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Apertura celular sufre tropiezo

Ernesto Villalobos evillalobos@larepublica.net | Jueves 07 octubre, 2010




Contraloría dio la razón a empresas que cuestionaron falta de información en proceso
Apertura celular sufre tropiezo
Adjudicación podría demorarse pues deben hacerse correcciones al cartel y reiniciar la concesión de frecuencias

La apertura del mercado de la telefonía celular sufre un nuevo revés.
Ello porque las objeciones presentadas por algunas de las empresas que desean participar en el concurso de las tres frecuencias en contra del cartel de licitación, tuvieron eco en la Contraloría General de la República.
Tras darles la razón, la Contraloría le ordenó a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) realizarle las debidas correcciones al cartel, lo que devuelve el proceso.
Con esto la adjudicación se demoraría ya que obligará a la Sutel a reajustar el cronograma previsto para la concesión de las bandas móviles.
Los cuestionamientos fueron planteados por las empresas Cable & Wireless Costa Rica, Claro CR Telecomunicaciones y Centennial Towers CR, las cuales alegaron que no les facilitaron alguna de la información requerida y que ello les limita la proyección de un plan de negocios.
En su momento, los eventuales operadores advirtieron que la ausencia de una base de datos del Estado y uso de las bandas de frecuencia asignadas para enlaces de microondas —que facilitan la comunicación entre una torre y otra— les generaba incertidumbre.
Asimismo, los representantes de las compañías advirtieron la ausencia de reglas claras en el tema de interconexión con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de precios máximos para la prestación de los servicios actualizados.
La ausencia de ese tipo de información incluso llevó a los actores a sostener la imposibilidad de prestar un servicio eficiente.
“Bajo las condiciones actuales no podríamos participar en el negocio, porque no tendríamos certeza de lo que se está ofertando. Con la información actual, un plan de negocios se ubica en un rango entre $200 millones y $800 millones. En ninguno de los países donde hemos entrado se manejan esos márgenes. No se puede hacer un plan de negocios así”, comentó en su momento Roberto Batalla, representante de Centennial Towers.
Entre los argumentos declarados con lugar por el ente contralor destacan la necesidad de facilitar a los oferentes información sobre la disponibilidad de los enlaces de microondas, así como especificar la forma en que se les garantizará a los proveedores el acceso a esa infraestructura.
Además se le ordena a la Sutel ajustarse al Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones, para definir la conexión de cada proveedor, dentro de los plazos establecidos en esa reglamentación, indistintamente de los argumentos que pudiera esgrimir el ICE al respecto.
Finalmente, la Contraloría valoró que esa Superintendencia deberá advertir que no existe un derecho a la prórroga de la concesión para los potenciales participantes, sino que justamente es eventual.
En el fallo también se le solicitó al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, realizar un estudio económico y jurídico en donde se sustenten las razones por las cuales no resulta procedente el pago de la prórroga del contrato.
Sobre las consecuencias que la resolución de la Contraloría tendría contra el proceso de apertura, en la Sutel respondieron que “corresponde revisar la resolución y a partir de ella, preparar un documento anexo al cartel, que contenga esas aclaraciones, el cual deberá publicarse en La Gaceta”.
A su vez, en la entidad reguladora de las telecomunicaciones reconocieron que el dictamen obligará a redefinir el cronograma si fuera necesario, el cual estimaba que la apertura en celular no se daría hasta en setiembre de 2011.
“Este proceso es necesario para dar claridad a la concesión de telefonía móvil, y que las reglas establecidas estén muy claras para todos los interesados en invertir en el país”, señaló la Sutel en un comunicado.
Por tratarse de asuntos que están fuera del proceso administrativo, la Sutel sostiene no tener un plazo específico para cumplir las resoluciones de la Contraloría, pero afirma estar consciente de la necesidad de finiquitar esta fase, cuanto antes.

Ernesto Villalobos
evillalobos@larepublica.net






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