Contraloría definirá la adjudicación de $38,8 millones tras una nueva apelación
El ente contralor admitió una apelación que cuestiona la adjudicación de $38,8 millones a IT Servicios de Infocomunicación
Cortesía/La República.
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La Contraloría General de la República admitió para trámite un recurso de apelación contra la adjudicación de la red de transporte de datos (backhaul) que el Instituto Costarricense de Electricidad necesita para su red móvil 5G. El recurso lo presentó el consorcio Datasys-CIBERC-ITC, en el que participan dos empresas multinacionales de origen estadounidense.
El 18 de setiembre, el ICE adjudicó las partidas 4, 5 y 6 del concurso a IT Servicios de Infocomunicación S.A. (ITS), representante de Cisco en el país, por $38,8 millones. Lo hizo fuera del periodo de ley. La segunda oferta por precio, del consorcio apelante, fue de $42,6 millones.
Mismo requisito, distinto resultado
El centro de la apelación es si el ICE aplicó la misma regla a dos ofertas que, según el recurso, presentaban el mismo tipo de documentación.
Entre los requisitos de admisibilidad, el cartel pedía a cada empresa una carta del propio fabricante que la acreditara como distribuidora autorizada de sus equipos en Costa Rica.
La empresa GBM presentó una carta firmada por Microlink, un intermediario con sede en Colombia, en lugar del fabricante AXIS. El ICE rechazó esa oferta al considerar que solo el fabricante puede otorgar esa acreditación.
El recurso sostiene que la oferta de ITS presenta la misma situación: la certificación de AXIS está emitida a favor de Microlink, y en ella ITS figura como "aliado comercial" del intermediario. GBM quedó fuera del concurso; ITS resultó adjudicataria. La apelación señala un esquema similar en los equipos de fibra óptica de CommScope.
Las tres partidas incluyen equipos, licencias y mantenimiento de la misma red.
El consorcio solicita anular la adjudicación, declarar inelegible a ITS y adjudicarle las partidas 4, 5 y 6.
Próximos pasos
ITS y el ICE tienen seis días hábiles, improrrogables, para responder y aportar pruebas. La Contraloría cuenta con 30 días hábiles para resolver, aunque en casos de infraestructura y telecomunicaciones ese plazo suele ampliarse. El órgano contralor también recordó que puede anular de oficio la adjudicación si encuentra una nulidad absoluta, evidente y manifiesta.
