Exfuncionarios y las asesorías

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Las asesorías que prestan algunos exfuncionarios públicos plantean la urgencia de reformas en el financiamiento a los partidos políticos

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Exfuncionarios y las asesorías

Los servicios que en los últimos años prestan algunos exfuncionarios especialmente si ocuparon altos cargos en diferentes países, incluida Costa Rica, como asesores con jugosas remuneraciones a diferentes empresas multinacionales, plantean un nuevo reto a la ética, la moral y la legalidad que deben regir la relación que existe entre los poderes político y económico.
Ni la lógica ni la legislación tienen por qué impedir a un exfuncionario que brinde asesorías o bien que participe a cambio de una remuneración en empresas con las que pudo haber tenido conexión durante su periodo en el poder.
Lo que exigen el sentido común y la decencia es evitar que surjan áreas grises, en las que los alcances legales tienden a difuminarse por falta de normas o ambigüedad, de modo que no queden en entredicho el buen nombre del exfuncionario o la solvencia moral de la multinacionales.
Tanto la crisis económica como sus consecuencias sociales, junto con ciertas actitudes personales, han erosionado la reputación de algunos políticos e incluso del arte de gobernar, por lo que la contratación de exfuncionarios fácilmente podría desprestigiar aún más este ya cuestionado quehacer, dada una eventual capacidad de influencia que los contratados podrían ejercer en las instituciones de gobierno.
El problema plantea la urgencia de reformas en el financiamiento a los partidos políticos durante las campañas electorales, así como en algunas leyes de la administración pública.
En realidad todo se resume a un fundamento ético que se presume deben acatar las organizaciones políticas y las personas que las integran, en el sentido de anteponer el interés general de la ciudadanía y protegerlo de los efectos indeseables que generan otros intereses, sean personales o de grupos particulares concretos.
No se trata de prohibir a los altos representantes de la política que retornen a la empresa privada, de hecho, parece positivo que lo hagan, sino de evitar cualquier acto que pueda interpretarse como tráfico de influencias, de manera que el derecho que tienen quienes desempeñaron altos cargos, a prestar asesoría, en ningún momento constituya, ni parezca, un conflicto de intereses.
La nobleza obliga, ser consecuente con la dignidad y la reputación edificadas, son fundamentos que han mantenido su vigencia en el transcurso de todos los tiempos. Cualquier personaje público que se precie de líder, de figura ejemplar, no debe conformarse con serlo, también tiene el deber de parecerlo.