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Karim Khan puede decir que conoce los dos lados de la barrera.
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), que ha solicitado órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y los líderes de Hamás, defendió en su día a figuras controvertidas acusadas de crímenes parecidos a los que hoy persigue.
"No veo diferencia alguna entre procesar un caso y defender a un acusado", dijo poco después de ser elegido para el mandato de 9 años que inició en 2021.
Para el británico, el derecho es, al fin y al cabo, el derecho, y tener experiencia en ambos lados "le mantiene a uno con los pies en la tierra" y también le ayuda a evitar ideas corrosivas como "pensar que el abogado defensor es la encarnación del diablo o que, como fiscal, está uno haciendo 'el trabajo de Dios'", reconoció entonces a la publicación especializada Opinio Juris.
Khan ha demostrado esta semana no tener miedo a embarcarse en algunos de los casos más controvertidos del mundo.
Combativo, carismático y, según algunos, con un punto de arrogancia, Karim Khan ha desatado las críticas de Israel y sus aliados, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, por poner por primera vez a un gobernante israelí en la misma categoría que Omar el Bashir, Vladimir Putin o Joseph Kony: la de acusado de crimen de guerra.
Su decisión, sobre la que ahora deberá pronunciarse un grupo de jueces de instrucción de la CPI para determinar si las pruebas respaldan las órdenes de detención, le ha valido incluso amenazas.
Él mismo relató en una entrevista con la CNN que mientras estaba llevando a cabo las pesquisas para montar el caso contra Netanyahu, algunos "líderes electos" se le acercaron y fueron muy directos en sus observaciones: "este tribunal está hecho para África y para matones como Putin", aseguró Khan que le dijo un mandatario, de quien no reveló la identidad.
Un grupo de senadores republicanos estadounidenses llegaron incluso a dirigirle una carta pública en la que le amenazaban, tanto a él como a su familia, de prohibirle la entrada en el país si seguía adelante con la investigación. "Estás advertido", finalizaba la misiva.
Pero Khan no se echó atrás.
Durante el anuncio de su decisión el pasado lunes, el fiscal jefe de la CPI no dudó en responder a "los intentos de impedir, intimidar o influir indebidamente sobre los funcionarios" del tribunal advirtiendo de que su oficina "no dudará en actuar" si tal conducta persistía.
Karim Khan nació hace el 30 de marzo de 1970 en Edimburgo, Escocia. De padre paquistaní y madre británica, Khan se interesó desde joven por el derecho humanitario, en parte por su trabajo voluntario con la Comunidad Ahmadía, una rama perseguida del islam, a la que él pertenece.
Estudió Derecho en el prestigioso King’s College de Londres para trabajar después en la oficina del fiscal general y de ahí dar el salto a la justicia internacional.
Ejerció tanto de abogado defensor como de fiscal ante diversas cortes internacionales, entre ellas los tribunales penales para la Antigua Yugoslavia, Ruanda, Libano y Sierra Leona.
Tuvo entre sus clientes a figuras controvertidas como Seif al Islam, hijo del que fuera líder libio, Muamar al Gadafi, o Charles Taylor, el expresidente de Liberia acusado de crímenes de guerra.
También defendió al entonces vicepresidente de Kenia William Ruto, que fue acusado de instigar la violencia postelectoral que dejó más de 1.200 muertos en 2007, e incluso consiguió que el tribunal desestimara el caso.
El hecho de que Kenia fuera luego uno de los países que impulsaron su candidatura a la CPI sembró algunas dudas sobre el proceso.
Khan fue nombrado en 2018 por el secretario general de la ONU, António Guterres, asesor especial y jefe del equipo encargado de investigar los crímenes cometidos por el grupo Estado Islámico en Irak.
El 12 de febrero de 2021, Khan fue elegido fiscal jefe de la CPI para un período de 9 años y prestó juramento el 16 de junio de 2021.
Es el tercer fiscal en la historia de la CPI, creada en julio de 2002.
El abogado británico reemplazó en el cargo a la jueza gambiana Fatou Bensouda, contra la que el gobierno del entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, había impuesto sanciones por su decisión de investigar posibles crímenes de guerra de las tropas estadounidenses en Afganistán.
El caso se había iniciado en 2020 y buscaba investigar no solo los potenciales crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en el país centroasiático, sino también los de los talibanes y las propias fuerzas armadas afganas.
La respuesta del entonces secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, fue que la CPI era una "institución completamente rota y corrupta".
Washington levantó, sin embargo, estas sanciones en abril de 2021, cuando ya se sabía que Khan reemplazaría a Bensouda, aunque aún no había asumido el cargo.
Cuando, meses después, Karim Khan anunció que retiraba a Estados Unidos de la investigación sobre Afganistán para centrarse en la acciones de los talibanes y de Estado Islámico, la decisión recibió un aluvión de críticas de organizaciones de derechos humanos.
"Algunos dijeron entonces que Karim Khan estaba siguiendo la voz de su amo", analiza para BBC Mundo Thomas Verfuss, presidente de la Asociación de Periodistas ante la Corte Penal Internacional, que lleva décadas siguiendo diariamente la información sobre los tribunales de La Haya.
