Reflexiones: ¿Será necesario un acuerdo con el FMI?

¿Será necesario un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI? Quiero dejarles para su reflexión a mis lectores, la pregunta que he venido cuestionando en las últimas semanas. Ciertamente, no podemos ocultar que vivimos una crisis económica y social, agudizada por la situación de la pandemia sanitaria. Es correcto, que hemos visto en unos cuantos meses duplicarse el desempleo, ampliarse la pobreza y profundizarse la tendencia al alza en el déficit fiscal y el tamaño de la deuda pública. Es claro que tenemos perdedores en la industria turística y en el comercio doméstico, así como, los bancos y la construcción. Estos elementos son hechos que no podemos objetar. Ante lo anterior, podemos actuar con los instrumentos propios del Estado o será necesario tener un crédito y un acuerdo con el FMI. Paso a describir razones válidas para evitar lo segundo, es decir, las razones que deberíamos tener para evitar a toda costa, un acuerdo con el FMI.

Primero, el país no está en bancarrota como dicen algunos. La situación económica del país ha sido de una clara estabilidad de precios domésticos y de tipo de cambio, lo que refleja una posición de reservas monetarias internacionales que superan los 8 mil millones de dólares y que mantienen un tipo de cambio muy estable a pesar de la pandemia y de los efectos sociales de la misma. Esta condición es central y muy diferente a la última vez que tuvimos una crisis profunda en el año 1981. La estabilidad externa de la economía y la estabilidad de precios son factores que no hablan de una crisis de demanda, sino por el contrario, estamos ante lo que Shumpeter llamaría, una crisis de oferta. El verdadero problema es el ajuste social, del empleo y de la producción de miles de pequeñas y medianas empresas que están cayendo en bancarrota y que han visto un detrimento en su condición productiva y económica.

Segundo, el país tiene una amplia y diversificada oferta exportable que no se ha visto afectada sustancialmente frente al deterioro de la salud, sobre todo por la especialización productiva y por las características de la inversión en cadenas de valor global. En el peor de los casos la crisis ha apuntalado las deficiencias de la cadena de valor que rápidamente se han adaptado a las nuevas condiciones. El problema central de oferta se ha concentrado en las cadenas de turismo, de comercio y de servicios locales. El proceso de transformación productiva se ha acelerado y generado grandes oportunidades en nichos tecnológicos nuevos y ha obligado a replantearse y reinventarse las industrias tradicionales. Muchas de las cuales solo se han acelerado en su deterioro que venía de todos modos, con o sin pandemia.

Tercero, el Estado costarricense cuenta con los instrumentos propios y la capacidad para readecuarse ante los acontecimientos del COVID-19. Es fundamental acudir a crédito reconstructivo, más no a un crédito recesivo de ajuste en el Estado. La revisión del Estado no debe de estar en su tamaño sino en su capacidad para responder a los nuevos desafíos de la economía post COVID-19. La digitalización completa de los servicios públicos, el reordenamiento de las funciones en salud, educación, seguridad, servicios públicos es fundamental. La apuesta por nuevas áreas tecnológicas y de transporte son vitales. La sociedad costarricense exige a gritos un mejor Estado, no un Estado más pequeño. Las apuestas por vender, privatizar o desmembrar la institucionalidad pública ya suenan en los corrillos empresariales y ni que decir de la oligarquía costarricense ahora amparados a los economistas neoliberales que soplan por doquier. No existen razones de fondo para vender en medio de la pandemia ninguna de las instituciones o empresas públicas, más allá de la voracidad e intereses comerciales de quienes proponen tan exagerada e inapropiada medida.

Cuarto, el verdadero problema está en cobrar mejor los impuestos, reducir las exoneraciones y fortalecer los impuestos directos que son esencialmente neutros a la producción y disminuyen la brecha de distribución de la riqueza, el verdadero problema post COVID-19. Dada la ampliación del deterioro social y dados los niveles de desigualdad previos existentes. Las medidas de ajuste público a la loca y sin fundamento técnico sólo agravarían la incapacidad pública y debilitarían el accionar del Estado. El ajuste de lo público debe de venir en el marco de una reforma de funcionabilidad y eficacia en las acciones, más no en momentos de acelerado estrés, dónde podemos tomar una medicina peor a la enfermedad que pretendemos curar. Endeudarse con el FMI no es barato y tampoco es necesario financieramente, por el contrario, será más caro que utilizar las letras del tesoro.

Cobrar mejor los impuestos, eliminar temporalmente las exoneraciones fiscales para que todos contribuyamos al estado de calamidad nacional es esencial, utilizar las letras del tesoro para reinventar las MIPYMES de cara al nuevo entorno será vital, capitalizar a los bancos públicos y fortalecer la protección social con una renta mínima universal son propuestas que no necesitan de un acuerdo con el FMI. El país requiere pensar fuera de la caja, tal como ha recomendado la Comisión Económica para América Latina CEPAL, dejar la ideología monetarista que nos agobia y apuntalar una clara respuesta shumpeteriana, basada en redefinir la oferta, no en reducir o afectar la demanda. Hoy por hoy, no necesitamos un acuerdo con el FMI para salir adelante, repito, la medicina del FMI puede ser peor, que la enfermedad, crisis de oferta, que tenemos en frente.