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Miércoles, 11 de diciembre de 2024



INVERSIONISTA


Contadores se unen para revisar reglamento

Carolina Acuña cacuna@larepublica.net | Lunes 20 mayo, 2013


“Formamos una comisión para que trabaje de cerca con Hacienda sobre el nuevo reglamento de precios de transferencia, algo que atañe a todas la empresas”, dijo Guillermo Smith, presidente del Colegio de Contadores Públicos. Marco Monge / La República


Tres colegios profesionales firman convenio

Contadores se unen para revisar reglamento

Mal cálculo en precios de transferencia podría costarle millones a su empresa

El pasado viernes los colegios de contadores públicos, privados y el de Ciencias Económicas firmaron un convenio para trabajar en conjunto el tema de precios de transferencia, cuyo reglamento de cálculo está por ser publicado por Hacienda y afectará la labor de los contadores y a las empresas donde trabajan.
Los precios de transferencia son los valores que se registran cuando una empresa vende o compra bienes o servicios a una entidad “hermana” o relacionada.
La importancia de cómo se definan esos precios radica en que si se sobrevalúan las empresas, estas podrían estar defraudando al fisco deliberadamente, pero si se subvalúan, las empresas podrían tener pérdidas; los contadores son quienes registran los movimientos.
Actualmente, la falta de reglas claras tiene en los tribunales pleitos legales entre las empresas y el fisco que equivalen a unos $100 millones, por lo que su definición es clave.
“Con este convenio queremos crear una cultura tributaria entre nuestros agremiados, apoyar y dar alternativas a la administración tributaria de cómo se debe aplicar el nuevo reglamento y apoyar a las compañías a tener una finanzas sanas” dijo Guillermo Smith, presidente del Colegio de Contadores Públicos.
Antes del año pasado, si había alguna diferencia en lo que declaraba la empresa que valía un servicio y lo que el fisco decía que podía costar, se definía una multa que era pagada hasta que todos los procesos de apelación estuvieran en firme. Actualmente, tras una directriz tributaria, la multa tiene 30 días para pagarse, aunque se esté en proceso de apelación, si la sentencia tarda dos años en estar en firme, la empresa no tendrá de vuelta el dinero en ese período.
“Esto es muy grave para las empresas, por lo que capacitar a los contadores y que tengamos cercanía con la Administración es vital para que no se incurra en pérdidas”, agregó Smith.
Tras la firma del convenio se creó una comisión de nueve personas, tres por cada colegio profesional, para que trabaje de cerca con Hacienda y a su vez informe a los agremiados sobre los cambios y cómo implementarlos.

Carolina Acuña
cacuna@larepublica.net







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