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Una huelga, ni una lucha social, sin objetivo posible no puede ser triunfante

Vladimir de la Cruz vladimirdelacruz@hotmail.com | Miércoles 03 octubre, 2018


Pizarrón

Una huelga, ni una lucha social, sin objetivo posible no puede ser triunfante

Tres semanas de movimientos de protesta contra el Proyecto de Ley 20580, sobre la reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa, no han llegado a un resultado feliz para quienes organizadamente, convocados por líderes sindicales, y sindicatos, principalmente del sector público, terminaron sus conversaciones, de más de 100 horas con representantes del gobierno.

Llegaron a un acuerdo preliminar, esto hay que decirlo así, porque así fue, de un documento, en que todos los reunidos, dirigentes sindicales y representantes del Poder Ejecutivo, en el Palacio Arzobispal, dieron por avalado. Ese fue el acuerdo por el cual pondrían fin a las movilizaciones de ciudadanos y se integrarían de nuevo a las labores quienes las habían suspendido.

¿Las personas, representantes de esos sectores, sindical, gobierno e Iglesia, estaban facultadas para llegar a redactar ese acuerdo? 

Los representantes del Poder Ejecutivo estaban facultados, estaban investidos de su autoridad y capacidad, podían por sí, en la representación que tenían, para firmar y avalar el documento que finalmente redactaron todos en conjunto.

Los representantes del movimiento sindical, 22 personas, representando 12 sindicatos o uniones sindicales, todos reconocidos líderes, en teoría, estaban igualmente facultados para llegar a acuerdos, avalarlos y firmarlos, en nombre de quienes actuaban. Para eso tenían la fuerza institucional y el reconocimiento social y político de ser los principales dirigentes de esos sindicatos, o uniones de trabajadores, que estaban movilizados y estaban en esa mesa de negociaciones representándolos. Quizá este fue un error de representación sindical, 12 sindicatos y 22 dirigentes discutiendo, de diferentes organizaciones, de diferentes intereses, porque no había una voz única, sólida, que hablara por todos ellos. En cierta forma expresa desconfianza entre ellos mismos, entre los mismos dirigentes de un mismo sindicato que llevaba su contraparte, dos por sindicato.

Sin embargo, el documento finalmente elaborado, aprobado por todos los que estaban allí reunidos esa madrugada, del pasado viernes, redactado por todos ellos, en el cual todos estuvieron de acuerdo, resultó un plato de babas.

Resultó un plato de babas no por el contenido del documento, lo cual puede discutirse si fue lo mejor que pudo lograrse para los representantes sindicales, sino porque quedó en evidencia que ninguno estaba facultado para tomar decisiones, para poder llegar a acuerdos definitivos, ni ninguno tenía, en la realidad, la fortaleza institucional de su representación, de su liderazgo, para tomar decisiones definitivas sobre lo acordado y redactado por ellos conjuntamente con los representantes del Gobierno, en presencia de los representantes eclesiásticos. Parafraseando a Mao Tse Tung, los líderes sindicales eran tigres de papel.

Todos salieron en carrera a presentar el documento, escrito y avalado por ellos, ante sus asambleas sindicales, las que finalmente tendrían la palabra, la capacidad de decisión final respecto a lo acordado. Si así era su procedimiento, ¿para qué fueron a la suspensión de labores?, ¿para qué se sentaron durante más de 100 horas a elaborar un documento, redactado por ellos también, que tenían que someter a esa consulta?, ¿qué clase de dirigencia ejercen?

Obviamente, se ha puesto en evidencia una dirigencia disminuida, debilitada, incapacitada en sus facultades de liderazgo real para llegar a firmar y tomar acuerdos en nombre del liderazgo que ostentan.

Las consecuencias de la firma en un acuerdo como este todas las partes las asumen ante sus representados, pero deben firmarse y acatarse en lo que valen, sobre todo después de 100 horas de deliberaciones como los mismos dirigentes sociales han señalado.

Para mí, toda la dirigencia sindical que estuvo en esa lucha y en esa negociación, si no tuvo la entereza y la fuerza moral de su propia representación, para asumir ante sus bases la responsabilidad de lo pactado, debe renunciar, y dejar espacio a nuevos liderazgos.

Esta lucha ha puesto en evidencia de esta manera esta débil representación real de los dirigentes sindicales. ¿Con qué autoridad pueden presentarse a una nueva mesa de negociaciones, si al resultado de esta también deben ir a consultar a sus bases, en asambleas, lo que pacten? Está claro que es una situación como la de un perro mordiéndose su propia cola.

