Unidad Presidencial de Datos se creó en silencio

La Unidad Presidencial de Análisis de Datos (Upad) fue creada en silencio por el Gobierno de Carlos Alvarado y funcionó un año y medio sin que trascendiera públicamente su existencia.

Y es que la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) -que es la institución pública que vela por la privacidad de los datos de los ciudadanos- no fue notificada de ninguna manera del funcionamiento de esta oficina de inteligencia de Big Data.

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Lo peor de todo, es que Elizabeth Mora, directora nacional de Prodhab, se enteró de su creación hasta que los medios de comunicación denunciaron su existencia hace dos semanas.

A pesar de esto, la Upad tuvo acceso a información sensible de diversas entidades públicas por más de año y medio, incluyendo Migración, Ministerio de Educación e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, entre otras.

“No se puede hablar de omisión en el ejercicio de las competencias de la Agencia, puesto que la Prodhab no podría haber intervenido en una base cuya existencia desconocía (…). Hemos sido enfáticos, también en que no fuimos consultados sobre el alcance o la redacción del texto del decreto”, dijo Elizabeth Mora, directora nacional de Prodhab.

La polémica en torno a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos hace pensar que ha llegado el momento de aumentar la exigencia a la Prodhab, porque su labor es tan importante que no se puede simplemente mirar para otro lado, según Adalid Medrano, especialista en Delitos Informáticos y Ciberseguridad.

“Se debe acelerar el paso porque cada hora perdida tiene un impacto en la seguridad de los datos de los habitantes”, dijo.

La Upad fue disuelta el viernes 21 de febrero por el mandatario al derogar el decreto que le dio vida tras el repudio general de diversos sectores y el inicio de investigaciones por parte de la Fiscalía y la Defensoría de los Habitantes, así como los diputados.

Por otra parte, el mandatario y otros siete funcionarios del Gobierno podrían ir a la cárcel hasta por seis años por el delito de prevaricato si la fiscalía logra demostrar que esto se cometió por la creación de la Unidad de Datos y el manejo de la información privada.

En caso de que se confirmen los otros delitos investigados de abuso de autoridad y violación de datos personales, la sanción sería de hasta diez años en el peor de los escenarios.

Además de Alvarado, Víctor Morales, ministro de la Presidencia, Daniel Soto, viceministro de Planificación, y Luis Salazar, asesor legal de la Presidencia, son investigados.

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El grupo lo completan los tres analistas de datos que trabajaron en Casa Presidencial por un año y medio sin que se conociera su labor.

A pesar de las denuncias de Prodhab, la labor del equipo de análisis de datos fue calificada como pública y expuesta a diferentes instancias, señaló ayer Víctor Morales, ministro de la Presidencia antes de su comparecencia ante los diputados.

“No se tuvo acceso a información como salud, tratamiento terapéutico, información bancaria o de préstamos. No podemos darle la espalda a la Big Data. No ha habido secretismo, ni nada ilegal. La labor del equipo de análisis de datos ha sido pública y expuesta a diferentes instancias. Nunca fue secreto, no estuvo en la clandestinidad, ha sido pública, colgado también en una página pública, de acceso a quienes lo quieran consultar”, dijo Morales.