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Al final de una carrera, los graduados deben tener conocimientos básicos en todas las ramas de la misma, aun si todavía no son especialistas en alguna de ellas


La calidad de los abogados es lo que cuenta

Un importante debate se abrió ante la posición del Colegio de Abogados de que los estudiantes que terminan su carrera deban presentar un examen final ante ese Colegio a fin de que puedan luego ejercer.
Esto por cuanto las universidades privadas aducen que los programas de derecho han sido aprobados por el Consejo Nacional de Rectores, así como por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada.
Siendo esto correcto, parte de la realidad también es que no existe luego una supervisión adecuada para verificar en cada universidad, a lo largo de los cursos lectivos, que los planes de estudios aprobados se cumplan a cabalidad.
El país no cuenta aparentemente con las condiciones para llevar a cabo esa labor de supervisión permanente.
Pareciera que el sistema en forma integral es lo que debería analizarse.
Al final de una carrera, los graduados deben tener conocimientos básicos en todas las ramas de la misma, aun si todavía no son especialistas en alguna de ellas.
Si se le diera libertad, por ejemplo, a cada universidad para diseñar y poner en práctica su propio plan de estudios, sería totalmente indispensable que al final del mismo el estudiante deba rendir un examen ante el colegio correspondiente, a quien el Estado, por otra parte, le ha delegado esa responsabilidad.
En la actualidad, sin embargo, existe un Conesup que aprueba los planes de estudio a pesar de lo cual se busca que los estudiantes deban aprobar un examen del Colegio de Abogados para poder ejercer.
Probablemente esta idea surja de la percepción de que no todos los abogados que hay en el mercado de profesionales en derecho se han graduado con la misma calidad de conocimientos.
Por otro lado, si la calidad de la enseñanza es buena y se completan a cabalidad los programas, no debería existir oposición a que los estudiantes sean examinados por el colegio correspondiente antes de comenzar a brindar sus servicios, como ocurre en muchos países desarrollados.
Otro argumento es que se daría —con el examen de colegiatura— un paso burocrático que encarecería aún más la carrera a los estudiantes.
Esto parece lógico, pero tiene otras contrapartes que en ese caso también se podrían valorar, como el hecho de que en muchas universidades los estudiantes deben pagar (y a veces un alto monto) por la ceremonia de entrega de los títulos, lo cual también incrementa los costos.
En fin, el tema es un poco complejo y pareciera que lo mejor sería estudiarlo de forma integral, de modo que la decisión final sea lo más conveniente no solo para las universidades y para el Colegio de Abogados, sino para los estudiantes, razón de ser de todo esto.


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