Dinero engavetado: ¿por qué?

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Modificaciones a la ley permitirían acelerar los procesos de licitación pública en beneficio de una ejecución más rápida de aquello que urge la población

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Dinero engavetado: ¿por qué?

Desde hace muchos años los costarricenses sufren problemas porque no se ejecutan en su totalidad los presupuestos públicos aprobados.

Esto perjudica a la población principalmente si dichas subejecuciones significan que no se realizan obras de infraestructura, no se incrementa la capacidad del sector salud, hay falta de mejores planes de seguridad, de programas de fomento de la producción o porque no se contrata el personal idóneo para que las entidades públicas mejoren la atención al público.

Aunque la realidad demuestra que muchos de estos puntos no se mejoran por falta de voluntad política, de buena administración pública y de adecuados controles de rendimiento del personal en las cadenas de mando, en algunos casos se suman a ello las enormes demoras ocasionadas por los procesos de licitación.

Uno de los argumentos usuales intentando justificar la subejecución de los presupuestos públicos, ha sido el hecho de que dichos procesos son muy lentos y sufren casi siempre mayores retrasos aún por las apelaciones que se interponen.

Lo que no es comprensible ni justificable es que los sucesivos gobiernos vean suceder esto sin tomar medidas concretas para solucionar el problema.

Si bien es verdad que las licitaciones públicas deben llevarse a cabo mediante procedimientos establecidos por ley que contemplan tiempos para cada etapa, una buena cantidad de modificaciones a dicha ley podrían acelerar estos procesos en beneficio de una ejecución más rápida de aquello de lo cual está urgida la población.

Para esto se necesita hacer un estudio minucioso de la ley y… justamente para eso están nuestros legisladores y sus cuerpos de asesores.

No obstante, veamos dos ejemplos que pueden mostrar caminos a estudiar y analizar:

-Podría establecerse una lista cerrada de causas en las cuales deberían basarse las posibles apelaciones a una licitación, evitando así cualquier abuso no muy bien fundamentado.

-Podría establecerse, igualmente, que las apelaciones que se presenten deban aportar una garantía.

Estos y otros muchos puntos deberían haberse analizado ya en nuestro Congreso porque elegimos gobernantes justamente para ello, para que modifiquen lo que no está funcionando bien a causa de una deficiente legislación.