Amor Confuso
| Viernes 07 marzo, 2008
Amor Confuso
Andrés Piedragil
América Economía
Sobre la Avenida Reforma, una de las vías principales de Ciudad de México, cientos de campesinos marchan. En medio del caos vial que generan, los agricultores de la nación azteca gritan consignas contra el TLC, término que la población mexicana usa para referirse al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta).
De acuerdo al programa de aperturas del acuerdo comercial, productos agrícolas como el maíz, el azúcar y la leche empezarían a circular libremente por los tres socios del acuerdo (México, Estados Unidos y Canadá).
Al mismo tiempo, en un café ubicado en Reforma, un televisor reproduce una propaganda del gobierno: un agricultor de aguacates exalta las bondades del Nafta, destacando la forma en que ha mejorado su condición gracias a la exportación de sus frutos. En el establecimiento, Federico Alarcón, asistente de contabilidad en una empresa cercana, no tiene una opinión definitiva. “El gobierno dice que nos ha beneficiado. No sabría decir si a mí, pero parece que no a todos los campesinos”, dice mientras observa el paso de la protesta.
No es un caso único. El acuerdo que integró la economía mexicana a la mayor del mundo y que entró en vigor hace 14 años, aún no puede convencer de sus bondades a muchos mexicanos que recuerdan las enormes promesas en torno a él antes de su aprobación.
Las estadísticas que la Secretaría de Economía se encarga de repetir una y otra vez no los convencen, a pesar de su robustez: desde la vigencia del acuerdo, el comercio dentro del bloque se ha triplicado, llegando a representar $2 mil millones diarios; la economía mexicana creció 39,8% en términos reales; para 2005, las exportaciones de México a sus socios se habían multiplicado por cuatro hasta alcanzar la cifra de $182 mil millones.
Y, quizás lo más relevante, el intercambio generado ha conducido a que uno de cada seis empleos esté relacionado con la actividad exportadora. Y cuyos salarios son 37% superiores a los de las compañías no exportadoras.
Por si eso fuera poco, se ha producido una modificación sustancial en el perfil de los ingresos del país: según datos de 2006 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los ingresos no petroleros – donde se incluyen las exportaciones – representan alrededor del 15,3% del PIB mexicano, contra 9,4% de los relacionados con el petróleo.
De paso, se han logrado balances superavitarios en el comercio con los dos socios: en 2006, México ostentó un superávit de $68 mil millones con Estados Unidos y de $6.700 millones con Canadá.
Asimismo, datos del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) establecen que durante la vigencia del tratado las exportaciones mexicanas han crecido 350%, pasando de $52 mil millones a $250 mil millones (2006); las exportaciones a los socios del Nafta (el 87% de las totales) crecieron 410%.
No obstante, las principales críticas al acuerdo tienen que ver con dos asuntos nada menores: uno, no todos los ámbitos de la economía han incrementado su competitividad. Y, dos, el tratado defraudó las expectativas sobre su potencial de generación de nuevos empleos.
Durante el período de vigencia del Nafta, según cifras del Comce, en México se han creado 4,3 millones de empleos formales, insuficientes para una población económicamente activa que creció en 11,1 millones de personas. El déficit es de 6,8 millones de plazas.
Posiblemente el principal problema sea de expectativas. “Al Nafta, ni todas las bendiciones, ni todas las maldiciones”, dice José Antonio Serro, profesor e investigador del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana (UIA). Para el académico, el tratado potenció ventajas productivas, pero también “agudizó problemas que existían antes de su firma”.
La industria agrícola de México es un ejemplo. Este sector (en especial los productores de aguacate, cebolla, fresas, sandía, espárragos, limón sin semilla, entre otros), en el período de vigencia del acuerdo, ha logrado aumentar su participación en el mercado del Nafta de 9,97% a 13,07%, según el Comce.
Sin embargo, agroindustriales de enorme peso en la economía y alimentación mexicanas –como los productores de maíz y leche– no están en posición de imaginar crecimientos, pero sí de sufrir una complicada competencia con sus contrapartes del norte, muchos de los cuales se benefician de jugosos subsidios federales.
Y es que se trata de una industria con problemas históricos localmente: falta de inversión privada, apoyos gubernamentales que se han probado insuficientes, asociaciones del sector que se guían por intereses políticos o electorales, minifundios improductivos y monopolios en la cadena de distribución de alimentos.
