¿Los diputados habrán realizado un análisis del efecto que un combustible más barato tendrá en el esfuerzo pesquero y en la situación de nuestros recursos pesqueros?

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Subsidios en combustible

Resultado de las diversas “negociaciones” que antecedieron las pasadas elecciones del Directorio Legislativo, resalta la nueva ley que fue aprobada en la Asamblea Legislativa, y que refiere a la interpretación auténtica de los artículos 45 de la Ley de Creación del INCOPESCA y 123 de la Ley de Pesca.
Esta aprobación denota el desconocimiento y la ingenuidad con las que se ha forjado nuestra errática política pesquera. Este proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias, reduce el costo del combustible subsidiado para los pescadores en más de un 25%.
El subsidio otorgado a la flota pesquera nacional representó el año pasado cerca de ¢10 mil millones ($113 millones desde 2006). Cualquiera esperaría que en una operación que involucra miles de millones de colones anuales exista una clara idea de los beneficios a alcanzar, el proceso de distribución a usar, y el impacto social y ambiental que resultará de este subsidio.
En este caso particular, se debe ser especialmente cuidadoso ya que este subsidio, sus canales de distribución y sus supuestos beneficios han sido (por años) seriamente cuestionados en informes de la Contraloría General de la República, de la Auditoría del MINAE y en comunicados del sector pesquero artesanal, quienes alegan que el subsidio no cumple sus objetivos, carece de controles y muestra señales de despilfarro.
Estos miles de millones no benefician a la mayoría del sector pesquero. Solamente un grupo reducido de pescadores que viven cerca de los centros de distribución de combustible subsidiado, un pequeño número de empresarios que se dedican a su distribución, dueños de barcos grandes, e inclusive flotas extranjeras, se benefician de él.
Ya desde 2008, la Contraloría General y más recientemente (2012) la Auditoría del MINAE, advirtieron que este país carece de mecanismos, estudios y capacidad institucional para controlar este plan de subsidios al combustible y que no se puede asegurar si está siendo usado adecuadamente o si con él se están logrando los objetivos económicos, sociales y ambientales que se persiguen.
Nuestro país por décadas ha permitido, irresponsablemente, la pesca sin basarse en estudios técnicos que determinen cuánto recurso hay en nuestros mares y cuántos barcos y licencias deben ser permitidos. Lo único que sí se conoce con certeza es que nuestros recursos están hoy sobreexplotados.
¿Los diputados habrán realizado un análisis del efecto que un combustible más barato va a tener en el esfuerzo pesquero y en la situación de nuestros recursos pesqueros? ¿Al aprobar un subsidio de miles de millones de colones, se aseguraron que los mecanismos de control estaban funcionando? ¿Establecieron indicadores que determinen si realmente se está beneficiando a la mayoría del sector pesquero?
Alimentar, con miles de millones de colones al año, un sistema lleno de deficiencias e irregularidades, carente de adecuados controles, que beneficia a unos pocos y que tiene impactos económicos, sociales y ambientales dudosos, no es la forma de ayudar al sector pesquero. Con este tipo de acciones solo estamos condenando al sector pesquero a la pobreza.

 

Jorge Jiménez Ramón

Director general de MarViva