Para frenar el crimen y la delincuencia, el país necesita políticas que den trabajo y educación a jóvenes y adultos en situaciones de riesgo

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¿Casualidad o conveniencia?

Recientemente el gobierno restableció el Comité Consultivo Nacional para el Control de la Proliferación y el Tráfico de Armas Pequeñas y Ligeras.
Un comité constituido vía decreto en la segunda administración de Óscar Arias y en el que se incorporó aparentemente a la Fundación Arias con carácter de ministerio, por lo que esa ONG tendría acceso a información sensible y clasificada en temas de seguridad nacional.
Además, eventualmente tendría poder de decisión para el uso de los recursos que administraría ese comité si se aprueba el proyecto 18 050 que se discute en la Asamblea.
En Pro Defensa repudiamos si es que se han dado tales atribuciones a una organización privada. No entendemos cuáles son las intenciones de esta administración o su interés por que metan mano personas ajenas al gobierno y a la seguridad nacional.
El otro desacierto es haber convocado en este periodo de sesiones extraordinarias dicho proyecto de ley, que no es más que un compendio de errores y falencias, que no llena los vacíos de la actual Ley de Armas 7530.
Esa iniciativa solo busca poner más restricciones a quienes deciden adquirir un arma de fuego de manera legal y por el contrario, deja por la libre la tenencia ilegal y el mercado negro. Además, elimina la fiscalización obligatoria del Estado a través del Arsenal Nacional contenido en la actual ley.
El proyecto incorpora elementos administrativos complicados y onerosos, que más bien podrían estimular el mercado negro de armas de fuego y municiones, que día a día nutre a los delincuentes.
Fue redactado con un espíritu prohibicionista expreso, que busca aumentar de manera excesiva las restricciones a la tenencia y portación legal de armas, bajo el velo de fomentar la paz y reducir la violencia social.
Algunas de las propuestas de ese proyecto de Ley, presentado en la administración Chinchilla e impulsado entre otros por fundaciones privadas, no son factibles técnicamente o son inútiles. Por ejemplo, establece la necesidad de que toda munición venga marcada de fábrica con número de serie (fabricante, lote, calibre, etc.); cuando se conoce que no hay ninguna fábrica seria y reconocida en el mundo que pueda cumplir con ese requisito para el mercado civil.
Estudios de Naciones Unidas (“Small Arms Survey”) indican que el proceso es muy oneroso, técnicamente complicado, no es permanente y no es forma infalible de rastrear la munición. Además, este requisito implicaría que ni siquiera la policía podría tener munición para defenderse del hampa.
Sabemos que el problema de la violencia social no se resuelve con una ley de restricción a la tenencia de armas en manos de personas honestas, las propuestas que se plantean en esta iniciativa han sido implementadas en otros países con resultados nefastos para la seguridad ciudadana.
Para frenar el crimen y la delincuencia lo que el país necesita son políticas y reformas sociopolíticas y económicas de largo plazo, que den oportunidades de trabajo y educación a jóvenes y adultos en situaciones de riesgo, cerrar la creciente brecha social y mejorar la gestión de la policía.
Señores diputados, piénsenlo, en sus manos está la decisión sobre la seguridad ciudadana y la transparencia en el uso de recursos públicos y el manejo de información sensible.

Asociación Pro Defensa Civil