“La mala situación del agro mexicano no es un problema Nafta, sino que viene de antes”, dice Serro, de la UIA.
El problema es que el campo no se ha preparado para enfrentar un ambiente de apertura. “Faltaron programas, proyectos y estrategias que permitieran capitalizar las supuestas ventajas negociadas”, apunta Valentín Díez Morodo, presidente nacional del Comce.
Como otras voces, Díez señala que el valor agregado de las exportaciones de México no ha crecido en la proporción esperada, ya que gran parte de las ventas mexicanas al exterior han quedado condicionadas a la creciente importación temporal de insumos extranjeros, con los cuales se ensamblan productos que después serán exportados hacia Estados Unidos y Canadá. Esquema que han seguido empresas como la coreana LG, la automotora japonesa Nissan y la alemana Volkswagen.
Y aunque el establecimiento de estas plantas brinda beneficios a la economía –generación de empleo, transferencia tecnológica, incorporación de nuevos sistemas de trabajo, ingresos por exportaciones–, analistas locales consideran que México aún mantiene un perfil productivo sin el desarrollo de cadenas productivas locales, sin incentivar la innovación y sin realmente elevar el nivel de la mano de obra en general.
Un diagnóstico que en 2006 dio una señal de alarma: China, el gran poder global de mano de obra, desplazó a México del segundo al tercer puesto en la lista de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Entre enero y noviembre de ese año, según datos del Departamento de Comercio de ese país, el intercambio con el país asiático representaba $313.620 millones; atrás quedaba México con $307.260 millones.
Pero si el incremento de la productividad y su contagio a más sectores son tareas pendientes del gobierno (que implicarán llevar a cabo reformas estructurales), todo parece indicar que el atributo más celebrado del Nafta, las inversiones canadienses y estadounidenses, seguirá creciendo, aun en entornos económicos complicados, como el que se prevé para este año. Según datos del gobierno mexicano, en 2007 se captaron $23 mil millones de dólares de IED (cifra sólo superada por la obtenida en 2002, $29 mil millones, y en la que influyó la adquisición de Banamex por parte del Citi), más de la mitad atribuible a sus socios Nafta.
Para 2008, incluso con una economía estadounidense en recesión, el gobierno de México espera que la IED se ubique en el orden de los $20 mil millones.
Andrés Piedragil
América Economía
Sobre la Avenida Reforma, una de las vías principales de Ciudad de México, cientos de campesinos marchan. En medio del caos vial que generan, los agricultores de la nación azteca gritan consignas contra el TLC, término que la población mexicana usa para referirse al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta). De acuerdo al programa de aperturas del acuerdo comercial, productos agrícolas como el maíz, el azúcar y la leche empezarían a circular libremente por los tres socios del acuerdo (México, Estados Unidos y Canadá).
Al mismo tiempo, en un café ubicado en Reforma, un televisor reproduce una propaganda del gobierno: un agricultor de aguacates exalta las bondades del Nafta, destacando la forma en que ha mejorado su condición gracias a la exportación de sus frutos. En el establecimiento, Federico Alarcón, asistente de contabilidad en una empresa cercana, no tiene una opinión definitiva. “El gobierno dice que nos ha beneficiado. No sabría decir si a mí, pero parece que no a todos los campesinos”, dice mientras observa el paso de la protesta.
No es un caso único. El acuerdo que integró la economía mexicana a la mayor del mundo y que entró en vigor hace 14 años, aún no puede convencer de sus bondades a muchos mexicanos que recuerdan las enormes promesas en torno a él antes de su aprobación.
Las estadísticas que la Secretaría de Economía se encarga de repetir una y otra vez no los convencen, a pesar de su robustez: desde la vigencia del acuerdo, el comercio dentro del bloque se ha triplicado, llegando a representar $2 mil millones diarios; la economía mexicana creció 39,8% en términos reales; para 2005, las exportaciones de México a sus socios se habían multiplicado por cuatro hasta alcanzar la cifra de $182 mil millones.
Y, quizás lo más relevante, el intercambio generado ha conducido a que uno de cada seis empleos esté relacionado con la actividad exportadora. Y cuyos salarios son 37% superiores a los de las compañías no exportadoras.
Por si eso fuera poco, se ha producido una modificación sustancial en el perfil de los ingresos del país: según datos de 2006 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los ingresos no petroleros – donde se incluyen las exportaciones – representan alrededor del 15,3% del PIB mexicano, contra 9,4% de los relacionados con el petróleo.
