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CHISPORROTEOS

Alberto Cañas afcanas@intnet.co.cr | Miércoles 29 julio, 2009

CHISPORROTEOS

Un día de éstos se me acercó una persona a quien no conocía, pero a quien me dio mucho gusto conocer, y de manos a boca me espetó una pregunta que se las trae:

“Usted ha dicho que lo primero que hay que hacer para que Costa Rica vuelva a ser gobernable, es derogar una cantidad de leyes que han echado a perder las cosas. ¿Cuáles serían esas leyes?”

Me rasqué un poco la cabeza y le pedí que me diera tiempo para pensarlo, no sin indicarle que la comisión de planes y programas del PAC entiendo que está trabajando en esa línea. No me he tomado mucho tiempo, pero vamos a ver qué sale. La primera de todas es la Ley de Administración Pública, que convirtió al Poder Ejecutivo en un sitio donde nadie puede ni lavarse las manos sin riesgo de que lo lleven a los tribunales, y que hizo a los Ministros de Gobierno perder toda su capacidad o deseo de iniciativa.

En segundo lugar, la ley que creó las presidencias ejecutivas en las Instituciones Autónomas despojándolas de su autonomía, aunque sí dejaría vigente la regla del 4-3 que configura sus directivas con tres representantes del gobierno anterior. Al eliminarse el presidente ejecutivo habría que establecer que uno de lo cuatro directores que se nombren sea por cuatro años y los otros tres por ocho.

Inmediatamente, habría que derogar la ley de concesiones, que paralizó el Ministerio de Obras Públicas y lo convirtió en fuente inagotable de litigios y disgustos. Basta ver la pendejera con que los gobiernos se han conducido frente a Alterra, para que se le pare a uno el pelo. Esa ley parece estar basada en el complejo de que los ticos somos incompetentes y para nada servimos, y eso es peligroso.

Después habría que reformar el Servicio Civil y adoptar el sistema francés, en el cual el jerarca propone un candidato, y el Servicio Civil le hace un examen y solo que lo apruebe queda nombrado. Así se evitará lo que tantas veces sucede aquí, que los ministerios se ven obligados a escoger sus empleados dentro de listas de inempleables que el Servicio Civil les somete.

Hay que repensar la Sala Constitucional, que se ha convertido en legisladora. Si se decidiera mantenerla en vez de devolverle a la Sala de Casación la función sobre constitucionalidad que tuvo, pero manteniendo el recurso lo abierto que está hoy, habría en todo caso que devolver los recursos de amparo a los jueces, que desde 1950 venían atendiéndolos bien, y eliminar las consultas previas y toda intromisión de la Sala en la vida legislativa y sobre los proyectos en curso, cosas éstas que de alguna manera rompen o dañan la independencia de poderes, al permitirle a una dependencia de un Poder entrometerse en la vida interna de otro Poder. No en lo que ha hecho sino en lo que está haciendo, lo que es inadmisible e inconstitucional.

No sé qué habrá pasado con la ley de plusvalía de don Alfredo González, que fue como descubierta por la Administración Ulate en las colecciones de leyes sin que se aplicara. Con base en ella se abarató la construcción del aeropuerto, de la carretera Bernardo Soto, y de otras obras importantes, compensando al expropiado el valor de la tierra que perdía, con el aumento de valor de lo que le quedó. Hace tiempo se viene oyendo que tal o cual obra se atrasa por el costo de las expropiaciones. ¿Es que la ley de plusvalía fue derogada? ¿Por quien? ¿Cuándo? Aquí no se trata de derogar sino de revivir algo que me temo que los últimos gobiernos han anestesiado. Quedan cosas en el tintero para otro día.

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