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La ayuda de Conape puede ser fundamental para la aspiración de tener en la realidad, no solo en el discurso, una población cada día más formada

El problema está en los nombramientos

Más dinero para estudiar, como reza el titular de portada de este medio ayer, es coherente con el discurso sobre la importancia de la educación.
Son muchos los jóvenes costarricenses que necesitan préstamos de bajo interés y que puedan comenzar a pagar al finalizar sus estudios.
Es esta su única posibilidad de superarse mediante una mejor formación y en el sistema bancario no lo consiguen, porque en general ni son sujetos de crédito ni están en condiciones de comprometerse a pagar intereses más caros.
Ahora bien, si se trata de devolverle a Conape la disminución de recursos que sufrió en 2008, cuando una parte de los fondos que se le depositaban fueron asignados a la Banca de Desarrollo (desvestir a un santo para vestir a otro que tampoco resultó bien vestido), es necesario hacerlo bien para no achacar a la entidad las fallas de quienes la administran.
En primer término, como dijimos al inicio, la medida parece acertada puesto que no se puede tener un doble discurso diciendo que la educación es lo principal y dejar a muchos costarricenses sin ninguna posibilidad de una carrera.
La falta de suficientes cupos en las universidades estatales, de bajo costo y con las necesarias becas, obliga a los jóvenes costarricenses a buscar universidades privadas.
Estas han llenado ese vacío del país, producido por el aumento de la población, pero no siempre con la calidad deseada y en muchos casos con un alto costo económico que la mayoría de familias no puede pagar.
En estos casos, la ayuda de Conape puede ser fundamental para la aspiración de tener en la realidad, no solo en la retórica, una población cada día más formada.
Pero ser coherentes en ese sentido obliga además a dotar de un buen sistema administrativo a Conape y mantenerlo bajo control por parte de las autoridades superiores. Sin nombrar, para esto último, a más burócratas que a su vez deban ser supervisados.
Muy pocos funcionarios, de probados conocimientos, experiencia y solvencia moral (sin importar su filiación política), deben ser capaces de garantizar que los fondos vayan a quienes se desea, blindando cualquier resquicio por donde pudieran infiltrarse inescrupulosos siempre dispuestos a usufructuar de lo ajeno.
Costa Rica no puede seguir sin contar con lo que su población necesita en lo básico (salud, educación, seguridad, infraestructura) solo porque no se nombre en los cargos correspondientes de la administración pública a las personas idóneas para hacerlo bien, es decir, capaces de administrar sanamente para el bien común.
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