Alberto Cañas

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Miércoles 31 Octubre, 2007

CHISPORROTEOS

Alberto F. Cañas

La verdad sea dicha no tiene por qué incomodar, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos es ya ley de la República, y que cada palo comience a aguantar su vela. Ya se sabe de los dinerales que gastaron los que los poseen en abundancia; se sabe del cumplimiento estricto y puntual que se hizo del inmortal memorándum Casas-Sánchez, muy útil para que nos enteráramos de que el establishment mangoneante está dispuesto a todo, y principalmente a humillar a los humildes, con tal de mantener su control sobre la economía, la política y el porvenir mismo de Costa Rica. Todo por supuesto, sin violar la ley, aunque se violen otras cosas más trascendentales.

Hago examen de conciencia y llego a la conclusión de que mi oposición al famoso tratado iba dirigida más a las leyes adicionales que Costa Rica ofreció a los grandes banqueros del mundo, que al tratado mismo. No quiero decir con eso que yo esté de acuerdo con la excesiva protección que se da a los capitalistas extranjeros, mayor que la que jamás hemos concedido a los empresarios nacionales. Pero lo que más me ha preocupado es la llamada apertura, que es el paso fuerte que hace tiempo vienen queriendo dar algunos para seguir desmantelando (esto comenzó en la administración Arias de hace 20 años) la república solidaria y socialdemócrata que construimos los costarricenses inspirados o conducidos por gobernantes como Alfredo González Flores, Ricardo Jiménez, José Figueres, Francisco José Orlich y Daniel Oduber.

Ahora bien, lo que llaman la apertura de un monopolio de comunicaciones no es tal. Jamás ha habido tal monopolio. Simplemente la Constitución dice, desde los tiempos de don Julio Acosta, que las comunicaciones inalámbricas no pueden salir de poder del Estado. De allí que las radioemisoras y las televisoras necesiten que el Estado les conceda una frecuencia para poder trabajar.

Nada, pues, prohíbe que haya telefonía celular en manos de particulares (aunque me dicen que la experiencia latinoamericana sobre eso es pavorizante, sobre todo en tarifas). Pero ya la Sala Constitucional (en una de las pocas decisiones fundamentales y buenas que ha dictado), dijo que no se puede adjudicar una banda de celulares mediante acuerdo ministerial en La Gaceta, como hizo don Oscar Arias en su anterior administración.

A mi modesto juicio, y perdóneme que opine el desconocido amigo que solo me juzga capacitado para opinar sobre cultura popular, este asunto de los celulares debe adjudicarse mediante una licitación pública. Que el ICE, (yo creo que debe ser el ICE pero podría ser ARESEP), abra una licitación para otorgar una, dos o más bandas de celulares, al mejor postor. Tengo informes de que Colombia lo hizo así y pudo cancelar buena parte de su deuda pública con el producto de la licitación.

Y así sucesivamente. O sea que las leyes que nuestros “negociadores” propusieron que se obligara a Costa Rica a dictar, (y que satisfacen sus ideologías personales) no se limiten a ser los proyectos que preparó el Ejecutivo (o le prepararon otros, como fue el caso del Combo del ICE en el 2000). La Asamblea debe considerar y discutir otras opciones. Hay un proyecto elaborado por la Universidad de Costa Rica, existe el que en 1996 redactaron los entonces diputados Hernán Fournier, Francisco Antonio Pacheco, Ottón Solís y Gerardo Trejos, que conozco y sé conveniente, tan conveniente que don Miguel Angel Rodríguez lo saboteó obligando a los diputados de su partido a romper el quórum de la comisión que lo estudiaba. Ese es muchísimo mejor que el que el Gobierno tiene en la Asamblea: abre el mercado pero no liquida al ICE (como liquidó la administración Arias de 1986 el Consejo de Producción sin decirlo expresamente).

Los que ponen el grito en el cielo cada vez que un diputado presenta una moción, que estudien el proyecto del Ejecutivo, el de la UCR y el proyecto Fournier-Pacheco-Solís-Trejos. El país (y su Asamblea Legislativa) tienen derecho a escoger. ¿O no?

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