Miguel Angel Rodríguez

Miguel Angel Rodríguez

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Sábado 8 Octubre, 2016

Es de esperar que Aresep nunca pierda la mira de defender a los usuarios de servicios que no se prestan con libertad de entrada, sino por concesión

20 años de Aresep

El pasado 5 de octubre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) cumplió 20 años. Es una fecha que merece la celebración de los usuarios de servicios públicos que somos todos los costarricenses. Es una fecha que celebro con especial alegría.
El 25 de setiembre de 1990, cuando tenía menos de cinco meses de ser diputado, presenté a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Transformación del Servicio Nacional de Electricidad) que se tramitó bajo el expediente 11060 para llegar a ser aprobado por la Asamblea Legislativa el 30 de marzo de 1996 en tercer debate, es emitido por la Asamblea el 7 de agosto, recibe el ejecútese del Poder Ejecutivo el 9 de agosto, es publicado el 5 de setiembre y entra a regir como la Ley 7593, 30 días después el 5 de octubre, todos en el año 1996.
Como lo señala su exposición de motivos ya en 1969 como ministro Director de la Oficina de Planificación había presentado un proyecto con el mismo propósito que se tramitó en el expediente 4171 y que lamentablemente fue archivado en 1970.
Cuando lo presenté lo hice para dar cauce a la necesidad de modernizar una institución originada en 1928, a la cual se le habían ido atribuyendo nuevas responsabilidades, sin darle las facilidades para el desarrollo profesional y la autonomía ante el Poder Ejecutivo que sus importantes y delicadas funciones exigen.
Lo hice además para cumplir con una de las exigencias de la Reforma Constitucional de Garantías Económicas que poco antes había presentado, y que incluía la referencia a una Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para proteger los intereses y derechos de los usuarios.
En la redacción de ese proyecto conté con el apoyo del joven y brillante grupo de asesores del que disfruté como diputado en especial de Rolando Chacón y de Walter Niehaus, y de los invaluables conocimientos y ayuda de don Leonel Fonseca.
Claro que en el largo lapso hasta su aprobación ya en una diferente administración, el proyecto fue cambiado en algunos aspectos muy sustanciales. Muchas de las reformas fueron muy importantes, como establecer la figura del regulador general uniendo las de presidente del Consejo y gerente del proyecto original, y las modificaciones a las normas que rigen la operaciones de los entes públicos que tienen a su cargo la concesión de diversos servicios, especialmente los de transporte colectivo de personas.
Siguen vigentes normas originales como la no consideración para precios y tarifas de gastos y de inversiones no necesarios para la prestación del servicio.
Pero desapareció la autoridad que se le daba a cada Gobierno al inicio de su gestión, de recibir de la Autoridad Reguladora, para su aprobación, una propuesta de los lineamientos generales de la política social tarifaria que se aplicaría en cada servicio que afecte el bienestar básico de las familias.
En la ley aprobada se considera como objetivo fundamental armonizar los intereses de usuarios y prestatarios de los servicios. Originalmente el objetivo básico fue la defensa de los consumidores y usuarios en cuanto a tarifas, calidad, confiabilidad y continuidad del servicio; con reglas muy claras de los derechos de los proveedores de servicios en lo tocante a la fijación de tarifas al costo, incluyendo una rentabilidad semejante a la que impera en actividades no concesionadas de giro similar.
Es de esperar que Aresep nunca pierda la mira de defender a los usuarios de servicios que no se prestan con libertad de entrada, sino por concesión.