¡A los chinos!

¡A los chinos!

De cal y de arena

Alvaro Madrigal

La administración Arias se ahoga con sus propios mecates. Torpezas y chambonadas en la gestión de los asuntos que llenan la agenda diaria (para no citar los de mayor cuantía), están haciendo estragos y poniendo en grave riesgo los explicables aunque ampulosos aires de grandeza con que sus apologistas deforman la realidad. Más allá de los términos, alcances y enlaces correspondientes a la compra-venta de bonos a China, la orden de la Sala Constitucional de abrir el expediente al escrutinio público sin aliños ni límites, desnudó la torpeza con que el asunto ha sido manejado en el gobierno. Uno, cuando se le aceptó al comprador la condición de asegurar el cerrojo sobre el secreto bursátil, a sabiendas de su incompatibilidad con el precepto constitucional que protege el derecho del ciudadano a la libre información de todo asunto de interés público que no califique como secreto de Estado. Dos, al subestimarse el desgastador efecto sobre el crédito del gobierno de otros incidentes que han sensibilizado la opinión pública y creado una atmósfera propicia para que toda señal de secretismo sea interpretada como indicio de corrupción oculta. Y tres, al designarse a un banco en el que tiene intereses nuestro embajador en Pekín como subcustodio de la inversión, “desafortunada casualidad” que detectó de inmediato el Ministro de Hacienda y que no resulta cosa inocua. Tampoco cuestión superflua para un régimen vertical y rígidamente integrado —el chino— cuyos pasos suelen tener siempre doble intención. Este gobierno ha perdido la brújula y como no hay autocrítica no advierte el extravío. Por ahí vienen, torpemente manejados y con su corrosivo efecto, los casos del memorando del miedo, de las consultorías, de la “laureada” preferencia política (que mereció un pusilánime tirón de orejas por el Tribunal Electora) y de los bonos chinos, como agravantes de un estado de cosas que ha lanzado al gobierno no precisamente a un lecho de rosas.

Ahora que la Sala Constitucional ampara el derecho del ciudadano a acceder a la información pública; ahora que la Contraloría General de la República concluye —en otro expediente, también con dinero chino en medio— que puede haber delito cuando se recurre a la creación de un subterfugio “para distraer de los controles normativos, presupuestarios, contables y de fiscalización” los dineros donados para erradicar tugurios y zonas de mal vivir, ¿no es tiempo de que la Asamblea Legislativa enmiende la grave y dañosa impunidad que otorgaron aquellos diputados a los involucrados como agentes activos y pasivos de las contribuciones económicas a la campaña política de 2002, y reabra la puerta a una prolija investigación? Al fin y al cabo, en mi opinión fueron subterfugios para evadir los controles de ley, descaradas transgresiones del Código Electoral, manejadas en “cuentas paralelas”.