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Tendencia electoral a quebrar el voto y enmarañamiento burocrático son factores que facilitan trabas y obstaculizan avance
Recrudece duelo contra pertinaz ingobernabilidad

• Pese a fuerte rivalidad política, el presidente Oscar Arias augura que saldrá avante al final de su gestión
• Planes de gobierno que no deben pasar por el Legislativo y Judicial son los que logran fructificar sin complicaciones


Eduardo Baldares
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A cuatro meses y una semana del “segundo tiempo” de la actual administración, el presidente Oscar Arias hizo ver la presión que ejerce sobre él un enemigo recurrente de los últimos mandatarios: la ingobernabilidad.
Entre algunos avances y proyectos importantes entrabados, Arias adujo que está cansado de intentar hacer cosas que urgen y encontrar obstáculos, que se rechacen medidas simplemente porque vienen de su gobierno y de tratar de concretar obras en un país donde se critica a toda costa porque se cree —equivocadamente— que esa es la mejor forma de practicar la oposición.
Empero, en su alocución del 15 de setiembre, dejó claro que no piensa claudicar.
Si el gobierno fuese visto como una empresa, la ingobernabilidad sería para el presidente como que a un gerente general no se le permitiese gerenciar.
Aunque el estancamiento del país obedece en parte al antagonismo político, otros factores pueden servir de ancla con el potencial de detener el avance: el enmarañamiento burocrático, las trabas judiciales y la imagen gubernamental a través de algunos medios de comunicación.
La oposición en una democracia es necesaria; sin embargo, cuando hay fuerzas sociales y políticas en relativo equilibrio y cada una jala en diferente dirección sin capacidad de dialogar ni llegar a acuerdos, es muy posible que se genere una crisis como la que está sufriendo Costa Rica.
También puede ser resultado de una inmadurez política tal que genere “oposición a ultranza de todo lo que proponga la contraparte”, amplió Alberto Cañas, escritor.
Actualmente, en el Congreso parece tener más fuerza la capacidad de oponerse que la facultad de aprobar leyes.
“Es increíble que sigamos en este cuello de botella que ha sido el Tratado de Libre Comercio —con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Cafta)—, y que algunos colegas usen cada escándalo que sale en la prensa para politizarlo, darse promoción y salir opinando en todos los medios en lugar de hacer lo que deberían: legislar”, comentó Federico Tinoco, diputado oficialista.
La tendencia del costarricense a quebrar el voto por temor a que el Poder Ejecutivo amarre también al Legislativo sería la causa de un Congreso fraccionado y de esquivo consenso.
En cuanto al enmarañamiento burocrático se refiere, el principal debate tiene su centro en la dialéctica regulación-desregulación.
El consenso en este tema apunta a que es necesario fortalecer el control, pero reducir la tramitomanía.
Nadie cuestiona la importancia de la Contraloría General de la República, pero sí se le critica como ejerce su función y desde diferentes flancos, principalmente porque “son evidentes los problemas del Estado para ejecutar sus propios presupuestos”, razonó Francisco Barahona, politólogo.
“No se puede poner ni una tilde sin tener que reportárselo a la Contraloría, por lo que en lugar de gestores públicos nos hemos convertido en tramitadores de gestiones para la Contraloría”, opinó Luis Diego Vargas, ex viceministro de Concesiones; mientras que el diputado José Merino, del Frente Amplio, considera que a la entidad le ha faltado enfatizar en una acción preventiva, puesto que “lo usual es que se pronuncie cuando ya se han cometido los despropósitos”.
Sobre el tema del entrabamiento judicial, las críticas se enfilan al tiempo que se tarda para resolver las decisiones y a las constantes consultas sobre estas.
El mejor ejemplo se da con el Congreso, que remite una y otra vez a consulta constitucional cuanto proyecto sale, práctica que en legislaturas anteriores era la excepción y ahora se ha convertido en una regla que rezaga la entrada en vigencia de las leyes.
Además, la ausencia de reformas al sistema judicial para agilizar trámites ha generado una sobrecarga de trabajo, con la consecuente lentitud para resolver.
El caso más reciente es el de la Sala IV cuando encontró errores en el procedimiento legislativo de la última ley necesaria para que el Cafta entre en vigencia, que consiste básicamente en la ausencia de consulta a los pueblos indígenas sobre el proyecto.
Marco Vinicio Ruiz, ministro de Comercio Exterior, cuestionó la tardanza del fallo, porque se dio muy próximo con el término de la prórroga que los demás países signatarios del tratado le concedieron a Costa Rica.
Leonel Fonseca, ex regulador general, considera por su parte que la Sala IV s
í ha sido un elemento de ingobernabilidad, pues “los habitantes y personas jurídicas se han visto obligadas a acudir y abusar de ella en procura de defensa de sus derechos”.
Finalmente, la prensa es sin discusión un factor de presión para la administración pública, porque en el ejercicio de la función periodística se puede desencadenar un ambiente adverso o favorable a la imagen del gobierno ante la sociedad. Esto depende tanto de la responsabilidad de los medios como del accionar en sí de los gobernantes.
De esta percepción depende la fluidez que pueda tener el Ejecutivo para actuar en el desarrollo de sus proyectos.
“Una prensa nacional cada vez más crítica y fiscalizadora no promueve la ingobernabilidad”, asegura Cañas.
El periodista y escritor puso de ejemplo el memorando que le costó el puesto al vicepresidente Kevin Casas, y el reciente caso de los denominados “bonos chinos”, en el que se tuvo que desvelar los detalles de la negociación por mandato de la Sala IV.
Ya revelado el misterio, Cañas no vio nada “malo” en el convenio
Esta transacción más bien dejó dividendos para el país, reflejados en un ahorro de casi $100 millones.














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