Khan fue elegido para el cargo con el apoyo de su país, Reino Unido, y, según se dijo, con el visto bueno de Estados Unidos e Israel, a pesar de no ser países signatarios del Estatuto de Roma que dio origen a la CPI.
"Por eso muchos pensaron que estaba haciendo lo que sus amigos los estadounidenses querían, ya que no había motivos para no seguir investigando los crímenes de las tropas de EE.UU. en Afganistán que, por lo que sabemos de organizaciones de derechos humanos, son horribles", recuerda Verfuss.
Sin embargo, "ahora en esta situación en Palestina vemos que no está siguiendo la voz de su amo", y está demostrando una mayor confianza en sí mismo y su trabajo, añade el veterano periodista.
La cuestión de los territorios palestinos ha sido, precisamente, otro de los asuntos por los que Khan ha recibido críticas desde su nombramiento.
Su antecesora decidió en 2019 que existía una base razonable para iniciar una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos por miembros del ejército israelí, Hamás y otros grupos armados palestinos.
La CPI le dio luz verde en 2021 al considerar que el tribunal podía ejercer su jurisdicción sobre los territorios palestinos.
Entre otras cosas, la fiscal quería investigar el establecimiento de asentamientos ilegales en Cisjordania y las violaciones de la Convención de Ginebra durante la guerra de Gaza de 2014, en la que se acusó a Israel de atacar, entre otras cosas, instalaciones de la Cruz Roja y a Hamás y otras milicias de utilizar a los civiles como escudos humanos.
Sin embargo, una vez Karim Khan asumió el cargo, la investigación pareció quedar estancada, para desesperación de muchos grupos de defensa de los derechos humanos que llevaban años intentando que el caso llegara a la justicia internacional.
Su visita a Israel tras los ataques de Hamás el pasado 7 de octubre, que desencadenaron la actual guerra de Gaza, le valieron críticas de aquellos que veían una inclinación hacia el bando israelí, mientras que la investigación sobre los sucesos en los territorios palestinos parecía quedar relegada.
Poco después visitó el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, donde se acumulaba la ayuda humanitaria por el bloqueo que Israel impuso a la Franja.
Khan advirtió entonces de que impedir el paso de ayuda a la población de Gaza podía constituir un delito bajo la jurisdicción de la CPI.
Siete meses después, la advertencia se ha hecho realidad, y Khan ha acusado a Netayahu y a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, de, entre otras cosas, provocar hambruna como método de guerra y de causar intencionalmente grandes sufrimientos a la población de Gaza.
También ha solicitado órdenes de detención para tres líderes de Hamás: Yahya Sinwar, quien es el jefe del grupo en Gaza, así como los dirigentes Ismail Haniya y Mohammed al Masri.
A todos ellos los acusa de ser responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, por actos cometidos el 7 de octubre y después, como exterminio, asesinatos, toma de rehenes o violaciones.
La de Netanyahu es la segunda orden de arresto contra un mandatario internacional que emite el fiscal jefe de la CPI en poco más de un año, aunque la del primer ministro israelí todavía debe ser confirmada por los jueces de la Corte.
En marzo de 2023, el tribunal penal de La Haya ordenaba la detención del presidente ruso, Vladimir Putin, al considerar que es responsable de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia.
La CPI también emitió una orden de arresto contra la comisionada rusa para los derechos del niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova.
Rusia, como EE.UU., Israel o China no son signatarios del Estatuto de Roma, que estableció formalmente la Corte Penal Internacional, por lo que el tribunal no puede ejercer su jurisdicción en su territorio y solo podría arrestar a Putin -o a Netanyahu si finalmente la CPI emite la orden de arresto- si viajara a un país signatario.
Los de Rusia, Israel y los territorios palestinos no son, sin embargo, los únicos casos abiertos que investiga actualmente la Corte Penal Internacional.
Karim Khan anunció en noviembre de 2021 la apertura de una investigación preliminar sobre posibles crímenes contra la humanidad perpetrados por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en la represión de las protestas de la oposición venezolana en 2017.
Venezuela es el único país de América Latina que tiene una investigación abierta en la CPI.
Según Khan, existen "bases razonables" para creer que funcionarios gubernamentales y militares perpetraron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas a disidentes durante las protestas de 2017, en las que fallecieron 125 personas.
El gobierno de Maduro presentó un recurso de apelación ante la CPI en el que exigía detener el avance de las investigaciones en su contra.
Los jueces de apelación rechazaron por unanimidad todos los alegatos del recurso el pasado marzo y dieron luz verde a la Fiscalía de la CPI para reanudar las pesquisas sobre los abusos.
El gobierno venezolano criticó el fallo y consideró que "responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido".
En cualquier caso, las recientes palabras de Khan ante el parlamento venezolano, que visitó el pasado mes de abril, sintentizan bien su labor, ya sea en Rusia, Venezuela, Israel o los territorios palestinos: "mi trabajo no es ser popular y estoy seguro de que no lo voy a ser. Mi trabajo es aplicar la ley".
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