Los dirigentes históricos del movimiento sindical, de las décadas anteriores a 1990 tenían esa fuerza moral, esa fuerza institucional, ese reconocimiento social y político de poder llegar a acuerdos, firmarlos, y cumplirlos. Y tenían la fuerza moral y política para ir a presentarles a sus bases sindicales lo acordado, defenderlo si había que hacerlo, y de acatarlo. Cuánta falta hacen dirigentes como Rodolfo Guzmán, Carlos Luis Fallas, Isaías Marchena, Rodrigo Paniagua, Jesús Campos, “Pingüino” en la Zona Sur, Álvaro Montero Vega, Carlos Vargas, José Joaquín Meléndez, Luis Armando Gutiérrez, Guido Núñez, Gilbert Brown, Denis Cabezas, Luis Fernando Alfaro, por citar algunos.

Los actuales dirigentes sindicales, en esta situación han quedado debiendo, han quedado al desnudo. Y son víctimas, ellos mismos, de su llamada “democracia de la calle”, de un ultrademocratismo que han venido validando, de hacer ver que todo se resuelve en la calle, que todo debe pasar por la aprobación final de las asambleas de sus respectivos sindicatos, que todo lo deben someter a consultas, devaluando y debilitando su propia capacidad de negociación y de representación.

Devolver lo acordado por los 22 dirigentes a sus bases sindicales, para tomar una decisión final, es fomentar el anarquismo político en la toma de decisiones, es fomentar el acratismo político y movilizador, valiéndose de todos los resentimientos sociales y políticos que se pueden exaltar en situaciones como estas, con asidero o no en la realidad. Ningún acuerdo al que lleguen los dirigentes sindicales, considerados en sus propias bases, va a contar con el 100% de aprobación. Basta que un afiliado esté en contra, y basta con que ese afiliado en la Asamblea tenga cierta capacidad analítica y discursiva para descarrillar lo actuado y desaprobar lo pactado a firmar.

¿Qué tal si así se actuara en los órganos de representación política, en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, donde a los diputados se les ocurriera llevar lo que van a firmar a sus partidos políticos, a las asambleas nacionales o provinciales de sus partidos, para sobre esa base ellos proceder? No se podría legislar ni gobernar.

Hay responsabilidades políticas que se asumen con los cargos, y quienes las asumen deben entender que con ellas encaran apoyos o críticas, apoyos y reclamos, hasta ponen en juego sus propios puestos.

Los movimientos de protesta, y de movilización ciudadana, que se convocaron y se hicieron durante estas tres semanas fueron irresponsables en sus objetivos.

La lucha contra el llamado paquete fiscal puede haber sido correcta, pero fue equivocada la forma de la lucha contra este, sobre todo por los métodos empleados condenados por la ciudadanía.

El Proyecto de Ley 20580 está en trámite en la Asamblea Legislativa. Cualquier lucha que se quisiera hacer contra ese Proyecto es presionando en la Asamblea Legislativa. Todas las movilizaciones debieron ser hacia la Asamblea Legislativa. Es a los diputados a los que hay que llegarles con las posiciones de presión. Llevar la presión social a la Casa Presidencial era perder el tiempo, porque el Proyecto de Ley no está en discusión en el seno del Consejo de Gobierno. A lo sumo en el gabinete ministerial están de acuerdo los ministros con la actuación del Poder Ejecutivo, y sus representantes en cualquier negociación que a su nombre se haga.

Las luchas sociales, las luchas obreras, las luchas sindicales deben hacerse con objetivos posibles. La lucha contra el paquete fiscal, en la forma como la desarrollaron era, y es hasta ahora, una lucha imposible en sus objetivos de detenerlo.

Todas las luchas sindicales que en el pasado se han dado en el país, que enorgullecen la democracia social y el Estado Social de Derecho, por lo que han aportado como derechos y libertades a la convivencia social y democrática del país, han resultado de negociaciones, de acuerdos, donde los que los pactaron y llegaron a ellos, y cedieron en lo que les correspondía, para poder aprobar a lo que llegaban.

