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Sábado 13 Abril, 2013

Lo prudente y conveniente es que las decisiones que se adopten sobre estos temas (Estado laico o no) en el ámbito legislativo sean coincidentes


Es hora de decisiones

Según encuestas, casi la mitad de los costarricenses apoyan un Estado laico, mientras que quienes se oponen a la separación entre el Estado y la Iglesia son un poco menos de la cuarta parte de los ciudadanos.
Sin embargo, a pesar de este significativo apoyo y de la existencia de un proyecto de reforma al artículo 75 de la Constitución Política con ese propósito, pareciera que tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo privan la pusilanimidad y el cálculo político.


Por otro lado, según anuncios oficiales, sí se avanza en la negociación de un Acuerdo con la Santa Sede, tema igualmente polémico como el del Estado laico.
En el debate de ambos aspectos existen posiciones antagónicas, cargadas de fanatismo e intolerancia, con manifestaciones anticlericales y antirreligiosas de unos, así como de irrespeto al no creyente por otros.
Con respecto al Estado laico —aparte de quienes lo adversan y abogan por mantener el statu quo— en el propio grupo que lo apoya hay visiones diferentes sobre  cuál es el  rumbo que debe tomar la sociedad y las instituciones políticas al abandonar el Estado confesional actual.
Unos defienden la práctica de una “sana laicidad” o “laicidad positiva”, la que fiel al espíritu del Concilio Vaticano II, la propia Iglesia Católica promueve como base de la relación Estado-Iglesia; una auténtica y madura laicidad que respete la importancia de las raíces, de la historia y de la cultura cristianas y el papel de las religiones en la formación integral de la persona; una laicidad en la que “…la religión, al estar organizada también en estructuras visibles, como sucede con la Iglesia, se ha de reconocer como presencia comunitaria pública”, como la concibe el Papa Emérito Benedicto XVI.
Otros, asumiendo una actitud beligerante con la religión, propugnan por un cambio hacia una sociedad en la que impere una concepción afín al “laicismo” y promueven que la religión se excluya de la vida pública mediante su confinamiento al ámbito privado y de la conciencia individual.
En cuanto al Acuerdo que se negocia, la oposición proviene de quienes no reconocen el papel relevante de la religión en la sociedad, critican los “privilegios” que tiene la Iglesia Católica, la discriminación hacia otras confesiones y denominan a este instrumento jurídico como “concordato”, dándole una connotación peyorativa como si se tratara de una práctica de la Edad Media y no de un instrumento moderno de dos sujetos de derecho internacional, como son Costa Rica y la Santa Sede.
Al contrario, los que lo apoyan lo hacen precisamente por valorar ese papel de la Iglesia en la sociedad y por considerar que es una oportunidad para plasmar claramente la independencia entre Estado e Iglesia — congruente con la decisión soberana que debemos adoptar con la reforma constitucional pertinente— y de poner a todas las religiones en igualdad de condiciones.
La discusión pública ha puesto sobre la mesa los argumentos a favor y en contra de estos temas, por lo que ya es hora de que quienes tienen la potestad tomen las decisiones y definan lo que corresponda.
Lo prudente y conveniente es que las decisiones que se adopten sobre estos temas en el ámbito legislativo sean coincidentes.


Luis París Chaverri

Exembajador ante la Santa Sede