¿Quién debe cargar con la vergüenza?: los juicios de Franca Viola y Gisèle Pelicot

La historia judicial de la violencia sexual en el mundo puede leerse como una larga pedagogía de humillación femenina. Durante siglos las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, en paralelo han sido juzgadas por los tribunales, no solo por los hechos, sino también por sus conductas, reputaciones y hasta vestimentas. Frente a ese legado, dos mujeres han marcado una línea de ruptura política y moral: Franca Viola y Gisèle Pelicot.

En Italia, a mediados de los años sesenta, la ley aún permitía que un violador eludiera la cárcel si aceptaba casarse con su víctima. El llamado “matrimonio reparador” no reparaba nada: borraba el delito y trasladaba la culpa a la mujer. En ese contexto, Franca Viola fue violada en 1965 por su exnovio, además de ser secuestrada por él con la ayuda de un grupo de amigos. La sociedad esperaba el desenlace habitual: silencio, boda, olvido, impunidad. Pero Franca dijo no. Su negativa a casarse fue un desafío frontal al orden social y jurídica de la época.

El juicio contra su agresor se celebró en 1966. Franca reclamó justicia para sí misma y dejó en evidencia que el sistema legal estaba diseñado para preservar el honor masculino, no la dignidad femenina.

Casi sesenta años después, en Francia, Gisèle Pelicot, volvió a enfrentarse a la misma pregunta fundamental: ¿quién debe cargar con la vergüenza? Durante una década su marido y decenas de hombres la drogaron y violaron cuando estaba inconsciente. Una vez recabó pruebas, Gisèle hizo una denuncia, renunció al anonimato y exigió un juicio público. En un sistema que suele proteger a los agresores con el manto de la discreción y la duda, ella eligió, al igual que Franca, la exposición para desplazar la vergüenza hacia donde siempre debió estar. No aceptó el lugar de víctima silenciosa. Exigió que los nombres y los actos de los culpables quedaran registrados ante la sociedad.

En el caso de Franca, tras casi dos años de juicio, el tribunal italiano dictaminó la culpabilidad de los acusados y rechazó totalmente el “matrimonio reparador” como solución legal. El exnovio fue declarado culpable de secuestro y violación, y condenado a 11 años de prisión. Sus cómplices también recibieron condenas de cárcel. El tribunal reconoció el derecho de la víctima a negarse a casarse con su agresor sin perder honor ni protección legal.

Cuatro meses después de iniciar el juicio de Gisèle, el tribunal francés condenó a 20 años de cárcel a su esposo por reclutar a hombres para abusar de ella durante diez años. Los otros 50 acusados recibieron penas de entre 3 y 15 años. Todos los hombres escondieron sus caras con mascarillas negras durante el proceso en el juzgado. Gisèle se mantuvo con su rostro descubierto dejando claro un mensaje: ningún acto de violencia sexual puede ser justificado, y las mujeres no están en juicio. Los hombres sí.

Posterior al suceso que captó las portadas de los medios de comunicación en Italia, Franca Viola, eligió mantener su vida privada y evitó convertirse en figura pública o autora. Solo apareció en contadas ocasiones en actos oficiales relacionados con derechos de las mujeres o reconocimientos institucionales, sin embargo, su gesto contribuyó decisivamente a que Italia aboliera en 1981 el matrimonio reparador y reformara su legislación sobre delitos sexuales.

Gisèle Pelicot, recientemente, el 16 de febrero, publicó con gran éxito el libro “Himno a la vida”, su primera obra tipo memorias (traducido a 20 idiomas), en las que narra su historia personal, incluyendo los abusos sufridos y su lucha durante el juicio que se volvió emblemático internacionalmente.

Franca Viola y Gisèle Pelicot no comparten solo el hecho de haber sido violentadas. Comparten algo más incómodo para el poder: se negaron a aceptar el pacto social que exige a las mujeres cargar con la culpa para que los hombres conserven la respetabilidad. Ambas forzaron a los tribunales a mirarse al espejo y a decidir si estaban allí para administrar justicia o para perpetuar una tradición de impunidad.

Las dos mujeres presentaron la denuncia formal ante la policía. No intentaron resolverlo en privado ni proteger la reputación familiar: eligieron el camino judicial desde el primer momento, con el objetivo de desplazar la vergüenza y el escrutinio social desde la víctima hacia los agresores, y dejar constancia pública de los hechos para que no pudieran ser relativizados, negados ni olvidados.

Dejaron claro que violencia sexual no es un malentendido cultural, ni un exceso pasional, ni un asunto privado. Es un crimen. Y cada vez que se pregunta qué hizo una mujer, cómo se comportó o por qué habló —o no habló—, qué ropa llevaba puesta, se está desviando la atención del único lugar legítimo: la responsabilidad masculina.

Ambas nos dieron la gran lección de que los tribunales no deberían ser escenarios donde las mujeres se defienden de la sospecha, sino espacios donde los hombres responden por sus actos. La vergüenza no es una prueba judicial ni una pena accesoria. Es un residuo ideológico que debe ser expulsado del derecho en cualquier país del mundo.