Avance contra la tortura infantil

Jonathan Prendas

Diputado

Nueva República

El país está cada vez más cerca de modernizar la ley para resguardar a los niños y jóvenes de la tortura. La semana pasada, se aprobó en la comisión legislativa de Juventud y Niñez el proyecto de Nueva República que reforma el Código Penal para proteger a esta población contra esa gravísima infracción.

La iniciativa toma en cuenta la condición de vulnerabilidad de los menores y por eso amplía el alcance de ese delito a este grupo y establece como agravante toda forma de tortura en contra de quienes la causen.

Hoy la tortura es apenas un sub-delito de lesiones y la legislación no incluye el castigo cruel y denigrante en perjuicio de los menores de edad; tampoco abarca el menoscabo de la personalidad, no castiga a los médicos involucrados y la pena no se agrava si la tortura es practicada por un funcionario público.

La iniciativa pretende sancionar con prisión de cinco a doce años a quienes, a través de acciones u omisiones, apliquen cualquier método que busque menoscabar la personalidad de la víctima, disminuir su capacidad física o mental; también a quienes causaren intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales.

Además de establecer la tortura como figura delictiva, este proyecto la desplaza del Código Penal y la sitúa en los delitos contra los Derechos Humanos, con lo cual Costa Rica daría un enorme salto en la defensa delos niños y jóvenes.

Responde también a los principales preceptos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual procura que el interés superior de los menores sea una consideración primordial en “…todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos”.

El proyecto de Nueva República, que fue impulsado por Fabricio Alvarado en su período como diputado, es una respuesta al incremento en los casos de violencia y tortura contra los niños, ratifica su derecho a la protección estatal y está en consonancia con los tratados sobre derechos humanos que el país ha firmado.

Actualmente, alrededor del 31% de la población tiene menos de 18 años y los casos anuales de niños que experimentan situaciones de abuso en su contra van en aumento. Según el PANI, cada año se atienden más de 30 mil menores en Costa Rica debido a agresiones físicas o psicológicas.

Nueva República es consciente de que si bien la ley sujeta a las personas para que actúen de determinada manera, o procura evitar conductas que conllevan una reprensión, el Estado también debe procurar el desarrollo de una política pública orientada a la educación y a la prevención. En esta área aún hay bastante camino por recorrer.

De igual manera, entiende que todos estos esfuerzos por construir una sociedad mejor comienzan primero por cada uno de sus integrantes, por nosotros mismos. La reforma a la ley era necesaria para proteger a los menores, pero también se requiere erradicar de nuestras relaciones cotidianas toda forma de violencia en contra de los niños y los jóvenes. Ellos son el futuro, y merecen vivir en una Costa Rica que respete y vele por sus derechos humanos.

En Nueva República somos defensores reales de los más desprotegidos.