Todas las luchas sindicales y obreras prácticamente han sido declaradas ilegales por los Tribunales de Justicia. De excepción muy pocas luchas obreras fueron declaradas legales, y algunas de ellas declaradas legales fueron saboteadas por la misma resolución judicial. De manera que, el problema de la ilegalidad de las huelgas seguirá siendo una amenaza contra cualquier movimiento huelguístico que se quiera impulsar, sobre todo, ahora, con la Reforma Procesal Laboral, donde se establecen muy claramente todos los pasos que deben seguirse para ir a un movimiento de protesta, de características huelguísticas, que pueda ser sustentado ante los tribunales de manera correcta para su declaratoria de legalidad.

Cuando los tribunales han venido declarando ilegales todas las movilizaciones de suspensión de trabajo, que han realizado los sindicatos y han llamado a hacer los dirigentes sindicales, excepto una, ha quedado en evidencia también que se carecía de una estrategia de lucha meramente reivindicativa, socioeconómica, laboral, de defensa de los derechos existentes, de consolidación de los mismos, de ampliación de ellos o de lucha por nuevos derechos.

Esto ha puesto en evidencia, y por discursos de algunos dirigentes de las movilizaciones, los paros, las suspensiones de trabajo, y las huelgas convocadas, de que era una lucha política contra el Poder Ejecutivo, contra la figura del Presidente de la República y su Ministro de la Presidencia, a quien metieron en el yugo de sus ataques.

Y era también una lucha política sin objetivos. Porque si la lucha hubiera sido con objetivos políticos debió encaminarse contra la presencia de ambos funcionarios públicos, de ambos representantes políticos en el gabinete, y se debió haber pedido la renuncia de ambos, y todas las marchas debieron haber tenido ese foco de atención y de presión, y hubieran sido válidas las concentraciones, hasta permanentes, ante la Casa Presidencial. Y con ellos la caída de todo el gabinete ministerial. Pero esto tampoco estaba en las demandas ni en los objetivos. Lo único que florecía en este aspecto de la lucha era minar la figura presidencial, desgastar la imagen política del Presidente de la República y de la Presidencia de la República, como institución, lo único que afloraba de vez en cuando era una lucha contra toda la clase política, pero muy desdibujada, poco focalizada, ni vinculada a la lucha contra la Reforma Fiscal. Ni siquiera pudieron darle a esta lucha un carácter de lucha de clases, abiertamente contra los ricos, y contra los que en esta lucha se movilizaron criticando que eran beneficiados o no perjudicados por la Reforma Fiscal.

Todo esto me indica que los objetivos de la lucha iniciada no eran claros. O que siendo claros, lo único que se ponía de manifiesto era una especie de “clavo” de algunos dirigentes sindicales contra el Presidente de la República, quien sabe por qué ofrecimiento incumplido. La forma personalista con que se quería hacer comparecer al Presidente a la mesa de negociaciones exhibía este morbo del enfrentamiento personal, de “irse a sacar clavos”, a “reclamarle en persona”, cosas que de todas maneras, como se vio al final, los sindicalistas allí asistentes no iban a avalar, aunque hubieran participado en la redacción y en el acuerdo del documento elaborado finalmente.

Por otra parte, tampoco había en la lucha una opción alternativa de parte de los sindicalistas en la negociación.

Lo discusión del Proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa exigía de parte de los líderes sindicales y de la movilización ciudadana, que hubieran encauzado toda su energía para tratar de modificar los que les parecía que podía y debía ser modificado del Proyecto en la Asamblea Legislativa, con los diputados.

Y exigía también una elaboración de proyectos de ley alternativos al proyecto fiscal, como un todo si ese hubiera sido el camino.

El Proyecto de Ley 20580 desde que se conoció y era objetado por estos dirigentes sindicales y sus organizaciones, debió haber tenido un proyecto alterno, introducido por algún diputado, que los hay de simpatía con estos sindicatos y esta lucha, sobre el que debió movilizarse la gente, como dos modelos de visión de la sociedad costarricense en esta materia. Esto no se produjo.

Tampoco se produjo la elaboración de proyectos de ley que paralelamente se hubieran ido discutiendo para enriquecer o complementar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está más que claro que lo que se discuta en la Asamblea Legislativa y se resuelva en ella es resorte propio de este Poder de la República. De esta manera se pone en evidencia también la falta de una visión estratégica y táctica correcta de los líderes de este movimiento, evidenciando únicamente su propósito político de lucha contra el Poder Ejecutivo, contra su imagen pública, a favor de su desgaste, sin medir seriamente las consecuencias de esta situación ante el surgimiento de movimientos populistas irresponsables que puedan darse.