De paso, se han logrado balances superavitarios en el comercio con los dos socios: en 2006, México ostentó un superávit de $68 mil millones con Estados Unidos y de $6.700 millones con Canadá.
Asimismo, datos del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) establecen que durante la vigencia del tratado las exportaciones mexicanas han crecido 350%, pasando de $52 mil millones a $250 mil millones (2006); las exportaciones a los socios del Nafta (el 87% de las totales) crecieron 410%.
No obstante, las principales críticas al acuerdo tienen que ver con dos asuntos nada menores: uno, no todos los ámbitos de la economía han incrementado su competitividad. Y, dos, el tratado defraudó las expectativas sobre su potencial de generación de nuevos empleos.
Durante el período de vigencia del Nafta, según cifras del Comce, en México se han creado 4,3 millones de empleos formales, insuficientes para una población económicamente activa que creció en 11,1 millones de personas. El déficit es de 6,8 millones de plazas.
Posiblemente el principal problema sea de expectativas. “Al Nafta, ni todas las bendiciones, ni todas las maldiciones”, dice José Antonio Serro, profesor e investigador del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana (UIA). Para el académico, el tratado potenció ventajas productivas, pero también “agudizó problemas que existían antes de su firma”.
La industria agrícola de México es un ejemplo. Este sector (en especial los productores de aguacate, cebolla, fresas, sandía, espárragos, limón sin semilla, entre otros), en el período de vigencia del acuerdo, ha logrado aumentar su participación en el mercado del Nafta de 9,97% a 13,07%, según el Comce.
Sin embargo, agroindustriales de enorme peso en la economía y alimentación mexicanas –como los productores de maíz y leche– no están en posición de imaginar crecimientos, pero sí de sufrir una complicada competencia con sus contrapartes del norte, muchos de los cuales se benefician de jugosos subsidios federales.
Y es que se trata de una industria con problemas históricos localmente: falta de inversión privada, apoyos gubernamentales que se han probado insuficientes, asociaciones del sector que se guían por intereses políticos o electorales, minifundios improductivos y monopolios en la cadena de distribución de alimentos.
“La mala situación del agro mexicano no es un problema Nafta, sino que viene de antes”, dice Serro, de la UIA.
El problema es que el campo no se ha preparado para enfrentar un ambiente de apertura. “Faltaron programas, proyectos y estrategias que permitieran capitalizar las supuestas ventajas negociadas”, apunta Valentín Díez Morodo, presidente nacional del Comce.
Como otras voces, Díez señala que el valor agregado de las exportaciones de México no ha crecido en la proporción esperada, ya que gran parte de las ventas mexicanas al exterior han quedado condicionadas a la creciente importación temporal de insumos extranjeros, con los cuales se ensamblan productos que después serán exportados hacia Estados Unidos y Canadá. Esquema que han seguido empresas como la coreana LG, la automotora japonesa Nissan y la alemana Volkswagen.
Y aunque el establecimiento de estas plantas brinda beneficios a la economía –generación de empleo, transferencia tecnológica, incorporación de nuevos sistemas de trabajo, ingresos por exportaciones–, analistas locales consideran que México aún mantiene un perfil productivo sin el desarrollo de cadenas productivas locales, sin incentivar la innovación y sin realmente elevar el nivel de la mano de obra en general.
Un diagnóstico que en 2006 dio una señal de alarma: China, el gran poder global de mano de obra, desplazó a México del segundo al tercer puesto en la lista de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Entre enero y noviembre de ese año, según datos del Departamento de Comercio de ese país, el intercambio con el país asiático representaba $313.620 millones; atrás quedaba México con $307.260 millones.
Pero si el incremento de la productividad y su contagio a más sectores son tareas pendientes del gobierno (que implicarán llevar a cabo reformas estructurales), todo parece indicar que el atributo más celebrado del Nafta, las inversiones canadienses y estadounidenses, seguirá creciendo, aun en entornos económicos complicados, como el que se prevé para este año. Según datos del gobierno mexicano, en 2007 se captaron $23 mil millones de dólares de IED (cifra sólo superada por la obtenida en 2002, $29 mil millones, y en la que influyó la adquisición de Banamex por parte del Citi), más de la mitad atribuible a sus socios Nafta.
Para 2008, incluso con una economía estadounidense en recesión, el gobierno de México espera que la IED se ubique en el orden de los $20 mil millones.