Vilma Ibarra

Vilma Ibarra

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Miércoles 17 Abril, 2013

El repudio generalizado y creciente como la espuma en contra de la concesión San José-San Ramón es el catalizador coyuntural de la frustración y el desencanto


Hablando Claro

Políticamente inviable

Tanto la tristemente malograda celebración del 11 de abril, como la próxima del miércoles 24 en conmemoración de la lucha contra la concesión ALCOA (que se advierte nutrida de ímpetus ciudadanos) nos revelan la complejidad de los malestares que se pasean por las autopistas de la democracia costarricense.
Simple. El repudio generalizado y creciente como la espuma en contra de la concesión San José-San Ramón es el catalizador coyuntural de la frustración y el desencanto.
Este es el hecho objetivo, independientemente de que la concesión sea una figura necesaria para el desarrollo nacional (lo cual no es posible debatir en el actual estado anímico colectivo) y sin tampoco entrar a considerar que las arcas públicas no dan más que para soñar ilusamente con la posibilidad de hacer nuevas obras de infraestructura con financiamiento estatal y endeudamiento externo; obras que por lo demás cuando se hacen son como barriles sin fondo que empiezan costando 100 millones de dólares y terminan multiplicando su presupuesto, habida cuenta de los ajustes y el pago de los consabidos atrasos, como ocurre ahorita mismo con la carretera Sifón La Abundancia, la postergada vía de conexión de San Carlos con la GAM, que ya va por $200 millones pagados por todos los costarricenses y está lejos de terminarse.
Lo cierto es que hemos demostrado como país una manifiesta incapacidad para ejecutar obra pública y que como resultado de esa incapacidad tenemos un rezago que nadie discute de prácticamente tres décadas de infraestructura, que vivimos en interminables presas, en exorbitantes gastos de combustible, contaminación, improductividad y otras muestras de atraso y subdesarrollo. Algo muy paradójico, sobre todo cuando según el Banco Mundial tenemos la mayor cantidad de vehículos por habitante; 135 por cada mil, muy por encima de los que nos siguen en la región: Panamá (102) República Dominicana (87) Colombia (53).
Frente a la imperiosa necesidad de contar con más superficie de rodamiento (nueva, mejorada, reconstruida, etc.) todo pasa sin pasar, nada se resuelve y cuando finalmente la Contraloría General de la República da a luz una criatura que lleva nada más y nada menos que 10 años de gestación, resulta que terminamos envueltos en un desencuentro altisonante de repudio social, incapacidad política, comisiones investigadoras que no sirven para nada, poses calculadas de campaña y, por supuesto, los infaltables recursos ante la Sala IV y allanamientos de lente mediático en una atropellada investigación judicial “contra ignorado” según la calificación de nuestra pintoresca Fiscalía.
Es decir, que frente a la compleja realidad social que vivimos, junto con un sistema político en transición hacia no sabemos dónde, todos quedamos pegados en la maraña legal que hemos consolidado por nuestro frenesí de control que pareciera no controlar nada.
Así entonces, tenemos hoy un contrato jurídicamente consolidado y políticamente inviable que termina por hincar a un gobierno que se extingue.
Si tan solo pudiera reaccionar y demostrar un último aliento de coraje y determinación para renegociar y rescatar este contrato, al menos terminaría con dignidad sus últimos días. Aunque ello no resultara suficiente para reencontrarnos como sociedad, es necesario para no perder las esperanzas.

Vilma Ibarra