La lucha de los dirigentes sindicales también ha tratado de sustituir la representación política de quienes, por decisión democrática, tienen en sus manos esta discusión, que son los diputados. ¿Es eso lo que se quiere? ¿Se desea convertir estos movimientos, a sus organizaciones no políticas, laborales o sindicales, y a sus líderes, en el poder fáctico de las decisiones políticas?

La materia fiscal no es objeto de referéndum. No se puede convocar un referéndum para que la ciudadanía como un todo decida. Siendo así, es en la representación parlamentaria donde descansa hoy el asiento de los ciudadanos, de todos, los que se han movilizado y los que no, por la representación que tienen los diputados, para tomar esta importante decisión en torno a si se aprueba o no el Proyecto 20580. Cualquier lucha que no esté encausada en esta dirección será perdida.

Cuando José Figueres dijo en su gobierno, de 1970-1974, que la “huelga es huelga”, lo hizo en función de una huelga bananera, de trabajo, que demandaba luchas concretas de carácter socioeconómicas, que al declararla ilegal se mantuvo en la realidad, y el Gobierno como la compañía tenían interés de resolver. Envió a sus ministros Danilo Jiménez y Francisco Morales a negociar ese final. Fue muy criticado por haber llegado al acuerdo que le puso fin. Fue cuando dijo esa frase famosa reconociendo que era una situación de la realidad que había que resolver, pero habían objetivos, metas y logros que era posible darles a los huelguistas. Los huelguistas ganaron dentro de lo que negociaron. Igualmente, en esa huelga Figueres fue muy criticado porque negoció con los dirigentes sindicales comunistas. Y dijo: “¿Y con quién iba a negociar, si eran ellos, los dirigentes comunistas los que la dirigían?”.

Pero, en la condiciones del actual movimiento de protesta después de ver la debilidad de los dirigentes sindicales ante sus propias bases, asambleas y dirigentes intermedios, ¿con quién puede negociar el Gobierno, si del Gobierno se trata? Aquí no estamos como en Fuenteovejuna.

La lucha y suspensión de labores desarrollada hasta ahora ha sido abortada por la propia dirigencia sindical. La ilegalidad de las huelgas declaradas amenaza a los movilizados con rebajas en sus salarios, principalmente. Ningún dirigente sindical tiene esta amenaza porque sus salarios se los pagan los sindicatos, y de los dirigentes sindicales que tienen licencia laboral para dedicarse a la labor sindical, el Estado tampoco puede rebajarles a ellos porque están en función de su condición de dirigentes amparados a las convenciones colectivas que les protegen sus salarios.

La ilegalidad mantenida en la lucha esta semana, y el incumplimiento del documento acordado para ponerle fin a la llamada huelga, hay que tener claro que no obliga al Gobierno, al Poder Ejecutivo, a mantener lo allí dispuesto con relación a los extremos de salarios y de reposición de días laborales. Hay días que ya no se pueden reponer, en el caso del Magisterio, con la pérdida efectiva para los estudiantes y sus familias, hay situaciones que tampoco se pueden reponer con la urgencia y emergencia que tienen en el campo de la salud, y la vida, de quienes dependen de ciertos procedimientos quirúrgicos.

Una huelga, ni una lucha social, sin objetivos posibles no puede ser triunfante. Un esfuerzo enorme de los movilizados, un alto grado de conciencia adquirido en esta lucha ¿hasta cuándo puede llegar?, traducido en procesos electorales, que es, finalmente, donde se expresa la voluntad política de los ciudadanos.

Para mí es claro que Carlos Alvarado Quesada, como candidato de su Partido Acción Ciudadana, siempre estuvo de acuerdo con este Proyecto de Ley 20580, mencionándolo con su número, que estuvo de acuerdo con él antes de la primera vuelta electoral, y que estuvo de acuerdo, ante la segunda vuelta electoral, de igual forma.

Carlos Alvarado Quesada y el Partido Acción Ciudadana, que él representó hasta el 2 de abril, no engañó a nadie. Ni siquiera a sus aliados de su segunda vuelta que también estaban de acuerdo con este proyecto. No engañó electores. Puede ser que los electores no leyeran adecuadamente el mensaje político, pero eso es harina de otro costal, o que los otros temas finales dominantes de la campaña, relacionados con derechos humanos, opacaran la mente de los electores en este asunto político.


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