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El país necesita gobiernos serios, capaces no solo de tomar decisiones sino de ejecutarlas bien. Ya sea para concesionar o construir obra pública, debe contarse con el personal capaz y con transparencia


Indecisión estatal genera altos costos

Las actuaciones de los gobiernos desde que se optó en el país por otorgar en concesión la construcción de carreteras u otras infraestructuras, en vez de que las hiciera el Estado, con algunas excepciones, han llevado a los costarricenses a una difícil y nada conveniente situación.
Desde carteles de licitación o contratos mal elaborados, hasta expropiaciones extemporáneas de acuerdo con los tiempos establecidos en dichos contratos. Desde faltas de adecuados controles sobre la calidad de las obras, hasta consultorías que evidentemente no fueron eficientes, entre otras fallas de importancia, se han comido enormes presupuestos para un país de economía tan pequeña como la nuestra.
Los problemas relacionados con concesiones se iniciaron hace décadas. En el pasado reciente hemos sufrido un “vía crucis” de ingrata memoria por problemas de variados tipos en concesiones de obra pública como el Aeropuerto Santamaría o la carretera a Caldera.
Problemas que en algunos casos incluyen aumento de los costos por retrasos o posibles pagos de indemnizaciones por cancelación de concesiones.
Pero además de eso, la incapacidad y la ineficiencia nos han mantenido durante años sin poder contar con esas infraestructuras, necesarias para el normal crecimiento de la economía nacional.
Como ejemplo de todo esto, que afecta negativamente la imagen internacional del país, tenemos que la administración actual se enfrenta, por asuntos de vieja data no bien resueltos oportunamente y retomados hoy, a conflictos crecientes con los pobladores de las zonas que atraviesa la carretera San José-San Ramón, entregada finalmente en concesión a una empresa para su ampliación y administración.
Es evidente que el país necesita gobiernos serios, capaces no solo de tomar decisiones sino de ejecutarlas bien.
El personal competente para ello debió estar siempre y debe estar hoy en nuestras instituciones —cuyas planillas pagan los contribuyentes— ya sea para otorgar concesión de manera conveniente o para construir, según el modelo que se elija en cada caso.
Un análisis publicado por este medio hoy sugiere tres formas para cambiar el modelo:

1- Que el Estado le enseñara al público de forma anticipada, los detalles de cualquier proyecto. Esto evitaría futuros conflictos.

2- Que el Estado contratara, con transparencia, a los mejores consultores del mundo, en ingeniería y finanzas, para trabajar a la par de sus propios expertos en cualquier proyecto. Esto cuesta caro pero el costo es pequeño, en comparación con el de un proyecto fracasado.

3- En lugar de soñar con megaproyectos, que no se realizan, hacer a la infraestructura modificaciones modestas, constantes y puntuales.

 

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