Rodrigo Chaves recomendará a Laura Fernández someter minería de Crucitas a referéndum
Con los 31 votos de la bancada oficialista de Pueblo Soberano la oposición no podría evitarlo
Tras aseverar que la oposición del PLN y el Frente Amplio no permite a Costa Rica tomar una decisión sobre el desastre de Crucitas, Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y Hacienda, recomendará a la presidenta Laura Fernández convocar a un referéndum.
El jerarca se refirió al tema durante un conversatorio sobre el proyecto Parque de Tecnología Ambiental, realizado en Turrúcares de Alajuela.
“Nosotros somos un gobierno ambientalista, no ‘ambiocomunista’. El desastre que causó Edgardo Araya y toda esta gente del Frente Amplio (FA) en Crucitas es algo que no hemos podido corregir precisamente por ellos... de hecho, yo le voy a sugerir a la señora presidenta que lo lleve a un referéndum. No sé si ella lo va a hacer (....) ¿En qué cabeza cabe que esa gente son protectores del ambiente?”, dijo Chaves.
En esencia, el referéndum es un mecanismo de democracia directa que permite a la ciudadanía aprobar, modificar o derogar leyes mediante el voto popular, tal y como se hizo en el 2007, cuando los ticos salieron a votar para aprobar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
Para convocar un referéndum hay tres formas. Las primeras dos son con la firma del 5% del padrón electoral o el voto positivo de 38 diputados.
La última posibilidad es que el presidente solicite al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) hacer la consulta. En este caso, la decisión tiene que ser validada por 29 legisladores para que arranque el proceso.
En este último caso, Fernández tiene 31 legisladores, por lo que no habría inconveniente para convocar la consulta.
Por otra parte, los referendos solo se pueden hacer una vez al año y únicamente seis meses antes o después de las elecciones presidenciales.
En los referendos, los costarricenses votan por un proyecto de ley, o incluso varios proyectos al mismo tiempo, y solo deben escoger entre “sí” o “no”.
La materia hacendaria, presupuestaria, de pensiones y crediticia para el Estado está vedada de un referendo. Tampoco se pueden hacer cambios a la Constitución ni decidir sobre temas de minorías, según la Sala IV.