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Ejecutivo prepara cambios en ministerios e instituciones autónomas para febrero
Plan de reforma estatal se avecina

• Modernización de aparato burocrático requerirá normas constitucionales nuevas que se discutirán el próximo año
• Actualmente el 35% del Producto Interno Bruto es consumido por el gasto público

Carlos Jesús Mora
[email protected]  

El 2008 traerá vientos de cambio en la gestión pública.
A inicios de febrero los ministerios y demás instancias suscritas al Poder Ejecutivo serían sometidas a un proceso de reforma estatal que se ha venido desarrollando desde mayo.
Hasta el momento el Gobierno prefiere mantener en secreto las reformas que se aplicarán a los distintos entes a partir de febrero.
No obstante las reformas abordarían temas como el empleo, la organización administrativa pública y la planificación y control del sector público, confirmó Roberto Gallardo, ministro de Planificación.
“Estos han sido los ejes en los que ha trabajado una comisión que estudia la reforma al Estado; lo que queremos demostrar es que en el Poder Ejecutivo estamos dispuestos a ser los primeros a someternos a este cambio que tanto precisa el país”, afirmó Gallardo.
Las primeras medidas no perseguirán la disminución de puestos de trabajo en el sector público, ni la eliminación de instancias, a pesar de que en los últimos años se ha determinado que el crecimiento del aparato estatal no responde a las necesidades de la población y que su función consume el 35% del Producto Interno Bruto del país.
En ese sentido, de 1980 a la fecha se han creado 113 instituciones públicas, según revela un estudio elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional.
Los resultados de las modificaciones que se implementarán a partir de febrero serán graduales. “Esto es un primer paso, sabiendo que quedan cosas pendientes y que necesitarán el apoyo de la Asamblea Legislativa”, añadió Gallardo.
Un mes después de implementarse estas medidas, la misma comisión que elaboró las reformas que se implementarán a lo interno del Ejecutivo iniciarán un proceso de estudio para proponer las reformas constitucionales que se requieren para la modernización del aparato burocrático, para lo cual se tendrá que tomar en cuenta la opinión de los Poderes Legislativo y Judicial.

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