Cuando vemos la ventana del año 2026 abrirse, nos percatamos de la diversidad de asuntos sobre los que tendremos que estar alerta todos los ciudadanos y en particular los contribuyentes.
En nuestra condición de ciudadanos, los costarricenses nos acercamos con una campaña fría y cargada de indecisos en su intención de voto a la elección del primer domingo de febrero, que puede llevarnos a una segunda ronda el primer domingo de abril.
Daremos inicio, el 8 de mayo próximo, con la aventura de un nuevo gobierno.
Esperamos que enrute a Costa Rica al crecimiento de la actividad económica y mejore la calidad de vida de los habitantes, en materias tan fundamentales como el bienestar económico y la seguridad ciudadana.
Todos los años electorales, en la mayor parte de los países con una democracia robusta como la costarricense, se resaltan valores y principios que han hecho a nuestro país uno del que se han sentido orgullosos nuestros antepasados y celosos los ciudadanos actuales, que deseamos preservar lo fundamental: el progreso, la justicia social y la libertad… Valores que hemos visto debilitarse y que deseamos rescatar para construir nuestro futuro sobre fundamentos duraderos.
En lo fiscal, a pesar de que las cifras económicas agregadas parecen positivas, el bolsillo de la mayoría de costarricenses no percibe tales dimensiones de inflación, capacidad de compra, niveles de empleo reales y retribuciones salariales reales con un valor incremental como lo indican los agregados económicos.
Un indicador de una concentración de riqueza y una brecha en la estructura de clases sociales, que hace a unos pocos bastante más ricos y a una gran mayoría mucho más pobre.
Nos informa el gobierno de unas cifras fiscales desmejoradas en materia de recaudación, sin duda resultado del manejo cambiario del colón costarricense respecto del dólar americano, así como de la caída de la producción real no monetaria.
El aumento del déficit fiscal es resultado del olvido de la disciplina que imponía la regla fiscal, hoy reducida a una mera reminiscencia y de difícil aplicación. Aun con los impuestos introducidos en 2019, esto nos devuelve al punto en que vuelve a soplar el viento a favor de una reforma tributaria.
El Ministerio de Hacienda, manejado casi por dos períodos consecutivos por un funcionario público de carrera, sin contacto con la realidad de lo que es ser empresario, que por cierto quiere seguir en su funcionariado ahora como diputado, manipuló las cifras para maquillarlas, aumentando el impago del Estado a la Caja Costarricense del Seguro Social, con el maquiavélico estandarte de que esta última es una institución financieramente inviable.
A los contribuyentes, mientras tanto, se les exige cumplir con sus obligaciones tributarias; sin embargo, cuando las fiscalizaciones se enfocan más en generar escándalo que en el cobro efectivo, el resultado final es una menor recaudación, debido a la escasez de procesos técnicamente bien fundamentados.
Que una fiscalización sea técnicamente correcta solo significa que cumple con la legalidad y con ciertos criterios técnicos. Sin embargo, aun en esos casos, el proceso implica para el contribuyente costos importantes en tiempo, asesoría y eventual litigio, lo que termina aumentando su carga fiscal indirecta.
Como si esto fuera poco, con el fin de tratar de arrimar más recursos a las arcas del Estado, la novedad de TRIBU-CR y todas sus obligaciones derivadas aumentan la carga de trabajo para los contribuyentes. Las empresas se encuentran con recursos insuficientes y deben contratar, directa o indirectamente más personal para hacer frente a las nuevas obligaciones y evitar que el aparato sancionador se dispare con costos exorbitantes.
Con esto en mente, el año que viene presenta tres vértices de atención que, indudablemente, nos mantendrán a todos ocupados, ya que preocuparse no es una manera de enfrentar estos retos.
Por una parte, tendremos el deber ciudadano de elegir a nuestros nuevos dirigentes, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo.
Por otra parte, habrá que seguirles la pista a las nuevas obligaciones de TRIBU-CR.
Las obligaciones comienzan con el formulario 270, sobre los gastos sin documentación electrónica del año 2025. Este debe presentarse antes del 10 de enero próximo.
También debería enfocarse en el estudio de precios de transferencia del período 2025. Aún cuando su declaración vence en junio, los resultados del estudio son fundamentales para los ajustes en la declaración de renta 2025, a presentarse antes del 15 de marzo.
También en marzo vence la presentación la primera declaración de precios de transferencia, correspondiente para el año fiscal 2024. Es decir, si aún no tiene el estudio de ese período, enero será el mes del corre corre para completarlo.
Como pueden apreciar, se avecina un año para el que hay que prepararse con mucho cerebro frío, una gran capacidad de discernimiento y una planeación de gestión hecha a la medida de nuevas reglas que entran al mismo tiempo a conformar la gran sinfonía de obligaciones fiscales
No hay que desanimar; tampoco hay que dejar de ponernos en marcha. De momento, a disfrutar de una feliz Navidad para, descansados, tomar por los cuernos el año nuevo 2026, que entra al ruedo como el recordado toro “el malacrianza”.





































