¿Qué medidas fiscales se vislumbran en el ambiente?

En medio de un ambiente de gran convulsión global, por una diversidad de frentes de guerra que desangran especialmente el Medio Oriente, sin dejar de lado la larga guerra de Rusia y Ucrania; se desatan otras guerras, estas de orden económico, que resuenan en las paredes del resto del mundo.

En las gestas armadas hay consecuencias económicas, siendo la de Medio Oriente especialmente profunda dada la concentración de recursos energéticos en el suelo, tanto como los que transitan por el estrecho de Ormuz y la ubicación de este en el tránsito de muchos otros bienes que están en riesgo de desabasto en el mundo occidental.

Para ilustrar, ya para este momento, Recope solicitó la consideración de alza de combustibles a la ARESEP como consecuencia de los efectos iniciales del conflicto bélico, donde tanto la destrucción de refinerías como el obstruccionismo al tránsito de buques petroleros que normalmente circulan por encima de 150 al día por el estrecho de Ormuz, están teniendo un primer impacto en la economía costarricense.

Por otra parte, tenemos una guerra económica declarada entre Estados Unidos y China, donde los efectos en el bienestar de los consumidores afectan tanto a unos como otros de los bandos, especialmente cuando hablamos de aranceles y su impacto en la competencia y competitividad de los países, que solo pueden enfrentar con recursos propios internos los golpes que están afectando nuestra propia economía por esta dinámica de poderes de los grandes inversores globales.

En medio, una Europa fraccionada y debilitada en su capacidad de generación de riqueza con el concomitante impacto en los niveles de consumo e inversión, quedando atrapados, en particular los países latinoamericanos, en medio de los vaivenes de los gigantes de la economía mundial.

En este ambiente, definir cuáles rutas tiene el Poder Ejecutivo para paliar los efectos de esta tormenta económica en ciernes debe partir de la condición actual de las finanzas públicas, vistas estas desde la perspectiva tanto monetaria como fiscal.

Las políticas monetarias son de más rápida y ágil puesta en marcha; dependen fundamentalmente de la voluntad de Casa Presidencial y Banco Central.

Medidas como la reducción de las tasas de interés a niveles cada vez menos atractivos para los capitales especulativos (otrora llamados capitales golondrina), han provocado una acumulación de reservas que presionan significativamente a la baja el tipo de cambio, haciendo cada vez más dependiente al país de los bienes y servicios importados.

De igual forma, el Banco Central debe soltarse de la meta de inflación que ha sido su eje monotemático, donde a toda costa y a alto precio de destrucción de los medios de producción nacionales, se ha mantenido en altas tasas y bajo tipo de cambio.

En una economía de guerra como la que vivimos, depender de bienes importados para cubrir las necesidades básicas, perdiendo soberanía alimentaria para empezar, es un riesgo que trasciende a lo meramente económico y rebasa de forma peligrosa y atrevida los pesos y contrapesos de la paz social y el acceso a los bienes básicos y los no tan básicos.

Los países productores no solo aprovecharán la coyuntura para aumentar de manera especulativa sus precios de venta a los que importamos, sino que procurarán los más sensatos asegurar y proteger la propia soberanía alimentaria, aumentando la escasez, que es el combustible de la escalada de precios de la tormenta perfecta.

Las soluciones monetarias deben activarse rápidamente, en especial para el fomento de la producción nacional con plazos, términos y condiciones de carácter excepcional. Los conflictos que hoy dominan los medios no son de corta duración; apenas ofrecen períodos de aparente paz temporal.

Por eso, hay que blindar los medios de producción nacional con ventajas especiales, no solo para los bienes de consumo, sino para todos los sectores de la economía, con el fin de activar el consumo y generar más riqueza, empleo y bienestar.

Todo lo anterior está en la mesa de trabajo de dos entes que pueden actuar de forma inconsulta, tal es el caso del Banco Central y Casa Presidencial. Es urgente la acción inmediata de un cambio en la dirección de las políticas monetarias para atacar por este medio al menos parcialmente el asunto de emergencia global que vivimos.

El otro camino, aunque necesario, presenta sus propias dificultades.

La nueva conformación de la Asamblea Legislativa ofrece viabilidad numérica para aprobar leyes fiscales, pero el margen es estrecho. La participación legítima — aunque desgastante— de grupos de interés y de presión, con sus intereses contrapuestos, hace que las decisiones fiscales no lleguen con la rapidez que la emergencia económica exige.

Si queremos estimular la actividad económica, aumentar el consumo de bienes y servicios e incrementar la generación de riqueza, necesitamos nuevas inversiones que, impulsadas por políticas monetarias acertadas, sean el motor de más empleo y prosperidad.

Una reforma fiscal orientada en esa dirección debería reducir las tarifas de los tributos al consumo, en concreto el IVA, y ofrecer estímulos a la reinversión. Esto incluye reducciones en el impuesto sobre la renta y créditos, directos o indirectos, por la creación de nueva inversión o empleo.

Paralelamente, aumentar el ingreso disponible de las personas físicas es clave. Esto implica elevar los mínimos exentos, reducir las tarifas y ampliar los tramos para que no se llegue tan rápido al 25%. Liberar esos recursos permitiría que las personas consuman más, aceleren la economía y nos permitiría dejar atrás el miedo a la inflación — porque hoy nos debatimos entre esa amenaza y una recesión profunda

con un desempleo socialmente insostenible.

Sin embargo, por atractivo que sea este enfoque, la realidad fiscal del país presenta obstáculos significativos. Existe una inflexibilidad histórica para discutir reformas tributarias que integren verdaderamente la política fiscal al derecho presupuestario, donde el gasto del Estado, su operación, sus inversiones, su endeudamiento y sus ingresos se analicen de forma conjunta y coherente. Esa es la meta ideal, pero alcanzarla requiere madurez política, conocimiento técnico y voluntad de abandonar

las banderías partidarias.

Lo cierto es que, aunque el ideal es el planteado, hoy seguimos siendo una democracia donde los actores principales siguen siendo "pegadores de banderas" a todo acto. En el cumplimiento de sus deberes, inclusive los de mandato constitucional, se esgrimen no en relación con los intereses nacionales, sino en la corroída visión cortoplacista, desligada de los más auténticos valores y necesidades de la sociedad en su conjunto.

La reforma fiscal que habrá que discutir, en sentido contrario a lo que hemos venido indicando, deberá aumentar los ingresos tributarios con propuestas que se hacen sonar como un aumento a la tarifa del IVA, una valoración de la bondad del gasto fiscal que provocan las exenciones y la globalización de las rentas de la que venimos hablando desde hace ocho años.

Quizá conviene que la próxima Asamblea Legislativa reconsidere, en el marco global de la economía de guerra en la que nos encontramos, la opción de archivar ese expediente. Debería hacerse una propuesta más acorde a los objetivos de protección de las unidades generadoras de riqueza y fomento del empleo, la innovación y la expansión de la actividad económica, entre otros, por más avanzada que esté la larga

discusión del añejo proyecto.