Rodrigo Chaves no irá a levantamiento de inmunidad: “Mandatario no se prestará a intereses politiqueros”, según gobierno

Tras aseverar que no hay claridad sobre el protocolo a seguir para garantizar su derecho a la defensa y que existen posibilidades de que la oposición rompa el quórum reglamentario para no conocer el tema por falta de apoyo, el Gobierno anunció que el presidente Rodrigo Chaves no participará de la sesión del Congreso que pretende levantarle su inmunidad.

La noticia surge horas después de que se diera a conocer un audio en donde Vanessa Castro, legisladora del PUSC y vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, conversa con una asesora legislativa, en el que se manifiesta la posibilidad de que no haya sesión del Parlamento esta tarde porque la oposición no tiene los 38 votos para quitarle la inmunidad al mandatario.

“No es claro si los diputados realmente están dispuestos a someter a votación el eventual desafuero del presidente Chaves, ante un video que circuló profusamente ayer, en el que la presidenta interina del Congreso, Vanessa Castro, sugiere una maniobra para romper el quórum, con el fin de impedir la votación ante la probabilidad de que no tengan suficientes votos para lograrlo (…) Ante estas circunstancias, el presidente considera que la decisión más respetuosa con los dueños de la patria, el pueblo de Costa Rica, es no prestarse a intereses politiqueros por encima de la clara evidencia de que no existe ninguna transgresión a la ley ni a la Constitución”, dijo la Presidencia.

La inmunidad es un beneficio que tienen los integrantes de los supremos poderes para hacer su trabajo sin miedo a enfrentar problemas legales.

Sin votos

Si por la víspera se saca el día, todo parece indicar que la oposición no tendría los 38 votos que se requieren para quitarle la inmunidad al presidente este martes por la tarde.

De hecho, todo depende de que no haya ausencias de diputados y, más importante aún, de que los nueve diputados del PUSC voten a favor de retirarle el beneficio al mandatario.

Al presidente se le investiga por el supuesto delito de beligerancia política, que básicamente consiste en usar fondos públicos o realizar manifestaciones político-electorales para favorecer a algún candidato o partido.

En caso de que se levante la inmunidad, el Tribunal Supremo de Elecciones podrá continuar con las 15 denuncias que agrupó sobre este tema y, si lo encuentra culpable, podría destituirlo e inhabilitarlo para ocupar cargos públicos por cuatro años.

La inmunidad es un beneficio que tienen los integrantes de los Supremos Poderes para ejercer el cargo sin temor a ser enjuiciados.

El 22 de septiembre anterior, cinco de los nueve legisladores del PUSC votaron en contra y, con ello, la oposición solo sumó 34 de los 38 votos que se requerían. En aquella ocasión, se analizó el tema a solicitud de la Fiscalía para proceder con un caso de concusión, un delito de corrupción.

Sin embargo, Leslye Bojorges, Melina Ajoy, Carlos Andrés Robles, María Marta Carballo y Horacio Alvarado, del PUSC, votaron en contra de la decisión. A esta altura, la fracción se ha manejado con mucho hermetismo, por lo que no se sabe qué harán.

Mientras tanto, Liberación Nacional, el Frente Amplio, el Partido Liberal Progresista y los diputados independientes sí darían el voto para levantar la inmunidad, sumando un aproximado de 34 votos.

Finalmente, los siete diputados de Nueva República ya indicaron que no darán sus votos, y tampoco se puede contar con el respaldo de los legisladores oficialistas, como Pilar Cisneros.

En medio del inédito proceso legislativo para definir si se le levanta o no la inmunidad, el presidente lanzó la semana pasada un mensaje a los diputados.

“Habrá consecuencias, habrá repudio para quienes respalden la medida”, dijo el mandatario.