Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Si el gobierno está pensando que puede convocar a un referéndum para decidir el futuro de Crucitas está muy equivocado, de acuerdo con Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio (FA) y abogado ambientalista.
El legislador advierte que una consulta popular sobre este tema sería inconstitucional, debido a que involucra derechos humanos fundamentales, como el derecho a disfrutar de un ambiente sano.
“Yo le diría al gobierno que ya está bueno de intentar engañar a la gente. Ustedes en el gobierno saben perfectamente que un referéndum en donde estén implicados asuntos de derechos humanos, como es el derecho del ambiente o cualquier otro tipo de derecho humano, no se puede llevar a referéndum, porque los derechos fundamentales de las personas, como un ambiente sano, no son disponibles para las mayorías. Ellos lo saben”, manifestó Araya a LA REPÚBLICA.
El legislador también cuestionó las condiciones en las que se desarrollaría una eventual consulta popular, al considerar que podrían existir desequilibrios entre las partes que defiendan las distintas posiciones.
“Las reglas del juego en un eventual debate de un referéndum no están claras, porque se permite que aquellos que tengan más micrófono y más plata puedan llegar con su mensaje de manera más potente que las personas que no están de acuerdo, y eso hay que equilibrarlo”, agregó.
Las declaraciones del diputado surgen luego de que Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y de Hacienda, anunciara que recomendará a la presidenta Laura Fernández convocar a un referéndum para resolver el futuro de la minería de oro en Crucitas.
Chaves se refirió al tema durante un conversatorio sobre el proyecto Parque de Tecnología Ambiental, realizado en Turrúcares de Alajuela, donde responsabilizó al Frente Amplio y al Partido Liberación Nacional (PLN) de impedir que el país tome una decisión sobre la situación de la zona.
“Nosotros somos un gobierno ambientalista, no 'ambiocomunista'. El desastre que causó Edgardo Araya y toda esta gente del Frente Amplio en Crucitas es algo que no hemos podido corregir precisamente por ellos. De hecho, yo le voy a sugerir a la señora presidenta que lo lleve a un referéndum. No sé si ella lo va a hacer”, declaró el jerarca.
La administración de Fernández pretende subastar el oro existente en Crucitas y utilizar los recursos obtenidos para financiar inversiones en educación, seguridad y salud. De acuerdo con el Colegio de Geólogos, el valor del oro presente en la zona rondaría los $10 mil millones.
En Costa Rica existen tres vías para convocar una consulta popular de este tipo.
La primera consiste en una iniciativa ciudadana respaldada por las firmas de al menos el 5% del padrón electoral. La segunda requiere el voto favorable de 38 diputados de la Asamblea Legislativa.
La tercera posibilidad contempla que el presidente de la República solicite al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la convocatoria de un referéndum. En ese escenario, la iniciativa debe recibir el respaldo de al menos 29 legisladores para que pueda avanzar el proceso.
El referéndum es un mecanismo de democracia directa que permite a los ciudadanos aprobar o rechazar propuestas de ley. Uno de los antecedentes más relevantes en Costa Rica ocurrió en 2007, cuando los costarricenses votaron sobre la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
