Chile continúa en espera de reconstrucción
| Sábado 27 marzo, 2010
Chile continúa en espera de reconstrucción
A un mes del terremoto que devastó física y psicológicamente a Chile, reclamos de damnificados abundan y respuestas del gobierno no alcanzan
Hace un mes el temblor de 8,8 grados y la posterior alarma de maremoto afectó al 80% de la población de un país que hoy es más pobre y que afronta la reconstrucción como un enorme desafío del nuevo Gobierno de Sebastián Piñera, quien asumió la Presidencia hace apenas dos semanas, y se dio un plazo de 60 días para recuperar la normalidad.
Tras el terremoto, las cifras de los fallecidos se ubican en 342 cuerpos reconocidos y los daños en $30 mil millones.
Entre los damnificados, que suman 800 mil, también se encuentran los que a pesar de seguir recibiendo una pensión han perdido todo su patrimonio, lo que en el caso de las personas mayores se traduce en perderlo todo y no tener tiempo de recuperarlo.
Amerigo Incalcaterra, jefe de la oficina regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Chile, destacó que las regiones afectadas son las mismas que “tradicionalmente no se han beneficiado del Estado”.
“Muchas veces vemos acciones paternalistas, que están bien en una fase de emergencia, pero en la segunda fase tenemos grandes posibilidades de reorientar toda una política en la región de una manera mucho más efectiva”, explicó el funcionario a Efe.
Los servicios que dependen del Estado destinan por ley un 2% del presupuesto anual para atender las emergencias. Sin embargo, el nuevo gobierno anunció que pretende hacer una transferencia del 10% o el 15% de su presupuesto para la atención de esta emergencia.
El siguiente paso es definir cómo financiar e implementar la fase de reconstrucción del país, para lo que el Ejecutivo sigue planteándose opciones como subir el “royalty” minero o incrementar la presión fiscal con más impuestos.
La autoconstrucción, los edificios viejos construidos antes de la emisión del Código Antisísmico y las empresas inescrupulosas que no se atienen a los lineamientos establecidos fueron los principales causantes de daños, afirma un comunicado de la Comisión Nacional de Emergencias en Costa Rica.
Los ingenieros costarricenses Roy Acuña Prado, Ericka Zamora y Álvaro Poveda Vargas fueron enviados por la CNE a colaborar con los esfuerzos que realiza Chile en la etapa de evaluación de daños, que podrá ser aplicado en el Código Antisísmico de Costa Rica que se espera actualizar este año, dijo la entidad a través del comunicado.
Paralelamente, en Chile empezó la revisión de responsabilidades en los organismos gubernamentales por no alertar a tiempo, así como en los juzgados, donde ya se presentaron las primeras querellas por los fallos en el aviso del maremoto en las costas de la región del Maule y el Biobío.
Santiago de Chile
EFE
A un mes del terremoto que devastó física y psicológicamente a Chile, reclamos de damnificados abundan y respuestas del gobierno no alcanzan
Hace un mes el temblor de 8,8 grados y la posterior alarma de maremoto afectó al 80% de la población de un país que hoy es más pobre y que afronta la reconstrucción como un enorme desafío del nuevo Gobierno de Sebastián Piñera, quien asumió la Presidencia hace apenas dos semanas, y se dio un plazo de 60 días para recuperar la normalidad.
Tras el terremoto, las cifras de los fallecidos se ubican en 342 cuerpos reconocidos y los daños en $30 mil millones.
Entre los damnificados, que suman 800 mil, también se encuentran los que a pesar de seguir recibiendo una pensión han perdido todo su patrimonio, lo que en el caso de las personas mayores se traduce en perderlo todo y no tener tiempo de recuperarlo.
Amerigo Incalcaterra, jefe de la oficina regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Chile, destacó que las regiones afectadas son las mismas que “tradicionalmente no se han beneficiado del Estado”.
“Muchas veces vemos acciones paternalistas, que están bien en una fase de emergencia, pero en la segunda fase tenemos grandes posibilidades de reorientar toda una política en la región de una manera mucho más efectiva”, explicó el funcionario a Efe.
Los servicios que dependen del Estado destinan por ley un 2% del presupuesto anual para atender las emergencias. Sin embargo, el nuevo gobierno anunció que pretende hacer una transferencia del 10% o el 15% de su presupuesto para la atención de esta emergencia.
El siguiente paso es definir cómo financiar e implementar la fase de reconstrucción del país, para lo que el Ejecutivo sigue planteándose opciones como subir el “royalty” minero o incrementar la presión fiscal con más impuestos.
La autoconstrucción, los edificios viejos construidos antes de la emisión del Código Antisísmico y las empresas inescrupulosas que no se atienen a los lineamientos establecidos fueron los principales causantes de daños, afirma un comunicado de la Comisión Nacional de Emergencias en Costa Rica.
Los ingenieros costarricenses Roy Acuña Prado, Ericka Zamora y Álvaro Poveda Vargas fueron enviados por la CNE a colaborar con los esfuerzos que realiza Chile en la etapa de evaluación de daños, que podrá ser aplicado en el Código Antisísmico de Costa Rica que se espera actualizar este año, dijo la entidad a través del comunicado.
Paralelamente, en Chile empezó la revisión de responsabilidades en los organismos gubernamentales por no alertar a tiempo, así como en los juzgados, donde ya se presentaron las primeras querellas por los fallos en el aviso del maremoto en las costas de la región del Maule y el Biobío.
Santiago de Chile
EFE