Recorte a pensiones de la Corte en la cuerda floja

El recorte a las pensiones del Poder Judicial se encuentra en la cuerda floja, debido a la dificultad de obtener los 38 votos necesarios en el Congreso.

La cercanía del proceso electoral y el marcado ausentismo legislativo de los últimos meses, también complicarían la aprobación del proyecto, el cual tiene como objetivo reducir el déficit de ¢5,3 billones en ese régimen jubilatorio.

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Como la Corte ya se pronunció en contra de la propuesta, la Asamblea quedó obligada a conseguir dos terceras partes de su integración, para aprobar el plan, tal y como lo establece la Constitución Política en su artículo 167.

“Cuando el Poder Judicial veta un proyecto que incide en su organización o funcionamiento, los diputados estamos obligados a obtener mayoría calificada para apartarnos de ese criterio. Esto complica la aprobación del plan, no solo porque lograr 38 votos es difícil, sino porque cada vez más la campaña electoral incide y hemos notado dificultad para conseguir quorum en la Asamblea”, reconoció Ronny Monge, diputado de Liberación Nacional.

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En estos momentos, los empleados de la Corte pueden pensionarse con un cálculo que se hace con el 100% de los últimos 24 salarios y no tienen límite en cuanto al monto a recibir, por lo que en algunos casos hay exmagistrados que disfrutan de ¢9 millones o ¢10 millones mensuales.

Mientras tanto, los trabajadores del sector privado que cotizan con el IVM de la Caja, reciben como máximo ¢1,5 millones después de toda una vida laboral y la jubilación se estima de acuerdo con los últimos 240 salarios percibidos, por lo que a final se le deposita alrededor de un 60% de lo que ganaba cuando dejó de trabajar.

Si no se hace nada, a partir de 2029 comenzará un declive en el fondo de pensiones, ya que las contribuciones de los trabajadores serán insuficientes para pagar las pensiones, mientras que diez años después las reservas empezarán a decaer y para 2048 se agotará completamente el régimen.

Esta realidad hará presión sobre los diputados de todos los partidos, a juicio de Johnny Leiva, diputado del PUSC y presidente de la comisión especial que analizó el tema.

“En el caso de la Unidad Social Cristiana y de este diputado, no nos moveremos de los cambios que ya se dictaminaron en la comisión especial. Si Liberación, el PAC, los partidos cristianos y nosotros nos mantenemos firmes, obtendremos los 38 votos”, aseveró Leiva.

La iniciativa aumentaría el porcentaje de cotización de los trabajadores hasta un 15%, establecería un tope máximo de ¢4 millones y una contribución especial de un 50% por encima del límite.

Por otra parte, impondría la edad de retiro en 65 años, mientras que la pensión adelantada solo se conseguiría a los 60 años y con al menos 35 años de servicio.

Esta propuesta hizo que los empleados judiciales se declararan en huelga por dos semanas, afectando todos los servicios, incluido medicatura forense.

En días pasados, la Corte Suprema de Justicia y los sindicatos propusieron un nuevo proyecto a los diputados, el cual crearía una ventana de excepción de diez años, para que los empleados judiciales pudieran seguir pensionándose bajo las mismas condiciones.

“El dictamen de mayoría aprobado por la comisión especial legislativa sobre este tema no se apega en todos sus extremos al estudio técnico actuarial realizado por la UCR como se ha querido decir”, indica un comunicado del Poder Judicial en donde se cuestionan las conclusiones de los legisladores.

Ajustes

Los diputados ya dictaminaron un proyecto de ley para ajustar las pensiones de la Corte, pero el proyecto no cuenta con el respaldo del Poder Judicial. 

Fuente Poder Judicial y Asamblea