Reforma eléctrica es impostergable ante avance de la región y llegada de tecnologías

El tema de la reforma al modelo eléctrico debe ser uno de los prioritarios en los debates que se generen en el próximo proceso electoral.

La apertura del mercado, la venta de activos del ICE –como algunas plantas generadoras– para hacer una readecuación financiera, la creación de un ente rector sólido del mercado y la independencia del Centro Nacional de Control de Energía (Cence), para que las decisiones sobre la compra de energía no dependan del ICE, son algunos de los temas que deben considerarse.

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No hacer una transformación en el corto plazo que garantice una reducción de las tarifas, dejará rezagado al país en competitividad, amenazando la llegada de mayor inversión extranjera como consecuencia de los altos costos de producción que este insumo les genera.

Además, enrrumbaría al país en el sentido contrario a la necesidad de reactivar la economía y ampliar la oferta de empleo, ante la fuerte crisis agravada por la pandemia.

Estas son algunas de las conclusiones del Foro “El papel de la energía eléctrica en la reactivación económica de Costa Rica post Covid-19”, organizado por LA REPÚBLICA.

El conversatorio, que tuvo como panelistas a Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Pablo Heriberto Abarca, diputado socialcristiano y José Corrales, empresario eléctrico, se centró en las amenazas, problemas y medidas que se deben tomar en el corto plazo para garantizar un servicio eléctrico de calidad a un bajo costo que posicione a Costa Rica como un país aún más atractivo para invertir.

Entre las amenazas se evidenció el avance eléctrico en países del istmo, como Guatemala, que cuenta con una legislación que la coloca a la vanguardia en el mercado regional.

Otra presión identificada es el surgimiento de tecnologías que garantizan un menor costo de la factura eléctrica, como la solar o las baterías, que son necesarias incorporar en el sistema costarricense para no quedar fuera de la tendencia mundial.

Estamos en este escenario crítico en el que debemos tomar decisiones con rapidez por no abordar de manera integral las soluciones a la crisis de 2007, cuando el país sufrió apagones nacionales por la incapacidad de atender la demanda, coinciden los analistas.

El esfuerzo país que se generó en su momento liderado por el ex presidente Oscar Arias en la definición de una hoja de ruta, no tuvo eco en el gobierno de Laura Chinchilla donde se plantearon reformas menos agresivas que tampoco pudieron avanzar; en tanto que Luis Guillermo Solís no habló del tema y Carlos Alvarado dejó claro desde la campaña que no abordaría la apertura, detalló Montenegro.

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Como consecuencia de esta desatención el costo de la electricidad se duplicó entre 2007 y 2014 y no se ha podido bajar, advirtieron los panelistas.

La necesidad de alquilar plantas térmicas, que operan a base de combustibles, para atender la crisis, la construcción del proyecto Reventazón al doble del costo estimado y con una tercera parte menos de producción y la definición de las políticas eléctricas por el operador principal y no por el Minae, como rector del sector, son algunas de las causas de la pérdida de competitividad, enumeró Corrales.

“Hay momentos en que la energía vale menos de $0,03 centavos y a cuánto se lo están vendiendo a ustedes en las casas, muy cerca de $0,20 y a los industriales muy cerca de los $0,14 y Costa Rica está exportando a $0,04; eso quiere decir que lo que se está haciendo es subvencionando la energía fuera del país”, cuestionó el empresario eléctrico.

A esto se suma la falta de voluntad en la Asamblea Legislativa en promover las reformas a pesar que se conoce de la gravedad que vive el país y de contar con varias propuestas de reforma en agenda, reconoció el diputado Abarca.

Sin embargo, los panelistas ven un pequeño alivio en cuanto al costo de la energía para 2021, por la determinación de la Aresep de exigirle al ICE al cumplimiento de las normas internacionales de información financiera NIFF, que permitirán una rebaja en las tarifas de hasta un 30% en algunos sectores.

Esas medidas llevarán al ICE a, entre otras cosas, ampliar los plazos de los fideicomisos, de manera que una planta que tiene una vida útil de 30 o 40 años se pague en ese plazo y no como se hace en la actualidad que se liquidan en 10 o 20 años, con el fuerte impacto que eso genera en las tarifas.

Los participantes del foro destacaron además un esfuerzo de la actual administración del ICE en tratar de revisar sus números en procura de reducir sus costos, para que se refleje en mejores tarifas.