Apagones educativos

Jonathan Prendas

Diputado

Nueva República

El desastre en la aplicación de las pruebas FARO nos mostró una vez más de la incapacidad de las últimas administraciones para darle rumbo al sistema educativo costarricense, para propiciar la reducción de brechas y generar oportunidades futuras para nuestros niños, niñas y jóvenes.

A la luz de las palabras y decisiones del presidente Alvarado, el apagón educativo que sufre el país tenderá a agravarse. El mandatario agradeció y aplaudió la desastrosa gestión de la exministra de Educación; luego nombra a un jerarca, de por sí ya cuestionado, sin verdadera experiencia para liderar a una institución que cuenta con más de 85 mil funcionarios.

Las inquisidoras e ilegales pruebas se suman a otra serie de decisiones erráticas y sin sentido cuyas consecuencias son inconmensurables. El más reciente Estado de la Educación concluye que la actual crisis en la educación es la peor en varias décadas, probablemente solo comparable con la que ocurrió en los ochenta.

El resultado es catastrófico: existe un enorme rezago en el aprendizaje de los estudiantes, se ampliaron las desigualdades socioeconómicas y de acceso a la conectividad, las brechas provocaron nuevas formas de exclusión educativa. El golpe es aún mayor para los estudiantes que provienen de hogares pobres, con un entorno educativo bajo y que asisten fundamentalmente a las escuelas y colegios públicos. Estamos a punto de perder generaciones completas.

El retroceso en la educación es particularmente severo en áreas como matemáticas, ciencias y español. En el marco de la OCDE, a pesar de que Costa Rica lidera el gasto en educación como porcentaje del PIB -incluso por encima de países como Noruega, Islandia e Israel- está absolutamente rezagado en los resultados. En las pruebas PISA -Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos- ocupamos los últimos lugares.

El año pasado, solo en el área de las matemáticas, los alumnos apenas recibieron el 50% de los contenidos que están contemplados en el programa de estudios. El Estado de la Educación confirma que, si a estos datos se le suman los que dejó la crisis educativa del 2018, entonces los estudiantes han perdido en los últimos tres años el 80% de los contenidos. O sea, vieron solo un 20% de la materia.

Desde Nueva República se plantea una reforma a la educación porque, como lo asegura el informe, esta crisis compromete el desarrollo de las habilidades, competencias y conocimientos que son indispensables para el avance de Costa Rica e incluso para nuestro sistema democrático.

El gobierno tiene la obligación de garantizar la conectividad de docentes y alumnos, ofrecerles instalaciones aptas para el proceso de aprendizaje, ayudarles a que dominen el inglés, orientar los esfuerzos a garantizar que los estudiantes estén preparados para los puestos y negocios del futuro, para administrar sus propias finanzas.

El país necesita de un liderazgo que catapulte la educación a los más elevados estándares de calidad, con un claro enfoque en los resultados, con procesos transparentes que acaben con los apagones y el oscurantismo con los que hemos convivido en los últimos años.

Los niños, niñas y jóvenes de Costa Rica merecen un mejor futuro, necesitan una Nueva República que les brinde las herramientas para triunfar y romper el ciclo de pobreza.