Destinar ¢43 mil millones para el derroche sería una acción de irreverencia a la patria y una burla a la democracia

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¢43 mil millones en democracia

La democracia es la forma de gobierno en la que, según Aristóteles, la soberanía pertenece a la totalidad de los ciudadanos, independientemente de su nacimiento, fortuna o capacidad. Y para nosotros el fundamento esencial de todos los sistemas democráticos radica en que el origen de la soberanía es la voluntad popular. Aún más, debemos decir que democratizar es hacer demócratas a las personas o democráticas las cosas. Entonces debemos preguntarnos, qué se debe hacer en un país con grandes necesidades en infraestructura, caminos destrozados, puentes con bases erosionadas, zonas rurales sin caminos lastrados, centros educativos funcionando en galerones dañados y sin sanitarios, sin mobiliario ni material didáctico. Un país donde los ciudadanos temen salir a las calles por la inseguridad. Donde los respetables guardias civiles funcionan en lugares que no reúnen las mínimas condiciones de seguridad operacional. En que hay miles de hogares donde por falta de trabajo o planes serios de asistencia social solo hay un plato de comida diaria y que por lo grave de la situación económica miles de menores se dedican a mendigar en las calles y hombres y mujeres escudriñan en los basureros domésticos en busca de objetos para venta o consumo.
Un país donde la indignante actitud de gobiernos de turno en los últimos tiempos, si nos visita algún “importante” gobernante, es esconder nuestra realidad social cerrando calles para que la clase social popular no asome sus rostros ante dichos personajes y ellos crean que este país esta boyante de recursos.
Si la democracia busca, entre otros fines, hacer demócratas a las personas y democratizar el uso de los recursos respetando la soberanía, no se puede concebir que en el país antes descrito se pretenda destinar, por medio de disposición de un Código Electoral que es urgente reformar, el 0,19% del PIB que sumaría un voluminoso monto de ¢43 mil millones, para el concepto de deuda política adelantada, para que algunos dirigentes o “dueños” de partidos sedientos de millones continúen con la preparación de seminarios abstractos, efectuados en el limbo y en el Olimpo.
Dinero para el derroche en propaganda, compra de banderas plásticas que al día siguiente de usadas servirán para obstruir alcantarillas y además, renta de vehículos por montos superiores al valor del mismo vehículo.
El derroche será inconmensurable y los controles serán después de haber gastado hasta el último cinco.
La democracia requiere partidos políticos ideológicamente fuertes, integrados por gente honesta que entiendan que las necesidades de la patria están primero que su obcecado interés personalista. Es necesario que todos los ciudadanos por medio del pago de impuestos contribuyan racionalmente al financiamiento de las campañas políticas, pero al mismo tiempo es obligación del Estado por medio de sus órganos o poderes evitar el despilfarro de los dineros que llegan a su arcas que paga el golpeado pueblo.
Por lo tanto, el pago de la deuda política por adelantado es necesario pero con prudencia en equilibrio con las otras grandes prioridades.
“El gobierno será perfecto cuando en él aparezca la virtud de cada individuo, es decir, cuando sea fuerte, prudente y justo” (Platón, La República, libro IV).

Álvaro Chaves Sánchez

Exdiputado
alcha2004@hotmail.com