputado el que mayor número de parientes logra llevar a ellas.

Vean ustedes si este país es ingobernable, que el mayor poder político no lo tienen hoy dignatarios elegidos sino una sala de funcionarios nombrados, cuyas decisiones son perfectas (es decir inapelables), y que se ha dado el lujo de impartirle órdenes a la Asamblea Legislativa, y de reformar la Constitución. A esto le llaman democracia.

Cada día tienen más razón don Chico Echeverría y don Paco Ruiz, juristas de verdad y verdaderos entendedores de lo que son el buen gobierno y la democracia como régimen, como sistema y no como charanga.

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